La noche de este jueves la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia de Perú, quien ostentaba un récord de impopularidad del 96%, concluyó abruptamente luego que el Congreso la destituyera en una votación exprés. La razón: su “incapacidad moral permanente” ante un país golpeado por la inseguridad y solo un día después de que una famosa banda de cumbia fuera baleada durante un concierto en el Círculo Militar del distrito limeño de Chorrillos.

El Legislativo peruano aprobó con 122 votos las cuatro mociones de vacancia contra Boluarte por su gestión ante la inseguridad y el crimen organizado. La primera mujer en ocupar el cargo terminó así un mandato marcado por el rechazo popular y la violencia.

A seis meses para las elecciones presidenciales en Perú, las fuerzas conservadoras que sostenían en el poder a Boluarte dejaron en claro su intención de destituirla. Entre los firmantes de las mociones de vacancia se encontraban varios líderes políticos con aspiraciones electorales para los comicios de 2026, como el ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular) o el empresario derechista José Luna.

La tarde del jueves, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular -los principales grupos políticos que protegieron a Boluarte desde el inicio de su mandato en diciembre de 2022- anunciaron que iban a apoyar las mociones para destituir a la mandataria de 63 años, sellando así su destino político.

La presidenta peruana es investigada por la fiscalía, entre otras cosas, por financiamiento ilegal y por abandono de sus funciones. Además, es señalada de enriquecimiento ilícito en el caso “Rolexgate”, una presunta trama de regalos suntuosos, como relojes de lujo, a cambio de favores.

Pero el caso que colmó la paciencia de los peruanos fue el ataque armado sufrido la noche del miércoles por el grupo de cumbia Agua Marina en un concierto en Chorrillos. Se trata de una orquesta emblemática de cumbia que el próximo año cumplirá medio siglo.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos indicó que mantiene abiertas diligencias preliminares por tentativa de homicidio, bajo la titularidad de la fiscal Luz Vargas Salazar. El organismo detalló que cinco personas fueron identificadas como heridas, incluyendo cuatro miembros técnicos y artísticos de Agua Marina y un comerciante del lugar.

Se identificaron aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario, según los peritajes iniciales. El informe atribuye la dirección de los tiros a personas ubicadas fuera del local del evento, quienes habrían disparado por la espalda a las víctimas.

El general de la Policía Nacional del Perú, Felipe Monroy, informó que las primeras investigaciones apuntan a que el ataque fue perpetrado por dos individuos a bordo de una motocicleta en movimiento desde los aledaños del recinto.

La Policía encontró hasta 27 casquillos de bala en el lugar. El general Monroy señaló que serían proyectiles de pistola 9 milímetros Parabellum.

Entre los heridos se encuentran los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes de la propia orquesta. Luis Quiroga permanece hospitalizado en una clínica local, donde se le atiende por tres impactos de bala, uno de ellos en la zona torácica. El equipo médico lo mantiene en estado delicado, aunque estable. Su hermano Manuel Quiroga sufrió una herida superficial que no representa riesgo vital.

Entre las demás víctimas figuran el baterista César Moré y un técnico de sonido del equipo, quienes fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro. La Fiscalía precisó que el quinto afectado, vendedor de bebidas alcohólicas, fue alcanzado por uno de los proyectiles durante el ataque, ampliando así la cantidad inicial de heridos que era de cuatro personas todas vinculadas directamente al elenco artístico, indicó Infobae.

La confirmación del general Felipe Monroy de que los atacantes actuaron desde la parte trasera del escenario y escaparon rápidamente, contribuyó a la percepción de vulnerabilidad ciudadana.

Y es que el atentado a balazos en un evento público reavivó la discusión sobre la inseguridad y la protección de artistas frente a cobros de cupos y extorsiones. Este ataque ocurrió en un contexto en que los ciudadanos y gremios de distintos sectores denuncian el incremento de delitos que afectan la convivencia y el desarrollo de actividades culturales y comerciales.

En paralelo, los ciudadanos expresan preocupación por la percepción de falta de respuestas claras desde las autoridades. La presidenta Dina Boluarte asistió a un acto oficial centrado en supervisión de proyectos de infraestructura, sin mencionar el atentado que impactó a la reconocida agrupación musical. Su silencio frente a este hecho contrastó con la magnitud del ataque y con las demandas de distintos sectores que exigen medidas de protección y seguridad.

Luego de semanas marcadas por asesinatos, un paro de transportistas y la creciente sensación de inseguridad, Boluarte asistió a la actividad oficial. Al cierre de su intervención, hizo un breve comentario sobre la violencia: “La violencia no es buena, venga de donde venga”. Sobre el ataque a Agua Marina no hubo ningún pronunciamiento.

Estanis Mogollón, presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, le dijo a la cadena RPP que el ataque contra Agua Marina en Chorrillos revela que el problema “ya se les escapó de las manos a las autoridades”.

El Ministerio del Interior emitió una “condena enérgica de los hechos de violencia” en Chorrillos" y dijo que la Policía ya trabaja para capturar a los responsables, pero también señaló a los organizadores del evento por no contar con los permisos requeridos y no haber informado a las autoridades de que se iba a celebrar.

A la espera de que la investigación confirme los motivos del ataque, todos los indicios apuntan a que el grupo musical habría sido blanco de las bandas criminales dedicadas a la extorsión que proliferan en Perú en los últimos años, consigna la BBC.

Las encuestas muestran que la delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas y la extorsión a negocios y empresas, en uno de los temas de conversación más habituales.

Las empresas y trabajadores del transporte han sido uno de los blancos más habituales de los grupos criminales dedicados a la extorsión y varios conductores han sido asesinados.

El sector del transporte ha llevado a cabo en las últimas semanas distintas movilizaciones y protestas para exigir soluciones a las autoridades.

El Observatorio del Crimen y la Violencia ha calculado que 180 conductores y cobradores han sido asesinados por resistirse. Pero la extorsión, en general, se ha extendido en todo el país. Según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), hasta el 30 de septiembre se han registrado 18.432 denuncias por extorsión en Perú. Cada día se recibe un promedio de 67,5 reportes.

Pero también ha habido denuncias de que los artistas están siendo víctimas de extorsión.

El pasado marzo, el cantante Paul Flores, integrante del grupo Armonía 10, otra agrupación reconocida de cumbia, murió asesinado después de un concierto en Lima. El autobús en el que viajaba la orquesta fue emboscado por dos motorizados mientras se dirigían a otro concierto, en la capital. Las balas hirieron gravemente a Flores, quien falleció camino al hospital.

Se supo después que los delincuentes se confundieron de objetivo. En realidad, quisieron disparar en contra de otra banda, conformada por músicos que se separaron de Armonía 10.

Lo cierto es que no se trata del único músico que pierde la vida a manos de la delincuencia, señala el diario El País. En junio de 2024, el cantante Jaime Carmona, exvocalista de Los Claveles de la Cumbia, fue ultimado a balazos en un restaurante, en el distrito de Independencia. Meses después, la orquesta Hermanos Guerrero fue baleada por seis delincuentes y una de sus cantantes, Thalía Manrique Castillo, falleció.

En diciembre, la agrupación La Única Tropical también fue el blanco de las balas, en el distrito de Comas. A inicios de septiembre, los chiclayanos de Son del Duke también padecieron un ataque a mano armada.

La incomodidad con el gobierno de Dina Boluarte quedó plasmada en las palabras del artista Dilbert Aguilar. “No hay palabras para describir todo lo que nos está pasando. No solamente a la industria de la música, sino a todo el país. Acá estamos todos metidos en el mismo saco. Hay muchos grupos que pagan cupos, y eso todo el mundo lo sabe. El gobierno tiene todo en sus manos para que esto se solucione. No sé qué esperan para poner mano dura. Ellos saben quiénes son, ellos saben dónde están”, cuestionó.