El 7 de julio de 2005 comenzó como cualquier otra mañana en Londres: miles de personas usando el metro, con maletines y periódicos en la mano, abriéndose paso en los andenes llenos de gente. Mientras que en la calle, los buses rojos de dos pisos, que también estaban llenos, recorrían la capital británica.

Todo cambió las 8:50 de la mañana, cuando tres explosiones destrozaron la red del metro. El silencio dio paso a gritos, mientras el humo y las llamas llenaban los túneles y los vagones se sumían en la oscuridad.

Casi una hora más tarde, a las 9.47, una cuarta explosión arrancó el techo del bus número 30 estacionado en Tavistock Square, esparciendo escombros por la calle.

Cuatro hombres, que portaban explosivos caseros, habían abordado el sistema de transporte público y llevaron a cabo el acto terrorista más letal en Reino Unido. En los ataques, además de los atacantes, murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas.

Veinte años después, los efectos de ese día aún persisten: en los recuerdos de los sobrevivientes, en el dolor de las familias de las víctimas y en el tejido de la ciudad misma.

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, y los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía, se unieron a los sobrevivientes y a los trabajadores de emergencia en la Catedral de San Pablo para las conmemoraciones de este lunes, junto con el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y la ministra del Interior, Yvette Cooper.

Este aniversario ha hecho que surja la pregunta sobre si Reino Unido es más seguro ahora. En un artículo escrito por Dominic Casciani para la BBC, se señaló que “el Estado británico posee, posiblemente, el conjunto de poderes y herramientas más evolucionado y sofisticado posible para identificar, desbaratar, procesar, prohibir y encarcelar a personas por delitos de terrorismo”.

“Pero, al mismo tiempo, las amenazas que esos poderes están combatiendo hoy son mucho más complejas que en 2005″, admitió. Por lo tanto, 20 años después de los atentados del 7/7, “¿estamos más seguros ahora que entonces?“, se preguntó.

Casciani indicó que en los años siguientes tras el atentado se produjo una enorme inyección de fondos para la lucha contra el terrorismo. Aunque lo más importante es que el MI5 -el servicio de inteligencia de Reino Unido, que principalmente se dedica a la seguridad interna del país-, junto con sus socios de la policía, comenzó a desarrollar un mejor sistema de “triaje” para determinar cuáles de los miles de conspiradores potenciales sobre los que tenían información de inteligencia debían ser priorizados.

Eso ayudó a que la policía se acercara más rápidamente al punto en que podían confiscar pruebas para llevar a alguien a la cárcel.

Esto basado en que previamente a julio de 2005, el cabecilla del ataque, Mohammad Sidique Khan, había sido descartado como prioridad para una investigación más profunda.

Otro cambio, señaló a la BBC Lord Evans, exjefe del MI5, fue que hubo otra mentalidad. “Siempre habíamos sido predominantemente, no exclusivamente, una organización con sede en Londres”, dijo. “Pero cuando se reconoce que los terroristas del 7/7 vinieron de Yorkshire, la amenaza era nacional”.

Necesitábamos una red regional eficaz que trabajara en estrecha colaboración con la policía en las principales ciudades, y esto se aceleró y resultó ser una forma muy eficaz de asegurarnos de averiguar qué sucedía en Manchester, Birmingham o donde fuera, con la misma eficacia que lo habíamos hecho tradicionalmente en Londres, indicó a la BBC.

Luego, en 2006, el Parlamento británico creó un nuevo delito de preparación de actos de terrorismo. Esto significaba que la policía podía intervenir incluso antes de que se concretara el plan del atacante. Ahora solo necesitaban demostrar ante un tribunal que un individuo tenía mentalidad terrorista y estaba tomando medidas para cometer un atentado, cómo investigar objetivos, incluso si su plan no estaba finalizado.

A medida que pasó el tiempo, las células de conspiradores también fueron infiltradas cada vez más por espías que encontraban formas secretas de captar conversaciones sobre planes. Hasta la llegada del auge del autodenominado Estado Islámico.

Ese año, miles de jóvenes radicalizados, hombres y mujeres, acudieron al territorio que el grupo había tomado en Siria e Irak, convencidos de que el movimiento yihadista estaba construyendo un Estado utópico.

Esto desencadenó una oleada de ataques caseros en toda Europa, incluido Reino Unido. Por ello, el gobierno recurrió a otras herramientas para “desbaratar” a los extremistas que regresaban del extranjero, cancelándoles los pasaportes o la ciudadanía.

El primero de varios atentados en 2017 fue perpetrado por un asesino que atropelló a peatones en el puente de Westminster antes de apuñalar mortalmente a un policía a las puertas del Parlamento. Actuó sin previo aviso y aparentemente solo, radicalizándose rápidamente, pasando de la reflexión a la violencia antes de que sus intenciones fueran evidentes para nadie más.

Casciani señaló que “esta violencia improvisada y rápida no dependía de conexiones personales con los titiriteros. Estaba cada vez más vinculada a cómo los extremistas encontraban y absorbían material extremista en internet”.

Ante este escenario, el servicio de seguridad y sus socios, incluido el FBI, crearon equipos de “jugadores de rol en línea”. Se hacían pasar por reclutadores extremistas en grupos de chat para identificar a posibles atacantes y hacerse amigos de ellos.

El sistema Prevent, creado para identificar a posibles extremistas y evitar que apoyaran el terrorismo, tuvo dificultades para conseguir el apoyo público en medio de temores de que se tratara de una red para espiar a la gente, indicó la BBC.

En la actualidad es una herramienta vital y las cifras muestran que, desde 2015, unos 5.000 jóvenes han sido identificados como en riesgo de extremismo y han recibido apoyo, generalmente a través de asesoramiento y tutoría, para no caer en manos de redes terroristas.

Tras el ataque terrorista del Manchester Arena de 2017, en el que murieron 23 personas, incluyendo el perpetrador, la investigación reveló que el MI5 perdió una oportunidad significativa de centrarse en el potencial atacante suicida y detenerlo, pero también mostró cómo se puede explotar la seguridad laxa en las reuniones públicas. Fue así que se creó la Ley Martyn, bautizada así en honor a una de las víctimas.

La legislación, que entrará en vigor dentro de dos años, requiere que los locales tengan un plan de seguridad para ayudar a detener actos de terrorismo en sus instalaciones.

Con el tiempo, los sitios con más de 800 personas necesitarán medidas adicionales como circuitos cerrados de televisión o personal de seguridad, y todos los lugares que puedan albergar a más de 200 personas tendrán que diseñar algún tipo de plan para proteger al público y asegurarse de que su personal sepa cómo actuar en caso de emergencia.

En el O2 Arena de Londres, por ejemplo, el personal procesa a los huéspedes que llegan de forma similar a como lo hacen en un aeropuerto. También hay máquinas disponibles para escanear armas, detalló la BBC.

La subcomisaria adjunta Vicky Evans, actual jefa de la policía antiterrorista, dijo a la BBC que sus oficiales están viendo que los sospechosos son cada vez más jóvenes y que el material violento en internet juega un papel en eso.

En algunos casos los oficiales están tratando de determinar qué hacer con personas inclinadas a la violencia extrema, inspiradas por actos de terrorismo, pero que no tienen una ideología clara.

La policía remite muchos de estos casos complejos al programa de prevención y lucha contra la radicalización para ver si pueden ayudar en ello los mentores especializados.