La defensa del senador Miguel Ángel Calisto cuestionó el cierre de la investigación en su contra por fraude al Fisco y anunció que prepara un recurso de amparo, acusando que no ha podido conocer nuevos antecedentes entregados por uno de los coimputados en la causa.

El abogado del parlamentario, Nelson Salas Stevens, apuntó al Ministerio Público luego de que la Fiscalía Local de Coyhaique cerrara nuevamente la indagatoria y presentara acusación contra ocho personas por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones.

“No logramos entender la necesidad del Ministerio Público de cerrar esta investigación a toda costa, negando a la defensa la posibilidad de conocer los últimos antecedentes aportados por el coimputado Cárcamo, quien modificó su versión de los hechos, incorporando nuevos antecedentes que perjudicarían al senador Calisto”, sostuvo.

“¿Qué antecedentes aportó? No lo sabemos. ¿Son reales y confiables? Tampoco hemos podido comprobarlo”, agregó.

El abogado afirmó que “el derecho a conocer y examinar los antecedentes de una investigación es una garantía básica de cualquier ciudadano, no un privilegio por tratarse de un senador en ejercicio”.

Salas Stevens señaló además que se encuentran trabajando en un recurso de amparo para resguardar los derechos y garantías de Calisto que, en su opinión, están siendo vulnerados.

La acusación de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado, se concertó con Roland Cárcamo y Carla Graf para obtener recursos mediante un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional. Según el Ministerio Público, el perjuicio fiscal alcanzó los $103.664.697.

La investigación ya había sido cerrada y la Fiscalía había presentado acusación en junio. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó posteriormente su reapertura, a solicitud de la defensa de Calisto, para realizar diligencias específicas, entre ellas declaraciones y peritajes.

Según la Fiscalía, esas diligencias permitieron “corroborar y reforzar” su tesis de que las asesorías parlamentarias supuestamente prestadas por Graf no se realizaron.

Tras concluir nuevamente la investigación, el Ministerio Público presentó acusación y, paralelamente, solicitó el desafuero de Calisto ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con el objetivo de avanzar en el procedimiento en su contra.