Poder Judicial de Perú decreta siete días de detención para expresidente Castillo por presunto delito de rebelión

Tras la detención del expresidente Pedro Castillo, esta tarde el Poder Judicial de Perú decretó siete días de detención preliminar para el destituido exmandatario, quien es acusado por el Ministerio Público de los delitos de rebelión y conspiración por “alterar el orden constitucional”

La decisión fue comunicada tras una audiencia citada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, donde se evaluó el requerimiento de la fiscalía para detener por flagrancia al expresidente.

En la audiencia, el fiscal adjunto Marco Huamán había solicitado justamente una detención preliminar por siete días en contra de Pedro Castillo en la investigación por la presunta comisión del delito de rebelión.

Finalmente, el Juez Supremo Juan Carlos Checkley acogió la petición del ente persecutor peruano.

Según se lee en el fallo, el magistrado declaró la legalidad de la detención en flagrancia ejecutada ayer por la policía peruana y dispuso que Castillo continúe detenido preliminarmente hasta el martes 13 de diciembre.

Luego de la destitución de Pedro Castillo por el Congreso, ayer la fiscalía de Perú determinó iniciar una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de rebelión y ordenó la detención del expresidente.

En la instancia, además, se confirmó que el expresidente Castillo fue detenido por la policía peruana cuando se dirigía a la embajada de México en Perú.

“Estando en libertad, el señor Pedro Castillo podría comunicarse con personas a efectos de que oculten o destruyan elementos de convicción e impida la averiguación de la verdad sobre los hechos que se le imputan”, señaló en la audiencia el fiscal Huamán.

Sobre la imputación que hace el Ministerio Público, el persecutor apuntó que la “rebelión es un delito de peligro, no se requiere que se logre el objetivo, no se requiere deponer al gobierno e instaurar el gobierno de facto, no se requiere el éxito de la rebelión para consumar este delito”.

De acuerdo a informaciones entregadas por la emisora RPP, el Ministerio Público dispuso la realización de diligencias preliminares contra el destituido gobernante, en su condición de Presidente, por la presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado.

En las horas previas, el Ministerio Público ordenó la detención de Pedro Castillo por este delito, regulado en el artículo 346 del Código Penal, acusado de quebrantar el orden constitucional del país tras anunciar la disolución del Congreso.

La detención se llevó a cabo en la Prefectura de Lima y fue supervisada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Estuvieron a cargo del procedimiento de detención, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación; y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder.

Como parte de la diligencia, se dispuso realizar al detenido el reconocimiento médico legal sobre su estado de salud actual, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

En horas de la noche de este miércoles se conoció que el expresidente Pedro Castillo fue trasladado a una sede policial en Lima, lugar en el que se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori.

Castillo fue llevado inicialmente al Cuartel policial de Los Cibeles, en el Rímac, donde fue subido a un helicóptero con destino a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en el distrito de Ate, en la capital peruana.

Fuentes policiales indicaron que tras ser capturado en flagrancia, Castillo estará detenido por 48 horas en ese recinto policial.

Mientras que en horas de esta tarde, la fiscal nacional de Perú, Patricia Benavides, tomó la declaración de expresidente Pedro Castillo. Hasta el mismo Diroes llegó la persecutora para cumplir con la diligencia investigativa, que se enmarca en la acusación que planteó la propia fiscalía en contra de Castillo.