La Fiscalía Local de Coyhaique cerró investigación y presentó acusación en contra de ocho personas indagadas por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones, en carácter de reiterado.

Entre los acusados por el delito de fraude al fisco, se encuentra el senador y exdiputado Miguel Ángel Calisto.

Calisto es independiente e integra la bancada de Evópoli en la Cámara Alta y su voto es considerado clave ante el equilibrio existente entre las fuerzas del oficialismo y la oposición en el Senado.

El Ministerio Público desarrolló la indagatoria con apoyo de personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

El monto del perjuicio para el Estado supera los 100 millones de pesos.

En junio, el Ministerio Público ya había presentado acusación, sin embargo la investigación fue reabierta a solicitud de la defensa del senador.

La Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2022, el entonces diputado se concertó con Roland Cárcamo y Carla Graf, para obtener recursos a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originando una pérdida de $103.664.697.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó la reapertura para la práctica de diligencias precisas y determinadas, como la toma de declaraciones y la práctica de peritajes, todas las cuales fueron realizadas por el Ministerio Público dentro del plazo fijado por el tribunal.

Las diligencias de investigación solicitadas por las defensas y realizadas durante el período en que la investigación fue reabierta, permitieron corroborar y reforzar la tesis de la Fiscalía, y que fundamenta la acusación, en cuanto a que las supuestas asesorías parlamentarias prestadas por la coimputada Carla Graf jamás se realizaron, señaló una nota publicada por el Ministerio Público en su web.

En este sentido, ninguno de los testigos a los que se tomó declaración y que considera, entre otros, al jefe de gabinete del senador, su periodista, su secretaria y su chofer en el Congreso, pudieron explicar o detallar cómo, cuándo o de qué forma estas supuestas asesorías se habrían prestado, desconociendo por completo el trabajo que doña Carla Graf habría realizado en favor del parlamentario.

Todos los contratos fueron celebrados entre la Cámara de Diputados y Carla Graf, por instrucciones del entonces diputado Miguel Ángel Calisto, y constituyeron solamente un mecanismo fraudulento para obtener dinero de parte del Fisco de Chile, plante al Fiscalía.

Paralelamente a la presentación de la acusación, y conforme lo dispuesto en el artículo 416 inciso 1º del Código Procesal Penal, estimando el Ministerio Público que procede formular acusación en contra de Calisto, se solicitó el desafuero del senador ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, para que dicho tribunal resuelva que existe mérito suficiente para declarar admisibles los capítulos de la acusación, y que se suspenda la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral, mientras el propio tribunal de alzada no resuelva la solicitud de desafuero.