Por Sebastián Escobar F.Contraloría aprueba la Megarreforma del Gobierno, pero advierte problemas en algunas normas
La Contraloría General de la República dio curso al decreto promulgatorio de la Ley correspondiente al proyecto de Megarreforma del Gobierno. El organismo verificó que el texto coincide con lo aprobado por el Congreso y se ajusta a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, aunque formuló observaciones sobre algunas disposiciones.
La Contraloría General de la República dio curso al decreto promulgatorio de la Ley N° 21.850, correspondiente al proyecto de Megarreforma del Gobierno.
En un oficio publicado ayer viernes, el organismo señaló que el texto remitido se ajusta al oficio de ley despachado por el Congreso Nacional, por lo que resolvió continuar con su tramitación.
La Contraloría explicó que, en este tipo de procedimientos, su revisión consiste principalmente en comprobar que el decreto haya sido dictado por la autoridad competente y que el texto que se promulga corresponda fielmente al aprobado por el Congreso. Cuando existe un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional, además debe constatar que el texto se ajuste a sus resoluciones.
En este caso, el organismo no constató diferencias entre el texto de la ley, lo despachado por el Congreso y las sentencias dictadas previamente por el Tribunal Constitucional.

Contraloría formuló observaciones
Pese a dar curso al decreto, la Contraloría realizó alcances respecto de algunas formulaciones que permanecen vinculadas a normas que habían sido declaradas inconstitucionales durante la tramitación del proyecto.
Entre ellas aparecen materias relacionadas con un procedimiento indemnizatorio y referencias a un tribunal arbitral que, de acuerdo con el documento, ya no existe dentro de ese mecanismo.
Sin embargo, el organismo concluyó que, debido a que el decreto promulgatorio coincide con el texto remitido por el Congreso y se ajusta a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, correspondía darle curso.
Finalmente, la Contraloría sugirió a los órganos colegisladores evaluar una regulación más detallada para evitar que permanezcan disposiciones directamente relacionadas con normas declaradas inconstitucionales.
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