La administración de Donald Trump está buscando expandir dramáticamente la capacidad de Estados Unidos para detener a inmigrantes, y para ello se encuentra reclutando al Ejército norteamericano y a la industria penitenciaria privada para reabrir o reutilizar instalaciones cerradas y antiguas, muchas de las cuales han sido acusadas de mala atención.

Así, el presidente Trump anunció durante el fin de semana que quería reabrir y ampliar la Penitenciaría Federal de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, que cerró sus puertas como prisión federal hace 60 años tras albergar a algunos de los criminales más infames de Estados Unidos, como Al Capone y George “Ametralladora” Kelly.

Durante sus 29 años como penitenciaría federal, de 1934 a 1963, Alcatraz se ganó la reputación de ser el último refugio para los reclusos que no podían ser controlados en otras instalaciones, según la Oficina de Prisiones.

La prisión, destaca el organismo, mantenía una población sorprendentemente pequeña, con un promedio de entre 260 y 275 reclusos, menos del 1% de la población carcelaria federal en aquel entonces. Algunos reclusos incluso solicitaron ser trasladados a Alcatraz, atraídos por las condiciones, que incluían celdas individuales.

Pero Alcatraz no es la única cárcel que podría entrar nuevamente en operaciones. Ya desde febrero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que iba reabrir Delaney Hall en Newark, una instalación propiedad del gigante de prisiones privadas GEO Group, que cerró en 2023. Con capacidad para hasta 1.000 detenidos, Delaney Hall se convertiría en el centro de detención del ICE más grande en la Costa Este.

Ese contrato marca el inicio de una ola de expansión propuesta por el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, quien prevé prácticamente duplicar la capacidad de detención del país para albergar al menos a 100.000 inmigrantes que podrían ser deportados. El ICE tenía detenidos a 41.169 personas hasta el 9 de febrero, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (Transactional Records Access Clearinghouse), una organización no partidista de recopilación de datos de la Universidad de Syracuse, citado por el diario The Washington Post.

El periódico indicó que la ampliación del espacio de detención “es clave para cumplir la promesa de campaña de Trump de implementar deportaciones masivas, que enfrenta importantes desafíos logísticos y de personal”. En enero, funcionarios de Trump ordenaron al ICE realizar al menos entre 1.200 y 1.500 arrestos diarios, pero la agencia ha tenido dificultades para aumentar sus cifras. El ICE también necesitaría deportar a más de 2.700 personas al día para alcanzar el millón anual, una cifra que la agencia nunca ha alcanzado en un solo año.

Para lograr el objetivo de Homan de aumentar el espacio de detención, el ICE está trabajando estrechamente con empresas penitenciarias privadas que operan muchos de los 114 centros de detención de la agencia en todo el país, donde la población de detenidos está cerca de alcanzar su capacidad máxima, según informaron ejecutivos de la compañía al diario The Washington Post. Los dos contratistas más grandes, GEO y CoreCivic, poseen en conjunto 16 centros inactivos que, según afirmaron, podrían reabrir en pocos meses si se esfuerzan por contratar y capacitar a miles de empleados.

“El proceso de adquisiciones avanza a una velocidad sin precedentes”, dijo al Post George Zoley, presidente ejecutivo de GEO, en una llamada con analistas de Wall Street el jueves. “Nunca habíamos visto algo así”.

Según The Guardian, los demócratas de California advirtieron que el ICE estaba interesado en reabrir la Institución Correccional Federal (FCI) de Dublín, una prisión de California cerrada el año pasado en medio de escándalos relacionados con abusos sexuales sistemáticos por parte del personal y la preocupación por el moho y el asbesto. El sindicato de funcionarios de prisiones informó -según el diario británico- que recientemente se obligó al personal a realizar trabajos de mantenimiento en Dublín en condiciones peligrosas, aparentemente como preparación para la reapertura. Sin embargo, el ICE y la Oficina Federal de Prisiones (BOP), que administra Dublín, no han hecho comentarios al respecto.

Las comunidades de California, el estado más poblado del país y hogar de casi una cuarta parte de los inmigrantes en Estados Unidos, se han opuesto durante mucho tiempo a los centros de detención del ICE, y actualmente no hay cárceles de la agencia en el estado al norte de Bakersfield en el Valle Central, dijo a The Guardian Susan Beaty, abogada principal de California Collaborative for Immigrant Justice.

En Michigan, en el condado rural de Lake, el Centro Correccional North Lake, que estaba desocupado, se está reabriendo como el centro de detención de inmigrantes más grande del Medio Oeste. GEO Group, una empresa privada de prisiones, anunció el mes pasado un contrato federal para reactivar el centro de Baldwin.

Se trata de uno de varios acuerdos recientes que el gobierno federal ha alcanzado con empresas penitenciarias con fines de lucro para reabrir instalaciones cerradas, algunas acusadas de negligencia o condiciones inseguras, bajo el esfuerzo de la administración Trump de deportar a un gran número de inmigrantes indocumentados.

Cuando esté abierto, North Lake promete ser un beneficio económico para el condado de Lake, como el mayor empleador y contribuyente en uno de los condados más pobres de Michigan. Pero debido a que la prisión ha abierto y cerrado cuatro veces, la comunidad sigue escéptica de que esta vez sea diferente, indicó el portal MLive.

El director interino del ICE, Todd Lyons, dijo al portal en marzo que la agencia necesita “mejorar en tratar esto como un negocio” al agilizar el sistema de deportación para que sea “como Amazon, tratando de entregar su producto en 24 horas”.

Pero el aumento de las detenciones ha puesto a prueba la capacidad del ICE, con casi 48.000 personas bajo custodia el mes pasado.

La administración ahora está planeando gastar 45 mil millones de dólares –más del cuádruple del presupuesto actual del ICE– en aumentar las camas de detención de 41.500 a 100.000 para cumplir el objetivo de “expulsar a un millón” de personas al año.

Y las empresas penitenciarias con fines de lucro están sacando provecho de ello. George Zoley, presidente ejecutivo de GEO, calificó los planes de Trump como una “oportunidad sin precedentes” para la empresa. Damon Hiniger, director ejecutivo de CoreCivic, afirmó que este es “uno de los períodos más emocionantes” de sus 32 años de carrera, que impulsará “quizás el crecimiento más significativo” en la historia de la empresa de prisiones privadas.

En Newark, Nueva Jersey, Geo Group reabrió recientemente las instalaciones cerradas de Delaney Hall para detenidos inmigrantes. El alcalde Ras Baraka dijo que el ICE renovó Delaney Hall sin los permisos de trabajo, las inspecciones y el certificado de ocupación adecuados, lo que plantea riesgos de seguridad. Ante esto, presentó una denuncia ante el tribunal del condado.

“Vamos a oponernos a esto con todas nuestras fuerzas, usando la letra de la ley para hacerlo. Obviamente, no están escuchando la ley, no están escuchando a la Corte Suprema, no están escuchando al tribunal federal ni al tribunal superior de Nueva Jersey. Nos pone en una situación precaria”, dijo Baraka en el portal de ABC.

En Leavenworth, Kansas, CoreCivic trabaja para reabrir un centro de detención migratoria cerrado en 2021 durante el gobierno de Joe Biden. La propuesta para el Centro de Recepción Regional del Medio Oeste (MRRC) ha generado críticas por parte de la ciudad de Leavenworth, que demandó a CoreCivic en marzo, alegando que la empresa no ha seguido los protocolos adecuados para la tramitación de permisos, indicó The Guardian.

Los planes de reapertura de centros penitenciarios están impulsados por la creencia de que el Congreso está dispuesto a aprobar un aumento sin precedentes en el financiamiento del ICE y otras medidas de seguridad fronteriza, sostuvo de The Washington Post.

A comienzos de año, los republicanos del Senado aprobaron un proyecto de ley presupuestario que destinaría 175 mil millones de dólares a la seguridad fronteriza y el control de la inmigración. Esto equivale a casi el triple del presupuesto anual del Departamento de Seguridad Nacional, de aproximadamente 60 mil millones de dólares, incluyendo aproximadamente 9 mil millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).