A menos de una semana de que se realice la segunda vuelta presidencial, el partido Juntos Por el Perú de Roberto Sánchez presentó un nuevo plan de gobierno con el que intenta apaciguar los resquemores que pueda presentar su candidatura y plantea reformas en el área económica, de infraestructura y servicios básicos, social, cultural-ambiental e internacional, además de medidas para el fortalecimiento del Estado.

Llamado “Programa de Gobierno de Segunda Vuelta de Juntos por el Perú: Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo con Equidad de la Nación Peruana 2026-2031”, contiene 114 páginas, 22 más que la propuesta original, presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Al ser consultado, durante la presentación del programa, qué garantizaría que no vuelva a cambiar de programa en caso llegar a Palacio de Gobierno, el candidato izquierdista no respondió directamente y dijo que “esta es la oferta, el programa de consenso”, “el plan con el cual gobernaremos”.

El documento -que ha sido calificado por Sánchez como un programa de “consenso” que incorpora planteamientos de Ahora Nación, Primero la Gente, Obras, Venceremos y otros grupos que respaldan su candidatura en la segunda vuelta electoral- busca marcar distancia de las políticas impulsadas en los últimos años y plantea una mayor participación del Estado en áreas consideradas estratégicas. Entre las medidas destacan cambios en el sistema político, nuevas reglas para actividades extractivas, fortalecimiento de programas sociales y una reforma de la política exterior peruana.

El texto también incorpora iniciativas que han generado debate en campañas anteriores, como el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos, la ratificación del Acuerdo de Escazú, la creación de un servicio civil obligatorio no acuartelado y el impulso de una mayor integración latinoamericana.

Además, el documento propone nuevas instituciones públicas, mecanismos de control estatal sobre recursos estratégicos y medidas dirigidas a los más de tres millones de peruanos que residen fuera del país. El diario La República advirtió que varias de estas iniciativas tendrían que pasar por reformas legales o constitucionales para concretarse.

Uno de los principales ejes del documento, indicó el periódico, es el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza en las instituciones públicas, mediante la mejora de los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas en todos los niveles del Estado.

La propuesta también incluye medidas para reforzar la independencia de organismos de control y justicia. El objetivo es garantizar investigaciones más rápidas y evitar interferencias políticas en procesos relacionados con corrupción o abuso de poder.

En cuanto a la participación ciudadana, el plan contempla ampliar espacios de vigilancia social y fortalecer mecanismos de consulta para que la población tenga mayor incidencia en decisiones públicas de alcance nacional y regional. A diferencia de su primer plan de gobierno, en este nuevo documento no se incluye la propuesta de una Asamblea Constituyente, pero sí se retoma la idea de fortalecer el derecho al referéndum como mecanismo de consulta ciudadana.

Autonomía del Banco Central

En el ámbito económico, Juntos Por el Perú plantea una estrategia orientada a incrementar la participación estatal en sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional. El documento apuesta por impulsar la industrialización y generar mayor valor agregado a los recursos naturales.

Entre las propuestas figura la aplicación de impuestos a las ganancias extraordinarias de actividades extractivas. Parte de esos recursos financiarían programas de restauración ambiental, infraestructura y proyectos de desarrollo en diversas regiones del país.

En materia económica, el nuevo programa señala que respetará la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y que garantizará la continuidad técnica y el cumplimiento de las reglas fiscales.

“El BCR ha sido y será un actor clave en la estabilidad monetaria, que sirve de complemento a la estabilidad fiscal. Por ello, desde el gobierno de Juntos por el Perú salvaguardaremos la autonomía e independencia que el BCRP ha tenido durante más de 30 años”, señala el documento.

El plan promueve el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante créditos, asistencia técnica y acceso a nuevos mercados. También plantea impulsar cadenas productivas vinculadas a la agricultura, manufactura, innovación tecnológica y economía circular.

El documento señala que persisten brechas importantes en el acceso al agua potable, al saneamiento, al transporte y a la conectividad. Por ello, propone una intervención más activa del Estado para ampliar la cobertura de servicios esenciales.

Una de las medidas contempla la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes. La propuesta busca reducir la contaminación de ríos y mejorar la calidad ambiental en zonas urbanas.

Además, plantea fortalecer la infraestructura en zonas rurales y de frontera mediante proyectos ejecutados con apoyo de la ingeniería militar. El objetivo es mejorar carreteras, comunicaciones y acceso a servicios básicos en territorios con menor presencia estatal.

En materia social, el plan propone ampliar la cobertura de salud y fortalecer la atención en zonas vulnerables. También plantea garantizar el cumplimiento de programas dirigidos a poblaciones afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias tóxicas.

Respecto a educación, el plan apuesta por mejorar la formación docente, fortalecer la educación intercultural bilingüe y ampliar programas dirigidos a comunidades indígenas y sectores históricamente excluidos.

El texto también incorpora propuestas relacionadas con la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación. Entre ellas figura la capacitación obligatoria de servidores públicos en derechos humanos y mecanismos para mejorar la atención de denuncias por actos discriminatorios.

Uno de los planteamientos más llamativos es el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos. La propuesta busca otorgar protección especial a ecosistemas, ríos y cuencas, además de priorizar el acceso al agua como derecho humano.

En cultura, el documento plantea crear el Ministerio de las Culturas, impulsar una ley general de la cocina peruana, fortalecer bibliotecas públicas y promover una cuota de pantalla para producciones cinematográficas nacionales con representación regional.

En política exterior, Juntos Por el Perú plantea una estrategia basada en la integración latinoamericana, el fortalecimiento del multilateralismo y la defensa de los derechos humanos. El documento propone reforzar espacios como la CELAC, promover el retorno del Perú a UNASUR y ampliar su presencia en foros del Sur Global.

El plan también incluye medidas vinculadas a la defensa nacional. Entre ellas destacan la desclasificación de información sobre hechos de violencia estatal ocurridos entre 1980 y 2000, así como entre 2022 y 2025, además del fortalecimiento de la ciberdefensa y la modernización de las Fuerzas Armadas.

Para los peruanos residentes en el extranjero, la agrupación propone crear una Ley de Derechos de los Peruanos en el Exterior, implementar un censo de migrantes peruanos, mejorar los servicios consulares y establecer mecanismos públicos para facilitar el envío de remesas mediante el Banco de la Nación.

Nuevas amenazas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que Perú crecerá 2,8% este año e identifica como principales amenazas la incertidumbre política, los conflictos sociales, los eventos climáticos extremos, la inseguridad y la minería ilegal, además de riesgos vinculados a la guerra en Medio Oriente y las tensiones comerciales.

A días de conocerse al noveno presidente del Perú en 10 años entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el FMI advirtió en un análisis revisado por la cadena RPP que la economía peruana enfrenta al menos nueve riesgos relevantes que podrían afectar su crecimiento en los próximos años y que el nuevo gobernante tendrá en carpeta, a pesar de los sólidos fundamentos macroeconómicos.

En su evaluación de la economía peruana, el organismo multilateral proyectó que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 2,8% en 2026 impulsado por el mercado laboral, el aumento de los ingresos reales, los altos precios de los metales y una recuperación gradual del crédito.

Sin embargo, a su juicio, el balance de riesgos para las perspectivas económicas continúa inclinado a la baja. Entre las principales amenazas internas identificadas por el Fondo Monetario Internacional figura la incertidumbre política.

Según el organismo, la persistencia de la polarización y la fragmentación política podría afectar la confianza de consumidores e inversionistas, limitando el crecimiento potencial del país.

El FMI también alertó sobre el riesgo de malestar social derivado de una eventual desaceleración económica o del deterioro de la seguridad ciudadana. De acuerdo con su análisis, los conflictos sociales podrían erosionar la confianza empresarial, desalentar nuevas inversiones y generar salidas de capitales.

Además, advirtió que Perú continúa siendo altamente vulnerable a fenómenos climáticos extremos, como los asociados al fenómeno de El Niño. Estos eventos podrían provocar daños en infraestructura, afectar la agricultura y generar elevados costos económicos y fiscales.

La inseguridad ciudadana y la expansión de la minería ilegal también aparecen entre las principales preocupaciones de la institución financiera global.