El pleno de la Corte de Apelaciones de Chillán aplicó la máxima sanción administrativa; es decir, la suspensión de funciones por cuatro meses, para el juez de policía local de Pemuco, Marcelo Iván Campos Henríquez, actualmente en prisión preventiva, imputado como autor de los delitos consumados de cohecho y violación de secretos, en el denominado caso Luminarias.

Según la fiscalía, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que entre 2016 y 2017, los representantes de la empresa Itelecom, previamente concertados, decidieron como política de la empresa ofrecer sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias led en distintas comunas del país.

En dicho contexto, Marcelo Lefort Hernández, gerente general de la firma, contactó en el primer semestre de 2019 y ofreció dinero a Campos Henríquez y, por su intermedio, a Ricardo Vallejos Palacios, en ese entonces administrador municipal de Chillán, con la intención de favorecer a la empresa en el proceso de licitación de luminarias en la capital de Ñuble. Campos sostuvo reuniones con Lefort Hernández y Pedro Guerra Guerrero -ejecutivo de la compañía- las que, posteriormente, se tradujeron en la adjudicación irregular de la licitación de recambio de luminarias públicas de la ciudad a Itelecom, por un monto de $ 3.200 millones.

El tribunal de alzada, además de la medida cautelar, decidió elevar los antecedentes a la Corte Suprema para que evalúe la remoción de Campos, quien fue detenido el 6 de mayo de 2020 en el marco de la investigación.

En fallo unánime, la Sala de Pleno del tribunal de alzada, integrado por los ministros Guillermo Arcos, Claudio Arias y Paulina Gallardo, aprobó el informe final evacuado por la Fiscalía Judicial y acordó sancionar al juez Campos por faltar gravemente al principio de integridad que debe regir la conducta del cargo de juez de policía local, afectando no solo al tribunal en el cual servía, sino que, además, a la correcta administración de justicia y a la confianza de la ciudadanía en los tribunales.

“Que, a juicio de este Tribunal Pleno, el investigado ha atentado gravemente contra el mencionado principio de integridad, toda vez que no ha mantenido una conducta intachable, conducente a promover la confianza de la comunidad en la justicia. Así, el comportamiento del señor Campos Henríquez –materia de esta investigación administrativa– vulnera el mencionado principio de integridad ya que su actuar no es recto, y además provoca que la comunidad pierda la confianza en la justicia, lo cual le impide desarrollar competentemente la función de juez de la que se halla investido”, sostienen el fallo.

La resolución agrega que “resulta evidente que tener el carácter de imputado formalizado como autor de los delitos consumados de cohecho y violación de secretos, además de encontrarse desde el mes de mayo de 2020 sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por tales hechos, constituye una irregularidad que afecta la integridad de la conducta que le es exigible, ya que aun cuando de los antecedentes allegados a esta investigación administrativa, aparezca que los hechos por los cuales ha sido formalizado, se vinculan a circunstancias ajenas a su labor como Juez de Policía Local de la ciudad de Pemuco, su conducta, inequívocamente genera desconfianza entre quienes recurren a los tribunales y afecta el decoro que le exige el ejercicio de tal magistratura”.

“Atendida la gravedad de los hechos que ameritan sancionar disciplinariamente al investigado y teniendo en cuenta las perniciosas consecuencias provocadas, no solo al tribunal en el cual servía sino que además a la correcta administración de justicia y a la confianza que en la justicia debió propiciar, se estima adecuado, aplicar la sanción de suspensión de funciones por cuatro meses, por ser ésta la de mayor entidad”, resolvió el tribunal pleno.

Asimismo, dispuso que “atendidos los hechos objeto de esta investigación y la naturaleza de la sanción impuesta, remítanse copia de esta resolución y de los antecedentes que obren en la carpeta investigativa a la Excelentísima Corte Suprema para que, si lo estima pertinente, realice la declaración de mal comportamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°15.231 y acuerde, la remoción del señor Marcelo Campos Henríquez del cargo del cual es titular”.

Juzgado de San Carlos amplió plazo de investigación

En paralelo a la decisión de la Corte de Chillán, este viernes el Juzgado de Garantía de San Carlos acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público de ampliar el plazo de la investigación en la que se encuentran imputados, desde mayo del año pasado, el juez Campos; el exadministrador de la Municipalidad de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, como autor del delito de cohecho; el dueño y gerente de Itelecom Holding Chile SpA, Marcelo Lefort Hernández, y los ejecutivos de la empresa Pedro Guerra Guerrero, Leonardo Bustos Abarzúa y Ricardo Rodríguez Bizama, que enfrentan cargos por soborno.

Se trata de ilícitos que habrían perpetrado entre mayo de 2019 y abril del año pasado, en el marco de la licitación de recambio de luminarias públicas abierto por la Municipalidad de Chillán.

En la audiencia de ampliación del plazo, la magistrada Claudia Gómez Valdés acogió la solicitud de la fiscalía de forma parcial y amplió por 45 días, a partir de este viernes, el plazo de investigación; desestimando los seis meses solicitados.