El procurador general de Argentina, Eduardo Casal, pidió el jueves condenar a Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión por corrupción, en el caso llamado “Vialidad”.

En su petición ante la Corte Suprema de Justicia, Casal respaldó así la apelación del fiscal Mario Villar, quien recurrió en queja ante el máximo tribunal para que se duplique la condena impuesta a la exmandataria trasandina.

Villar y ahora también Casal reclaman que se revoque su absolución por asociación ilícita y también se la condene por este delito. Así debería cumplir el doble del tiempo en prisión.

Cristina Kirchner está condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en un veredicto que está confirmado por la Cámara Federal de Casación.

Se trata de la causa que investigó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Presunta asociación ilícita

El procurador respaldó la apelación del fiscal general, Mario Villar, que también había solicitado al máximo tribunal que agregue el cargo de asociación ilícita. Según Casal, las irregularidades detectadas en medio centenar de obras públicas muestran que se realizaron adjudicaciones fraudulentas como parte “de un esquema comprobado de corrupción”, según el reporte del diario ‘Página12′.

El cálculo judicial del desfalco ascendió a 84.800 millones de pesos, unos 74 millones de dólares al tipo de cambio actual. Báez se quedó con nueve de cada diez licitaciones viales en Santa Cruz, la mitad de las cuales dejó sin terminar pese a haberlas cobrado.

El año pasado, la Corte de Apelaciones ratificó la condena a seis años de cárcel contra la expresidenta y volvió a descartar la existencia de una asociación ilícita.

La Corte Suprema de Justicia debe resolver si deja firme la condena contra Cristina Kirchner o si acepta el planteo de Casal y le encarga a la Cámara de Casación un nuevo fallo, que podría duplicar la pena y ratificar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.