“¿Usted cómo se llama?”, preguntó el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago Ponciano Sallés a una mujer de unos 60 años de origen chino, que ofició como traductora particular por parte de la defensa de los imputados de la mafia china que operaba en barrio Meiggs.

La mujer dice su nombre, pero con tal velocidad y complejidad que obligó al juez a buscar una alternativa: “¿Pero cómo le puedo decir?”. “Para facilitar la comunicación, me puede llamar Nieves”, respondió la mujer ante la risa de algunos.

Esa fue una de las principales complicaciones que tuvo la audiencia de formalización que se realizó ayer contra 18 personas: 16 chinos, un chileno y una mujer boliviana, en una investigación que está llevando la Fiscalía Centro Norte junto a la PDI contra una agrupación criminal que operaba principalmente en el céntrico barrio comercial de la comuna de Santiago.

De hecho, para facilitar la comprensión de los intervinientes y del propio juez se entregó una lista enumerada donde, para referirse a cada uno de ellos, se les asignó un número. La barrera idiomática llevó a que una vez que el fiscal Alfredo Cerri y el abogado asistente Cristián Soto terminaran con la lectura de hechos, la traductora leyera el mismo texto, traduciéndolo al instante, pero extendiendo la audiencia más de lo común. “De buena fe confiamos en lo que está leyendo, porque nadie va a poder rebatirle”, le advirtió el juez a la mujer china.

En la exposición de los hechos, el fiscal relató que la agrupación realizaba diversos delitos, como asociación ilícita, secuestros extorsivos, tráfico de droga, soborno y lavado de dinero, teniendo registrado en 2023 el primero de los raptos.

Ese hecho, donde la víctima fue un comerciante chino de Copiapó, abrió la investigación de PDI y el Ministerio Público. La víctima y su familia se mudaron a Santiago, pero los imputados continuaron con su persecución y cobros extorsivos. Solo en dos meses tuvo que realizar pagos por un total de $ 6 millones.

Quien actuaba como coordinador de los distintos brazos armados fue identificado por los investigadores como Huan Tao, quien adoptó el nombre de Víctor Tao.

Tanto los dineros que provenían de los secuestros como del tráfico de drogas, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, era lavado en empresas de fachada que mantenían los imputados. Para ello realizaron la adquisición de bienes inmuebles, creaban sociedades y registraban empresas gastronómicas, que en realidad no existían. En esas operaciones quien más realizaba actividades era Qian Chen, mujer que según el fiscal ofició como testaferro en la compra de varios bienes para Tao. Este sujeto, además, coordinaba el tráfico de sustancias ilícitas que también incluía la metanfetamina.

El giro delictual cambió este año. El 13 de febrero secuestraron a un empresario chileno que se dedica al rubro de las cerezas, a quien le cobraron una suma de dinero para su liberación. Fue el hijo del secuestrado quien hizo la denuncia, luego de ser testigo de que su padre se había reunido en su oficina con unos chinos que le parecieron de apariencia extraña.

La víctima, quien fue trasladada hasta un inmueble de calle Toesca, alcanzó a mandar un mensaje que decía “secuestrado” a su hijo. Por esa investigación dos sujetos fueron detenidos, quienes hoy se encuentran en prisión preventiva.

Sin embargo, tras revisar las cámaras, los investigadores detectaron nuevas pistas que condujeron a Tao. Allí estaba el presunto líder de la mafia china. Asimismo, en su declaración, el empresario chileno reconoció a Huan Tao como uno de los captores. Habría sido Tao quien daba instrucciones y lideraba el acto. Lo reconoció por un brazalete dorado que solía portar.

El rol del carabinero y reuniones en un restaurante

Fue revisando teléfonos celulares de imputados chinos que los investigadores dieron con que un carabinero estaba siendo parte de la agrupación. El contacto de Gonzalo Hernández Salinas fue encontrado en varios teléfonos de los chinos, incluso en el del líder, Huan “Víctor” Tao.

Hernández sería quien avisaba por WhatsApp a los imputados respecto de fiscalizaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos en Meiggs. Los primeros diálogos datan de julio de 2024. “Tenía un conocimiento privilegiado en ciertas operaciones que estaban realizando los distintos fiscalizadores para evitar que fueran descubiertos”, dijo el fiscal. Allí también se dio cuenta de que el uniformado pedía que las conversaciones fueran borradas.

Un testigo reservado señaló haber presenciado las acciones de Hernández. “Mantengo conocimiento de un carabinero el cual sé que es de apellido Hernández y que estaría trabajando con Huan Tao. La primera vez que lo vi fue en 2020 en San Alfonso entregando droga, armas y especies de valor a Huan Tao, quien le pagaba en efectivo en el mismo lugar”, declaró el testigo bajo reserva de su identidad. Allí le habría entregado marihuana de tipo creepy.

Por cada uno de esos hechos, el uniformado, que fue dado de baja de la institución, habría cobrado $ 200 mil.

A la usanza de cintas sobre la mafia, los sujetos se reunían en un restaurante de comida china ubicado en calle Echaurren. En ese lugar, según el persecutor, coordinaban sus operaciones. “Es concordante con la hipótesis de restaurantes como lugares de reuniones de la mafia”, comentó el persecutor. Allí encontraron droga y dinero. El fiscal pidió la prisión preventiva para 17 de los 18 imputados.

El tribunal dispuso la prisión preventiva para 17 imputados. De ese grupo, 10 de ellos quedaron con esa cautelar por peligro de fuga y siete por peligro para la seguridad de la sociedad. Respecto de los 10, podrán sustituir su reclusión luego de pagar una caución de $7 millones. Una vez que paguen, podrán quedar con arresto nocturno, firma quincenal y arraigo nacional. El último imputado, el número 18, quedó con firma quincenal y arraigo. El magistrado fijó en seis meses el plazo de investigación.