Islandia, ¿el país más seguro para las mujeres?

La primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, emite su voto en un colegio electoral en Reykjavik. Foto: AP

El país fue demandado ante la Corte Europea de Derechos Humanos por un grupo coordinado por varias ONG, por lo que dicen es un sistema de justicia misógino que viola sistemáticamente los derechos de las víctimas de violencia de género.




Pese a que Islandia es un país reconocido en el mundo por su destacada promoción a la igualdad de género, un grupo de mujeres demandó al Estado ante la Corte Europea de Derechos Humanos, por lo que dicen es un sistema de justicia misógino que viola sistemáticamente los derechos de las víctimas de violencia de género.

La demanda, iniciada en marzo, fue coordinada por varias ONG islandesas, entre ellas Stígamót, una organización sin fines de lucro que hace campaña contra la violencia doméstica y sexual. Su portavoz, Steinunn Guðjónsdóttir, dijo a la cadena CNN que el grupo revisó varios casos recientes de presunta violencia contra mujeres que habían sido desestimados por la policía o los fiscales, y encontró que los derechos de las víctimas supuestamente habían sido violados en varios de ellos.

Guðjónsdóttir señaló que existían varios ejemplos en los que se habían ignorado las pruebas, los plazos de prescripción que expiraban debido a la falta de acción de la policía, la vergüenza de las víctimas y una completa falta de transparencia. Además, indicó que todavía hay una brecha significativa entre la ley y la forma en que se está implementando.

“El sistema judicial considera la violación como un delito muy, muy, muy grave, en términos de castigo, pero no recibe ni la mano de obra ni la atención. Cuando hay un asesinato, lo que ocurre muy raramente en Islandia, toda la fuerza policial va a investigar y es una gran prioridad. Obviamente, ese no es el caso de la violación”, dijo.

Alumnos en el colegio Borgarholtsskoli, en Reykjavik, durante una clase sobre estudios de género, en diciembre de 2017. Foto: AP

La transparencia también es un problema, ya que según la ley islandesa, las víctimas no tienen derecho a ver los archivos de sus casos, lo que significa que no pueden seguir el progreso de una investigación.

Un ejemplo de lo que ocurre en Islandia, es lo que le sucedió a Maria Árnadóttir, quien fue brutalmente golpeada por su novio, quedando no solo con varios moretones, sino que terminó en el hospital con dificultades para respirar. Cuando decidió ir a la policía meses después -entregando fotos de sus heridas, notas médicas, una lista de testigos de la violencia y el abuso psicológico a que fue sometida, así como mensajes de texto de su agresor en los que habría admitido el ataque-, la policía consideró que la evidencia no fue suficiente.

Un año y medio después de haber presentado cargos, Árnadóttir asegura que los agentes le dijeron que el caso se iba a retirar porque no conduciría a una condena. Pero en realidad la policía no entrevistó a los acusados y como resultado, el plazo de prescripción expiró en sus manos, según las autoridades judiciales que luego revisaron el caso, indicó la cadena CNN.

Según un estudio histórico sobre el trauma realizado en 2018, una cuarta parte de las mujeres islandesas ha sufrido violación o intento de violación a lo largo de su vida, y alrededor del 40% ha sido objeto de violencia física o sexual por parte de sus parejas íntimas. Ese número es significativamente más alto que el promedio global: la Organización Mundial de la Salud dice que alrededor del 27% de las mujeres en todo el mundo ha sido víctima de violencia por parte de su pareja.

Cerca de 100 personas se reúnen después de marchar por las calles de Reykjavik en protesta por la violencia de género, en 2017. Foto: AP

Unnur Anna Valdimarsdóttir y Arna Hauksdóttir, autoras de la investigación y especialistas en salud pública y epidemiólogas de la Universidad de Islandia, encuestaron a más de 30.000 personas, casi un tercio de toda la población femenina del país, distribuida en áreas rurales y urbanas, en una muestra representativa de la sociedad islandesa.

“Nos sorprendió bastante la altísima proporción de mujeres que han sufrido violencia física o sexual durante su vida”, dijo Hauksdóttir a CNN. “A la gente le costaba creer que se trataba de cifras reales”, añadió Valdimarsdóttir.

La demanda ha llamado la atención, porque durante 12 años consecutivos Islandia ha sido coronado como el mejor lugar del mundo en igualdad de género por el Foro Económico Mundial. En una columna publicada en 2018, la primera ministra Katrín Jakobsdóttir señala que pese a este logro a nivel mundial, “las desigualdades estructurales aún persisten en el país”. Eso, dijo, se manifestó en el movimiento #MeToo que “expuso el acoso sistemático, la violencia y el sexismo cotidiano al que están sometidas las mujeres en todos los niveles de la sociedad islandesa”. “El movimiento reveló las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres migrantes en un país que a lo largo de la historia ha sido relativamente homogéneo desde el punto de vista étnico”, añadió.

Hasta el día de hoy, el Índice de Brecha de Género no mide la violencia contra la mujer ni tampoco ningún otro índice similar. Sin duda, la violencia es difícil de medir. Los informes policiales solo cuentan la mitad de la historia y las definiciones oficiales y sociales de lo que se considera violencia pueden diferir entre culturas. Sin embargo, algún tipo de comparación sobre las tasas de violencia contra las mujeres, sin duda, presionaría más a los gobiernos para que intensifiquen su labor y eliminen esas persistentes violaciones de derechos humanos”, indicó la premier en la columna del World Economic Forum.

El movimiento de mujeres islandés en las décadas de 1970 y 1980 sentó las bases de las políticas de bienestar. El país tiene leyes de igualdad de remuneración y de antidiscriminación que son líderes en el mundo. Las mujeres ocupan el 47% de los escaños en su Parlamento y constituyen el 46% de los consejos de administración de las empresas islandesas.

El cuidado infantil universal de alta calidad transformó las oportunidades de las mujeres para participar en la economía y en la sociedad en general, así como también la licencia parental compartida bien financiada.

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