Este martes se cumple un mes desde que las fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar en Caracas que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, acusados en Estados Unidos de narcoterrorismo y conspiración transnacional. Desde entonces, Venezuela vive un período de cambios acelerados, incertidumbre y tensiones internas y externas.

Según la revista Le Grand Continent, casi un mes después de la captura de Maduro por parte del Ejército estadounidense, la nueva líder interina del país, Delcy Rodríguez, se encuentra en una “posición delicada”. Mientras la Casa Blanca controla los ingresos petroleros de Venezuela y el secretario de Estado Marco Rubio anuncia que Caracas deberá presentar un “presupuesto” mensual para su aprobación, Rodríguez intenta, en el plano interno, afirmar su control sobre el país.

Tras la operación estadounidense en Venezuela, Rodríguez ha llevado a cabo una serie de cambios en los cargos ministeriales y en el Ejército con el fin de consolidar su poder, colocando a personas de su confianza en puestos clave.

Así, el 7 de enero, cuatro días después del secuestro de Maduro, Rodríguez sustituyó al comandante de la Guardia Presidencial, Javier Marcano Tábata, por Gustavo González López, ahora también responsable del contraespionaje militar. También nombró a Calixto Ortega vicepresidente encargado de Economía, un puesto clave que podría llevarlo a liderar las negociaciones con las empresas estadounidenses que desean invertir en el sector petrolero de Venezuela.

Hannibal Coronado fue sustituido por Freddy Ñáñez en el Ministerio de Ecosocialismo el 16 de enero, y luego destinado al Ministerio de Transporte. Por su parte, el filósofo y columnista Miguel Pérez Pirela fue nombrado ministro de Comunicación, en sustitución de Ñáñez.

Asimismo, destaca la publicación, la presidenta interina sustituyó a los responsables de las bases militares de La Carlota, en Caracas, y El Libertador, en Aragua, las dos más importantes del país, y colocó a personas de confianza en varios puestos clave dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “Estos cambios podrían tener como objetivo evitar filtraciones de información relacionada con el ataque estadounidense, en particular los rumores de traición de responsables políticos o militares”, indicó Le Grand Continent.

Frente a Washington, la nueva dirigente venezolana mantiene una posición equilibrada: no niega el control estadounidense sobre el país y su industria petrolera, pero afirma que controla la situación política del país.

Bajo la presión de Washington, Rodríguez habría liberado a 310 presos políticos desde el 8 de enero hasta el 30 de enero, según la verificación de la ONG Foro Penal. Esa misma entidad, en un boletín del 29 de diciembre, contabilizó 863 personas clasificadas como presas políticas, de las cuales 757 eran hombres y 106 mujeres. El 23 de enero, Delcy Rodríguez informó de la excarcelación de 626 presos políticos. Días atrás, la presidenta interina afirmó que contactaría a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que verifique la lista de los liberados, pero hasta ahora el gobierno no ha difundido un listado oficial con las identidades, indicó CNN.

En el mismo ámbito, la presidenta interina anunció el viernes pasado una “ley de amnistía general”, una medida que podría beneficiar a cientos de presos políticos que aún están privados de su libertad en el país, y también la reconversión de la cárcel El Helicoide.

“Quiero hacer un anuncio para Venezuela, y que también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios”, aseguró Rodríguez el viernes durante la sesión de apertura de las actividades judiciales. “Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general”, dijo la presidenta encargada, y agregó que la medida regiría en casos “desde 1999 al presente”. Quedarían exceptuados de esta ley los procesados “por homicidios, tráfico de droga, corrupción y violación a los derechos humanos”, precisó.

Rodríguez también anunció que El Helicoide, la prisión más temida de Venezuela, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad. “Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, sostuvo.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, dijo en X tras conocerse la noticia que una amnistía “es bienvenida siempre que sus elementos y condiciones incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no se convierta en un manto de impunidad y que contribuya al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política”.

En tanto la organización Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, señaló el viernes que “el anuncio de una amnistía no debe ser concebido, bajo ningún concepto, como un perdón o medida de gracia de parte del Estado”. “Recordamos que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución nacional y en las leyes venezolanas”, indicó en su cuenta de X.

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo el viernes que la ley de amnistía general propuesta por Rodríguez es “producto de la presión real” de Estados Unidos y que espera que se haga realidad.

Asimismo, Machado insistió en que Delcy Rodríguez es “incapaz de liderar la transición política” en Venezuela. “No hay manera de que una persona que ha sido corresponsable de esta tragedia genere confianza o estabilidad. Eso no existe. Delcy Rodríguez es incapaz de generar cualquier tipo de política militar, de seguridad o de ninguna naturaleza que permita una transición”, aseguró.

“Liberar a presos políticos no es un acto de democratización, es un gesto humanitario magnífico, completamente bienvenido. Pero no significa que el régimen esté abriéndose”, afirmó al medio local Efecto Cocuyo el profesor de Ciencias Políticas en Amherst College, Massachusetts, Javier Corrales, quien ha estudiado el proceso político venezolano. A su juicio, el régimen venezolano sigue encajando en la descripción de dictadura.

Hacia la reapertura de embajada de EE.UU.

Si bien Rodríguez declaró en un discurso pronunciado el 25 de enero que estaba “harta de las órdenes que Washington da a los políticos venezolanos”, Laura F. Dogu, la nueva enviada de Estados Unidos a Venezuela, llegó a Caracas el sábado, en un momento en que la administración de Donald Trump busca reabrir la embajada por primera vez en casi siete años.

“Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, ​​dijo Dogu en una publicación en redes sociales. El mensaje incluía dos fotos de la nueva enviada bajando de un avión y caminando por la pista. Dogu es la encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela de Estados Unidos, que tiene su sede en Colombia.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, celebró la llegada de Dogu y dijo en una publicación en redes sociales que le da la bienvenida “como parte de la agenda de trabajo” entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, “orientada a establecer una hoja de ruta para trabajar en asuntos de interés bilateral, así como a abordar y resolver las diferencias existentes a través del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y el derecho internacional”.

A principios de la semana pasada, el Departamento de Estado informó al Congreso que planea utilizar un “enfoque gradual” para reanudar potencialmente los servicios en la embajada, lo que podría incluir la apertura de una instalación temporal. La CIA también está trabajando para establecer una presencia estadounidense permanente en Venezuela, según informó CNN.

Reforma profunda a ley petrolera

La presidenta interina ha liderado iniciativas legislativas de gran calado, sobre todo en el sector energético. El Parlamento venezolano aprobó una reforma profunda a la legislación petrolera, abriendo oportunidades para capital privado y flexibilizando normativas de inversión. Empresas internacionales -especialmente estadounidenses- ven este cambio como una posibilidad de retorno al mercado venezolano, clave para la recuperación económica tras años de caída productiva.

Por ejemplo, la semana pasada, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez, para atraer inversiones extranjeras en medio del nuevo escenario dejado por el ataque militar de EE.UU., que ha puesto al petróleo entre las prioridades de la relación entre Caracas y Washington.

La reforma cambia la ley promulgada originalmente en 2001 y sometida en 2006 a una modificación promovida por Hugo Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera. Tras los cambios aprobados, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento).

“Delcy Rodríguez busca estabilidad política, un interés que coincide con el de Trump para avanzar en planes económicos. Ella está caminando sobre una navaja muy delgada”, comentó Vladimir Villegas, periodista, exdirigente político y constituyente de 1999, en declaraciones a Efecto Cocuyo.

A juicio de Villegas, ahora el oficialismo debe mantener conexión con la base chavista y las Fuerzas Armadas, al tiempo que sostiene una relación pragmática con quien “es el dueño de la caja de machetes”. “El foco hoy está en lo económico, con discusiones sobre la ley de hidrocarburos y expectativas en la población por mejoras concretas. Más urgente es que el venezolano le vea el queso a la tostada en lo económico”, concluye.