Emanuela Fronza imparte clases de Derecho Penal Internacional y Europeo, Derecho Penal Internacional y Comparado, y Justicia Penal Internacional en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, en Italia.

Su último libro, Caos. La giustizia internazionale sotto attacco (Laterza, 2025), trata sobre la definición de crímenes internacionales. También publicó un libro sobre el negacionismo histórico y los límites de la libertad de expresión (Memory and Punishment. Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law, Springer, 2018).

Invitada por la Universidad Diego Portales para dictar este martes la conferencia magistral “Genocidio, simbolismo y negacionismo”, como parte de la Cátedra UDP Francisco Muñoz Conde, Fronza analiza en la siguiente entrevista con La Tercera los desafíos del Estado de derecho internacional, la ofensiva de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y las presiones de que enfrentan los países de la región para abandonar este tribunal de justicia internacional que se rige por el Estatuto de Roma.

Su último libro, publicado en 2025, tiene un nombre sugerente: “Caos. La justicia internacional bajo ataque”. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el Estado de derecho internacional? ¿Está en riesgo la estabilidad del sistema global de justicia?

Vivimos actualmente una fase muy diversa de las anteriores, un cambio de época. Desde el origen del sistema de protección de los derechos humanos y de persecución de las violaciones más graves -el ‘pacto’ de Núremberg- conviven dos lógicas irreconciliables: por un lado, la construcción de una justicia internacional (universal); por otro, la Realpolitik, que concibe a las grandes potencias como actores que actúan según la razón de Estado y la lógica de la fuerza.

Durante décadas, la justicia internacional ha sufrido una importante evolución (desde un conjunto de convenciones internacionales hasta la creación de tribunales ad hoc, para llegar finalmente a una Corte Penal Internacional permanente). A pesar de la comisión de violaciones muy graves a los derechos humanos y a pesar de que muchos países no apoyaban este sistema o lo rechazaban abiertamente (piénsese solamente en el hecho de que países como EE.UU., Rusia, China, Israel e India nunca se han adherido al sistema de la CPI), existía un sistema de reglas e instituciones que establecían la prevalencia del derecho sobre la fuerza. En el estado actual estamos en una fase diferente, en la cual toda esta estructura está puesta en discusión.

En los últimos años la CPI ha comenzado a ejercer plenamente su vocación universal -persiguiendo también a dirigentes de grandes potencias, como con las órdenes de captura contra Vladimir Putin y contra Benjamin Netanyahu- y, paradójicamente, a partir de aquel momento la CPI ha estado bajo ataque. Ahí está el salto cualitativo que me preocupa y que quiero señalar: no se trata ya solo de violar las normas y atacar las instituciones, sino de negar abiertamente el propio universo de valores que esas normas expresan. Eso sí pone en riesgo la estabilidad del sistema y, sobre todo, el Estado de derecho internacional en general. Pero no creo que estemos condenados a esa regresión. El papel creciente de potencias medianas, en un escenario que ya no se reduce al bipolarismo, deja abierta la posibilidad de que esta utopía necesaria -la de una justicia internacional, universal- no esté derrotada.

¿Qué le parece la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional? ¿Podrá desmontar “ladrillo a ladrillo” la CPI, como ha planteado el secretario de Estado, Marco Rubio?

Es curioso que use esa metáfora, porque yo cierro el libro que he escrito con Marcello Flores, “CAOS”, con la misma imagen, pero en sentido contrario: escribo que, frente al ataque y la regresión, “tenemos el deber y la alegría de reaccionar y seguir construyendo, ladrillo a ladrillo”. Así que, si se me permite, le devuelvo la metáfora: la pregunta no es si se puede desmontar la Corte ladrillo a ladrillo -evidentemente, con sanciones para los jueces, presión diplomática y el peso de no ser Estados Unidos parte del Estatuto, se puede erosionar mucho-, sino si, del otro lado, hay suficiente voluntad de los Estados de todo el mundo para seguir construyendo y apoyando a la Corte. Las sanciones a jueces y fiscales de la CPI no son un hecho aislado: forman parte de la razón de Estado, que se reivindica hoy de una manera tan manifiesta que hace pocos años hubiera sido impensable.

Kenneth Roth, exdirector ejecutivo de Human Rights Watch, escribió que Trump “quiere que el mundo sea un lugar seguro para los criminales de guerra estadounidenses e israelíes”. ¿Comparte esa afirmación?

Comparto el diagnóstico de fondo, aunque matizaría el énfasis. Las sanciones estadounidenses llegaron precisamente después de que la Corte decidiera investigar los crímenes cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán y emitiera la orden de captura contra Netanyahu y Yoav Gallant (exministro de Defensa israelí), al tiempo que Estados Unidos celebró la independencia de la misma Corte cuando esta emitió la orden de captura contra Putin. Esa asimetría es objetivamente verificable: no es una opinión política, es un patrón de conducta. Ahora bien, yo evitaría reducirlo a una intención personal de “proteger criminales de guerra”: creo que el fenómeno es más estructural. Es el regreso de la razón de Estado como única clave de comprensión de las relaciones internacionales; un regreso que no es exclusivo de un gobierno o de un país, aunque hoy Estados Unidos lo exprese con particular franqueza.

Además de Estados Unidos, ¿ve a otros actores internacionales complotando contra el Estado de derecho internacional?

Lamentablemente, el derecho de los crímenes internacionales es el banco de pruebas de una tendencia más general de ataque a las reglas, a los límites y a aquel “pacto” de Núremberg que ya he mencionado. Por un lado, hay potencias abiertamente hostiles al sistema de protección de los derechos humanos. Por otro lado -y esto es lo que más me preocupa-, existe una tendencia muy difundida a la “desinternacionalización” en países que sí son parte del Estatuto de Roma y que, cuando se ven directa o indirectamente involucrados, cambian de actitud: Francia, Alemania e Italia han declarado que no ejecutarán la orden contra Netanyahu invocando su inmunidad; Hungría directamente se retiró del Estatuto; y en Italia documento el caso Almasri, un ciudadano libio que fue detenido en Italia a raíz de un con pedido de captura de la CPI, fue luego liberado por un tribunal italiano por un tecnicismo procesal, mientras las imágenes de su recibimiento festivo en Trípoli mostraban con toda claridad los verdaderos intereses en juego, ligados a los acuerdos migratorios entre Italia y Libia. Hay varios itinerarios para debilitar el sistema: se puede no cooperar o también salir del sistema, como hicieron Burundi y Filipinas, o como están empezando a hacer varios Estados (Níger, Burkina Faso, Mali, Chad, Venezuela) y otros que van en la misma dirección (quizás Colombia).

Se han propuesto mecanismos como el Estatuto de Bloqueo de la UE para contrarrestar las sanciones a la CPI. ¿Van en la dirección correcta?

En términos generales, cualquier mecanismo diplomático o legal que proteja a quienes trabajan para la Corte de represalias externas va en la dirección correcta, porque responde exactamente al problema que me parece central: la Corte nació estructuralmente frágil, sin la adhesión de las principales potencias, y esa fragilidad se ha visto agravada, no reducida, a medida que empezó a ejercer plenamente su vocación universal de justicia que identifica límites y reglas para todos.

Instrumentos como ese buscan compensar esa asimetría de poder. Sin embargo, el blocking statute es un instrumento concebido para otras razones y que, aun cuando la Unión Europea respondiera de forma política compacta -como es deseable-, podría no funcionar para salvaguardar la independencia de la Corte Penal Internacional. Dicho esto, ningún mecanismo de contramedida sustituye lo esencial: la voluntad política sostenida de los Estados que sí creen en el sistema. Las herramientas jurídicas ayudan, pero no reemplazan esa decisión política de fondo.

¿Cabe algún grado de autocrítica sobre el propio sistema global de justicia ante la falta de resultados en algunos casos emblemáticos?

La crítica más persistente durante décadas ha sido la del doble estándar: durante los primeros 14 años de funcionamiento de la Corte, todas las investigaciones se dirigieron exclusivamente contra países africanos (el primer caso fuera de África fue Georgia, recién en 2016). Es cierto que muchos de esos casos africanos llegaron por autorremisión voluntaria de los propios Estados, pero también es legítimo preguntarse cuánto de esa “voluntad” fue genuina y cuánto fue inducida por la propia fiscalía en busca de lo que llamo, citando las críticas que documento en el libro, “victorias fáciles”.

EE.UU. presiona a sus aliados latinoamericanos para que abandonen la CPI. ¿Cuál debería ser la respuesta de los gobiernos de la región?

Mi posición de fondo es clara: adherirse al Estatuto de Roma nunca fue una pérdida de soberanía, sino una expansión de los espacios jurídicos de la propia soberanía, porque exige que los casos sean juzgados por la propia jurisdicción nacional en lugar de ceder ese espacio a la Corte por defecto. Retirarse del sistema por presión externa invertiría exactamente esa lógica: renunciaría a esa soberanía compartida a cambio de nada.

Además, la propia historia de América Latina muestra que la región ha sido, en más de una ocasión, protagonista activa en la construcción del sistema de persecución de los crímenes internacionales y “laboratorio” para identificar y resolver muchas cuestiones complejas, no solo una destinataria pasiva de sus decisiones. Mi respuesta, entonces, sería que los gobiernos de la región deberían resistir esa presión precisamente apelando a esa misma historia y a su rol: la justicia internacional no es un instrumento impuesto desde afuera, es en buena medida una herramienta que América Latina ayudó a construir y a hacer evolucionar, y a la que recurrió -y sigue recurriendo, como muestra su jurisprudencia actual sobre los crímenes de lesa humanidad y la jurisdicción universal- para resistir las dinámicas de impunidad.

Actualmente no está en juego solo la supervivencia de la Corte Penal Internacional. Lo que está sucediendo revela una alergia a todo control y límite que no sea el que el propio poder ejecutivo se impone a sí mismo. Se trata de un ataque a la idea de imparcialidad de la justicia internacional y nacional: una justicia igual para todos e independiente, que no depende ni de las grandes potencias ni de los países intermedios. Una justicia internacional que debe caminar sobre las piernas de los Estados, pero que es un ente distinto a los Estados. Y precisamente esta autonomía, esta imparcialidad, es lo que los Estados tienden a no aceptar en absoluto, buscando más bien reordenar el mundo según sus propios intereses. Cabe señalar que esto no es propio únicamente del sistema de justicia penal internacional: se observa también, por ejemplo, en el sistema regional de derechos humanos, donde ha habido varios casos de países que no han cumplido con los fallos del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Si la justicia ni siquiera tiene garantizado el automatismo por parte de los Estados en la definición de los crímenes más graves porque estos consideran que pueden negociar la aplicación del derecho internacional en todo momento; y si esto ocurre incluso sobre los principios más profundos y fundacionales del orden jurídico internacional y sobre las violaciones que hieren a toda la humanidad, tenemos un problema muy grave: es toda la estructura del derecho la que se desploma.

El riesgo es que los gobiernos vuelvan a decidir la aplicación o inaplicación de las leyes a su antojo. Si le corresponde al gobierno decidir si la ley se aplica o no como si fuera un mero instrumento a su disposición, se corre el riesgo de la erosión completa del Estado de derecho en beneficio de un ordenamiento suspendible por la autoridad política. Esto significaría la muerte del derecho, tanto interno como internacional. ¿Solo importa el instrumento bélico? ¿Solo importa el uso de la fuerza que aparentemente descuartiza cualquier derecho? Debemos reafirmar el instrumento jurídico, frágil pero necesario si se quiere evitar un colapso de la civilización. Es una batalla que nos pertenece a todos y que debería llevarnos a evitar contraponer o mantener separadas a Europa y América.