Comisión investigadora de adopciones irregulares pretende determinar errores cometidos por el Estado

El ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, ordenó en febrero del año pasado a la Brigada de Inteligencia Policial de la PDI, indagar 579 casos de adopciones ilegales de niños chilenos a matrimonios extranjeros entre 1973-1990. Sin embargo, sólo la Agrupación Hijos y Madres del Silencio representa a más de 10 mil personas.

Las cifras del robo de niños en Chile a partir de la década de los 70 es abrumadora y es por eso que la conformación en el Congreso de una comisión investigadora de las adopciones ilegales es todo un triunfo para quienes debieron buscar a su familia en suelo chileno y otros que aún siguen en esa tarea.

La instancia se constituyó en el día de ayer y su objetivo principal es esclarecer las adopciones irregulares que se han registrado en el país y determinar las acciones en las que pudo haber incurrido el Estado y que facilitaron estos delitos.

El diputado Boris Barrera (PC) fue designado de forma unánime como presidente de la comisión. En conversación con La Tercera, explicó que la primera sesión quedó fijada para el lunes 4 de marzo a las 17 horas, estableciéndose de este modo, que todos los lunes de 17 a 19 horas se reunirán para avanzar en la materia.

Invitados de forma permanente estarán representantes de la PDI, Registro Civil, Ministerio de Salud y Sename. Además, se analizará poder realizar videconferencias con las víctimas que se encuentra viviendo en el extranjero.

Entre las finalidades que tendrá la comisión será esclarecer las actuaciones de los Servicios de Salud y del Ministerio de Salud en relación al registro de neonatos fallecidos y los protocolos existentes en torno al modo de entregar información sobre las causas de muerte a sus padres.

También se indagará sobre  las acciones realizadas por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile en relación a garantizar que los menores de edad, y en particular los recién nacidos, salgan del país en condiciones legales, informando de las irregularidades constatadas y de los posibles vicios procedimentales que originan adopciones irregulares, tal como establece el documento que pidió la constitución de esta comisión.

Además, se investigarán  los actos de fiscalización y los protocolos del Ministerio de Justicia y cada uno de los organismos que colaboran con el Servicio Nacional de Menores y las actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación.

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