Investigadores de Naciones Unidas acusaron este martes a Israel de cometer “genocidio” en Gaza con el objetivo de “destruir al pueblo palestino”, responsabilizando al primer ministro israelí y a otros altos funcionarios de incitación.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI), que no habla en nombre de la ONU y ha enfrentado duras críticas de Israel, determinó que “el genocidio está ocurriendo en Gaza y continúa ocurriendo”, declaró su presidenta, Navi Pillay.

“La responsabilidad recae en el Estado de Israel”.

Israel dijo de inmediato que “rechaza categóricamente” el informe, con el Ministerio de Relaciones Exteriores describiéndolo como “distorsionado y falso” y pidiendo “la abolición inmediata de esta Comisión de Investigación”.

La comisión, encargada de investigar la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel, publicó su último informe casi dos años después de que estallara la guerra en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Ese ataque dejó 1.200 muertos, la mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La campaña de represalia de Israel en Gaza ha causado la muerte de casi 65.000 personas, también en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, que la ONU considera fiables.

La gran mayoría de los gazatíes ha sido desplazada al menos una vez. Actualmente hay nuevos desplazamientos masivos mientras Israel intensifica sus esfuerzos para tomar Gaza capital, donde la ONU ha declarado hambruna total.

La COI concluyó que, desde octubre de 2023, las autoridades y el Ejército israelí han cometido “cuatro de los cinco actos genocidas” recogidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: matar a miembros del grupo, causar daños graves físicos o mentales a miembros del grupo, infligir deliberadamente condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción física del grupo total o parcial, imponer medidas destinadas a impedir nacimientos en el grupo.

“Intención de destruir”

Los investigadores señalaron que declaraciones explícitas de autoridades civiles y militares israelíes, junto con el patrón de actuación de las Fuerzas Armadas, “indican que los actos genocidas fueron cometidos con la intención de destruir… a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo”.

El informe concluyó que el presidente Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant “incitaron a la comisión de genocidio y que las autoridades israelíes no han actuado para castigarlos por esta incitación”.

“La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes de las más altas instancias”, afirmó Pillay, de 83 años, exjueza sudafricana que presidió el tribunal internacional para Ruanda y fue alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

La comisión no es un órgano judicial, pero sus informes pueden ejercer presión diplomática y servir para reunir pruebas que más tarde utilicen los tribunales.

Pillay dijo que la comisión colabora con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Les hemos entregado miles de pruebas”, aseguró.

“Complicidad”

“La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza”, insistió Pillay al presentar su informe final.

“La ausencia de acción para detenerla equivale a complicidad”, advirtió.

Israel ha enfrentado desde el inicio de la guerra acusaciones de genocidio en Gaza de parte de numerosas ONG, expertos independientes de la ONU y tribunales internacionales. Las autoridades israelíes rechazan esas acusaciones.

La propia ONU no ha calificado oficialmente la situación como genocidio, aunque en mayo su jefe humanitario instó a los líderes mundiales a “actuar con decisión para prevenir un genocidio”, y la semana pasada su alto comisionado de derechos humanos denunció la “retórica genocida” israelí.

En enero del año pasado, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel “prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio” en Gaza.

Cuatro meses después, la CPI emitió órdenes internacionales de arresto contra Netanyahu y Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Enfurecida por esa decisión, la administración del presidente estadounidense Donald Trump impuso el mes pasado sanciones a dos jueces y dos fiscales de la CPI, prohibiéndoles ingresar a Estados Unidos y congelando sus bienes en el país.