Cuando la Policía de Investigaciones encontró el vehículo robado de Michael Peñaloza, ingeniero asesinado por atropello el 19 de agosto afuera de su domicilio en Curacaví, los detectives recogieron pistas clave para identificar a la banda que cometió el crimen que conmocionó a esa comuna a inicios de la semana pasada.

Fue así como, durante la noche y madrugada del sábado, los detectives de la Brigada de Robos Occidente trabajaron en varios allanamientos en esa comuna con el fin de dar con los responsables del hecho. Los policías detuvieron a dos sujetos, entre ellos quien sería el autor material del crimen; vale decir, quien condujo la camioneta robada y que terminó arrollando a la víctima.

Fuentes de este medio comentan que un tercer sujeto, enterado de estos allanamientos, “asustado por la inminente detención”, comentó a su familia del caso en que estaba involucrado. Su madre llamó directamente al alcalde Christian Hernández, a quien conocía. El jefe comunal se apersonó al domicilio del sujeto de 28 años durante la madrugada para “persuadirlo” de que se entregara a la policía.

El propio Hernández, quien reconoció que conocía a esa familia, dijo que llegó hasta esa casa a las 2.00 a.m. El alcalde dijo que el sujeto había participado como “testigo” de los hechos y que, según él, no era “un delincuente profesional”. En ese sentido, el alcalde agregó que el sujeto estaba “muy acongojado” y que “no podía dormir por las noches por el recuerdo de los gritos de esa noche”. “Estaba con mucha pena y arrepentimiento; aun así, no estaba completamente decidido de enfrentar a la justicia”, dijo el alcalde a Mega.

En ese mismo canal el alcalde criticó la investigación, señalando que no estaba avanzando. “Nos queda la impresión de que las acciones de la investigación no dieron resultado, fue el propio imputado el que termina entregándonos antecedentes. Creo que ha sido la búsqueda de la comunidad, la información que la propia comunidad ha ido entregando (la que arrojó resultados)”, dijo.

Fue llevado hasta una comisaría de Carabineros en el propio auto del alcalde. Fuentes de la investigación cuestionaron esto mismo, ya que el alcalde tenía conocimiento de que el caso era seguido por la PDI y no por Carabineros.

El rol del alcalde no cayó bien en la policía civil y tampoco en el fiscal regional Occidente Marco Pastén.

Una banda de chilenos

Cinco sujetos sería la totalidad de la banda que entró a robar a la casa de Peñaloza en la parcela de Curacaví, explicaron las autoridades. Antes del mediodía, el fiscal Pastén; el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y el prefecto Marco Ramírez, jefe nacional contra robos y focos criminales, entregaron información de los tres detenidos. Horas más tarde, la fiscalía informó que los otros dos sujetos se habían entregado en la 63.a Comisaría de Carabineros.

Los detenidos fueron identificados como Esabu Muñoz Escobar, José Contreras Escobar, Vicente Higuera Muñoz, Matías Tapia Adasme y Kevin Aguilar Tapia. Todos registran domicilio en María Pinto, salvo Contreras Escobar.

Todos los implicados serían una banda dedicada al robo de casas y operarían entre las comunas de Curacaví y María Pinto. Mantenían esta “especialidad” hace algún tiempo, dijo el detective. El primer detenido, dijo el prefecto Ramírez, fue el conductor del vehículo robado. La banda está compuesta por sujetos chilenos y cuentan con antecedentes por amenazas o por infracción a la Ley de Drogas.

Pastén adelantó que serán formalizados por robo con homicidio, robo en lugar habitado, robo frustrado e incendio y por la quema del auto de la víctima. Asimismo, a otro de los sujetos se le imputarán delitos detectados en otros hechos, como receptación y tráfico de drogas.

Este domingo, la detención de los primeros tres fue ampliada y los sujetos serán formalizados el 27 de agosto. En tanto, este lunes se controlará la detención de los últimos dos aprehendidos.

Críticas al alcalde

El fiscal Pastén entregó detalles de la detención junto al jefe nacional de Robos y Análisis, Marcos Ramírez, en una alocución donde también participó el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Allí fue consultado por la acción del alcalde. Según dijo, Hernández no dio aviso a la fiscalía de la detención del sujeto que se entregó a Carabineros. “El actuar conjunto de las policías y del Ministerio Público coordinado con otras instituciones ha dado buenos resultados. Pero es muy relevante que ese trabajo debe ser en el ámbito de sus competencias”, dijo el persecutor.

El fiscal apuntaba así a varias diligencias que habría hecho el municipio, reconocidas por el propio alcalde, tales como empadronamiento y revisión de cámaras municipales y vecinales.

“Entendemos el clamor de la comunidad y que muchas veces las municipalidades transportan esta inquietud, pero de ahí a realizar actuaciones que corresponden en forma exclusiva a los órganos competentes, hay que ser extremadamente cuidadoso por los resultados que se puedan producir”, agregó.

Por último, Pastén retrucó los cuestionamientos del alcalde respecto del avance de la investigación. “Nosotros desde el viernes ya teníamos medidas intrusivas respecto de los sujetos que eran de interés. Es importante relevar eso, porque también se dijo que esta actuación de la municipalidad se debía al nulo avance de la investigación. La investigación estaba avanzando, lo que pasa es que las investigaciones son reservadas”.

“No me imagino que su actuación haya sido con intención de obstruir una investigación”, precisó el fiscal.

En la misma línea, el ministro Cordero dijo que “la colaboración del municipio es loable, es una inquietud razonable, pero es conveniente dejar que las instituciones policiales y el Ministerio Público realicen sus labores de acuerdo a los mandatos que ha establecido la Constitución y la ley”.

“Fui testigo directo de la situación de angustia que él (el alcalde) enfrentaba para darles respuesta a sus vecinos. Pero también es conveniente que los alcaldes y alcaldesas tengan presente que hay límites infranqueables en la ley. Y eso es parte de la Ley de Seguridad Municipal, donde uno de los consensos claros es que los municipios tienen labores preventivas, no tienen labores policiales ni menos aún investigativas”, puntualizó Cordero.

“En ocasiones, la buena voluntad y el propósito de satisfacer ese interés general puede exponer indebidamente a las autoridades públicas, no por una decisión deliberada sino precisamente por los resultados a los cuales ha hecho referencia el fiscal Pastén en una situación irregular”, agregó el secretario de Estado.