Este miércoles el Presidente Gabriel Boric presentará formalmente la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, instrumento de planificación que el gobierno incluyó en la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública que encabeza el ministro Luis Cordero.

A menos de cinco meses de entregar el mando, la administración del frenteamplista presentará su propuesta de gestión de seguridad. La última estrategia nacional sobre la materia data de 2004.

La idea de presentar un nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública se viene evaluando desde el inicios del gobierno. La duda que hoy se instala es la capacidad operativa de esta administración de dejar funcionando sus anuncios, sobre todo en un marco de recortes fiscales que han llevado a hacer severos ajustes como el que se propone para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado que se reduciría en un 31,7%.

En junio de 2022 se discutió por primera vez la necesidad de establecer un marco estratégico de seguridad. De la mano de la gestión de la exministra Izkia Siches, quien junto al Presidente lideró los primeros consejos de seguridad se presentaron 33 medidas que originalmente serían consensuadas con la derecha.

En octubre de ese mismo año su sucesora en el puesto, Carolina Tohá, instruyó avanzar en la construcción de la política como se le conoce hoy.

En ese momento se destacaba que desde 2004 que no se contaba con un insumo de estas características, y aunque en junio de 2024 la misma Tohá aseguró que se estaban afinando los últimos detalles -pues en enero se habían entregado los borradores a las instituciones involucradas-, las labores culminaron recientemente y se fijó el anuncio para este miércoles 22 de octubre.

Y es que como explican desde La Moneda, es justamente la ley que crea el nuevo ministerio la que fija los requisitos respecto a la estructura y contenidos de la Política Nacional, por lo que el plan inicialmente propuesto debía actualizarse y ajustarse a dichos parámetros, trabajo al cual estuvo abocado un equipo técnico de la cartera. Esto, dicen desde el gobierno, para asegurar la coherencia. Asimismo, recalcan, resultó necesario un nuevo proceso de consulta con los integrantes de los consejos nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito.

Pese a dichos planteamientos, desde el Congreso miran con distancia el anuncio y remarcan que probablemente no seguirá vigente una vez que asuma el próximo gobierno.

“El nuevo Ministerio de Seguridad tiene un deber legal de dictar su Política de Seguridad, pero no hay duda que no estará vigente los 6 años que dispone la ley porque, tal como lo dijo Carolina Tohá, el nuevo gobierno seguramente no hará propios los complejos que tiene el comunismo y el frenteamplismo con el orden y la seguridad”, sostuvo el diputado RN Andrés Longton, integrante de la Comisión de Seguridad.

Su par Jaime Araya (IND-PPD), en tanto, manifestó: “Más vale tarde que nunca, aunque espero que sea un anuncio contundente en materia de medidas y compromiso de recursos, porque medidas sin recursos es una mera declaración y para papel tras papel no tiene mucho sentido. Una Política de Seguridad requiere necesariamente buena financiación”.

Los principios base

Como destacan desde el gobierno, esta política no se trata de lineamientos autoimpuestos por la cartera que hoy está en manos de Cordero, sino que es fruto del trabajo coordinado de distintos ministerios con las diversas instituciones que componen el sistema de seguridad: Carabineros, PDI, Fiscalía, Gendarmería, entre otros.

Así, como primera definición general se acordó que el objetivo de esta políticas es “reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía mediante el establecimiento de lineamientos al Sistema de Seguridad Pública, orientados a fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional en el diseño y la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia”.

Con esto, explican desde el Ejecutivo, no sólo se apunta a la disminución de los delitos, sino que por primera vez el Estado reconoce como fundamental el hacerse cargo de la sensación de temor de la ciudadanía. Principalmente, insisten fuentes oficialistas, porque aunque los delitos disminuyan o se mantengan estables, los hechos que se registran son más violentos y tienen mayor impacto en las comunidades.

¿El diagnóstico base? Conforme los detalles recabados por La Tercera, que existe un aumento de la violencia delictual y de los niveles de temor al delito; que hay un incremento de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos como también victimarios; que hay una percepción distinta de los delitos en mujeres; que hay una concentración territorial de ciertos delitos; que el crimen organizado ciertamente se ha expandido; que ha existido aumento de personas privadas de libertad; y que hay un rezago del Estado en materia de seguridad y que, por tanto, se debe profundizar el fortalecimiento institucional.

La misma política, además, establece que cada dos años se deberá elaborar una estrategia que oriente al Sistema de Seguridad Pública en la priorización de las líneas de acción definidas por la misma y, al final de cada ciclo se debe realizar una evaluación final. Asimismo, se debe diseñar e implementar un mecanismo permanente de seguimiento, evaluación y rediseño basado en indicadores y metas.

Ámbito de acción

Según pudo conocer este medio, la Política Nacional de Seguridad Pública define seis ámbitos de acción, cada uno con su objetivo específico y 98 líneas de acción prioritarias.

1. Prevención en niñez, adolescencia y juventud: Se define como clave impedir que menores de edad inicien trayectorias delictivas y también interrumpir la de quienes la hayan iniciado.
2. Prevención territorial: Reducir los delitos y el temor al delito en barrios urbanos, localidades rurales, condominios de vivienda de interés público y espacios públicos, mediante el fortalecimiento de la participación comunitaria y cohesión social y la recuperación, uso y apropiación de los espacios públicos.
3. Control del delito: Fortalecer el orden público, el control de armas, la seguridad fronteriza, la regulación de la seguridad privada y las estrategias específicas para controlar el crimen organizado y los actos terroristas.
4. Persecución penal: Incrementar el esclarecimiento de delitos y la desarticulación de las organizaciones criminales nacionales y transnacionales y los mercados que las sustentan, mediante el fortalecimiento de las capacidades de investigación y la coordinación y colaboración interinstitucional, nacional e internacional.
5. Sanción, cárceles y reinserción social: Reducir la violencia intrapenitenciaria, la reincidencia delictiva y los focos de corrupción en cárceles, mediante un modelo de segmentación carcelaria basado en perfiles criminógenos, el fortalecimiento de programas de reinserción, la modernización de la infraestructura y la desarticulación de organizaciones que operan desde los recintos.
6. Atención y protección a víctimas: Mejorar la atención oportuna y la protección a las personas víctimas de delitos, mediante la atención especializada y el acceso a información sobre el desarrollo de los procesos judiciales en los que participan, su protección frente a amenazas o represalias y la promoción de su bienestar personal.