Gobierno de Macri quiere que mujeres que abortan no vayan a la cárcel

Aborto

Activistas sostienen pañuelos verdes, que simbolizan el movimiento pro aborto. Foto: Reuters

Pese a que se rechazó en el Senado, el debate por la legalización de la interrupción del embarazo continuará en Argentina. Ahora se analiza una reforma al Código Penal.


No hubo ley de aborto en Argentina tras el rechazo al proyecto la madrugada del jueves en el Senado. Sin embargo, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo está lejos de terminar. Tan pronto la balanza comenzó a inclinarse con más fuerza hacia el "no" en la histórica sesión, desde la Casa Rosada anunciaron la inclusión de la despenalización para las mujeres que se realicen un aborto como parte de la reforma al Código Penal, que se presentará el 21 de agosto en el Congreso.

La idea del Ejecutivo, como una alternativa de avance al tratamiento del polémico debate, es que una embarazada que decida interrumpir su gestación de manera voluntaria no vaya a la cárcel. Sin embargo, la despenalización podría originar nuevas controversias, considerando que quedaría a criterio del juez en cada caso.

Pese a todo, desde el Estado seguirán garantizando la prestación de este tipo de procedimientos calificados como no punibles, en casos de violación y riesgo de vida de la madre. Es decir, en todos los otros escenarios, el aborto seguirá siendo un delito.

Posturas y caminos

Además de las diversas opiniones que despertó el rechazo al proyecto que ya tenía media sanción de los diputados en la Cámara Alta, la idea del gobierno que también deberá pasar por el Congreso, ha provocado un nuevo debate.

"No me parece oportuno volver a tocar este tema justo ahora y desde el Ejecutivo", dijo a La Tercera la diputada del PRO, Cornelia Schmidt Liermann, quien agregó: "Quedó afirmado que nadie quiere criminalizar a la mujer que aborta, pero hay que buscar una solución que venga consensuada desde el Congreso".

Por su parte, la diputada Gisela Scaglia, de Cambiemos, explicó que ella votó contra el aborto porque "la vida se defiende". Según la parlamentaria, "no hay que criminalizar a la mujer. Hay que dejar sentado que en casos de riesgos de la vida y violación el protocolo de aborto no punible tiene que se respetado para todas".

Sin embargo, desde los movimientos pro aborto insisten en que más pronto que tarde se convertirá en ley en Argentina. El camino que tienen hasta ahora, es esperar hasta el 1 de marzo de 2019, cuando inicie el nuevo año legislativo. Aunque por los comicios del próximo año el tratamiento podría entramparse y perderse en la agenda política.

Otro de los escenarios que se estipulan, pero que ya fue descartado por el Ejecutivo, es la realización de una consulta pública vinculante, por la que la población decidiría a través de las urnas la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Sobre la idea del gobierno de que las mujeres no sean penalizadas si abortan, el analista político argentino, Julio Burdman, señaló a La Tercera que "no es una solución política al rechazo de la ley por parte del Senado", y agregó: "No va a despertar ningún entusiasmo. Además sería una cosa muy cosmética porque no se trata de incorporar algo desde cero".

¿Qué viene ahora?

El próximo 21 de agosto Mauricio Macri realizará la presentación de la reforma al Código Penal, la que si bien había anunciado a comienzos de año, ahora toma especial relevancia dada la polémica en torno a la interrupción voluntaria del embarazo.

En su tratamiento, el proyecto deberá pasar por ambas Cámaras del Congreso y largas sesiones de debate. Pero tanto medios locales como internacionales hablan de la posible pérdida de respaldo político al no capitalizar una ley que habría sido histórica.

Según lo que propone la Casa Rosada, quedará en manos de un juez evitar las condenas para las mujeres, con penas que hoy van entre uno y tres años de cárcel por realizarse un aborto. En el caso de los médicos, la reforma también contempla modificaciones sobre las sanciones.

De acuerdo con el presidente de la comisión de la reforma, Mariano Borinsky, "se introducen aspectos que se aplican a todos los delitos (...). Es decir, se le podría aplicar a un médico una tarea comunitaria", en vez de ir a la cárcel.

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