De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú el próximo domingo y en medio de un ambiente polarizado, las seguridad se tomado el debate en la recta final de la campaña.

En los últimos dos años, la inseguridad ciudadana ha aumentado de manera considerable y el panorama en el país tiene a bandas criminales que exigen dinero a negocios y empresas de zonas populares bajo amenazas de muerte. También, se ha disparado el índice de homicidios. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, en Lima y Callao se registraron 93 asesinatos en el transporte público, especialmente en el sector informal, que representa más del 70% del total.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez ha basado su campaña en proponer una nueva Constitución, descentralizar el país y reducir la pobreza, aunque en intervenciones en medios, ha planteado la reestructuración de la Policía Nacional y la incorporación de rondas campesinas en labores de prevención primaria para combatir el crimen en zonas rurales. Además, de lo que llama aplicar la “muerte civil” de los funcionarios corruptos.

Keiko Fujimori, por su parte, tiene como primer punto de su programa “recuperar el orden ciudadano”, con una propuesta de “mano dura” en la que afirma que combatirá “la extorsión y fortalecerá la presencia del Estado en los barrios y zonas productivas”, señalando que “es clave para recuperar el orden como base para vivir, trabajar, emprender e invertir en el Perú”.

Además, propone incrementar el patrullaje motorizado y aéreo, mediante el uso de drones, con tecnología GPS, la intervención militar y policial en la frontera con Ecuador para el control fronterizo y reducción de crimen organizado, financiar 1.000 patrulleros inteligentes, 10.000 cámaras interconectadas y la construcción de cuatro “megaprisiones” de máxima seguridad, entre otras medidas.

Así, en este contexto, Fuerza Popular planteó revisar las denominadas “leyes procrimen”, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Se trata de unas normativas aprobadas por el Congreso peruano que sus críticos señalan que debilitan las herramientas de investigación y favorecen la impunidad en casos de corrupción y crimen organizado.

Sobre este tema, en el debate del domingo pasado, Roberto Sánchez retó a Keiko Fujimori y le preguntó si está dispuesta a eliminar las leyes procrimen.

El candidato de Juntos por el Perú señaló que existe “corrupción en todos los niveles del Estado” y que es necesario “limpiar la Policía de los malos elementos, recuperarlos profesionalizándolos, poniendo inteligencia para el servicio, así como también, creando una policía de investigaciones del Perú para que sean eficaces, aumentarle su sueldo y pagarle su deuda social de 2%”.

Indicó que si bien la Policía es fundamental para combatir la criminalidad, también es necesario poner atención a la “mafia política congresal”.

“Los partidos políticos que tienen a liderazgos con juicios de cócteles, con juicios de lavado de activos, han decidido tomar la justicia. Todo esto está complicando. ¿Cómo debemos mejorarlo? Yo le reto, ¿está dispuesta la señora Fujimori a derogar las leyes procrímenes? ¿Qué le dice al Perú? Necesitamos recuperar de verdad el sistema de justicia, liderándolo con consecuencia, con acción”, dijo.

En este sentido, el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli, explicó que la propuesta contempla la creación de una comisión técnica sin participación de políticos, encargada de evaluar el impacto de dichas normas.

Explicó que la comisión estaría integrada por representantes de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía Nacional, la Junta Nacional de Justicia y miembros de la sociedad civil, con el objetivo de revisar y evaluar las leyes “procrimen”.

“Nosotros creemos que las leyes no están escritas en piedra y, si hay un pedido para revisarlas, Keiko ya anunció una comisión técnica sin políticos”, señaló Vinelli durante una entrevista en el programa “Las cosas como son” de RPP.

“No queremos que participen congresistas o políticos, sino que técnicamente sean revisadas”, añadió.

Asimismo, indicó que las conclusiones de dicho grupo servirán como base para presentar propuestas legislativas al Congreso.

“Ellos van a arrojar una conclusión y unas recomendaciones y las vamos a tomar íntegramente”, mencionó.

Sobre las muertes ocurridas durante las protestas sociales tras la crisis política de 2022 y 2023, el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular sostuvo que es necesario acelerar las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

“Nosotros lo que estamos proponiendo es apoyar con todo el esfuerzo los recursos que se necesiten para que esas investigaciones avancen y que lleguen a un término de una vez, y que la población sepa finalmente qué es lo que sucedió”, sostuvo.

Al respecto, recordó que una de las propuestas anunciadas por Keiko Fujimori durante el último debate presidencial es la ampliación de las Unidades de Flagrancia, un mecanismo que permite procesar delitos de manera más rápida.

Según Vinelli, actualmente existen 15 unidades completamente equipadas y otras 23 que requieren fortalecimiento.

“Hay un plan para llegar hasta 64. Entonces, hay que construir las otras para que pueda tener la sociedad la justicia para los diferentes delitos que tenemos”, aseguró.

Encuestas y veda electoral

Desde el lunes comenzó la veda electoral, que prohíbe la publicación de encuestas, por lo que no se pueden divulgar sondeos.

La última medición de Ipsos le dio a la candidata de Fuerza Popular un 38% de intención de voto y al aspirante de Juntos por el Perú un 35%.

A fines de abril, Fujimori y Sánchez estaban empatados con 38% cada uno, y a mediados de mayo la lideresa de Fuerza Popular logró una ventaja de cuatro puntos porcentuales sobre el congresista, según los sondeos de la consultora.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra cambios notorios respecto de quienes aún no deciden su voto. El sondeo, realizado del 22 al 26 de mayo, reporta que el porcentaje de indecisos se duplicó, pasando del 13% al 26%, respecto de abril.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recibió el apoyo del excandidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que no la mencionó explícitamente, pero llamó a no votar en blanco ni apoyar a “la izquierda radical”. También fue respaldada por el abogado y columnista Carlos Espá (3,35% de votos en la primera vuelta) y por el exministro Rafael Belaúnde (0,24%).

En tanto, Sánchez, que hace campaña con el sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo, recibió el apoyo del empresario Ricardo Belmont, que alcanzó el 10% de votos en la primera vuelta, del centroizquierdista Alfonso López Chau (7,3%), y de Yonhy Lescano (1,3%).

Mientras que el excandidato de Somos Perú, George Forsyth, confirmó que no votará por Keiko Fujimori porque considera que Fuerza Popular llevó al país a un “caos total”. En su lugar, evalúa las propuestas de Roberto Sánchez. En diálogo con el diario limeño La República, el Secretario Nacional de Asuntos Electorales del partido, Uvaldo Pizarro, destacó que la de Forsyth es una posición personalísima y que aún no han tomado una posición como organización.