Una serie de irregularidades en la asignación y pago de subsidios de arriendo detectó la Contraloría General de la República en una auditoría financiera al Programa de Integración Urbana de Campamentos, iniciativa administrada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutada por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo junto con los Serviu regionales.

Los hallazgos están contenidos en el Informe N° 314 de 2026 y corresponden a operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.

Entre las situaciones identificadas figura el pago de beneficios a personas que habían fallecido, así como el financiamiento de contratos de arriendo que no cumplían con las condiciones establecidas para acceder al subsidio.

De acuerdo con el documento, a marzo de este año existían 168 beneficiarios fallecidos asociados al subsidio de arriendo.

El ente fiscalizador estableció que la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo llegó a demorar hasta 1.133 días en regularizar los contratos vinculados con esos casos. Según el organismo fiscalizador, esta situación generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553.

La auditoría examinó el funcionamiento financiero del programa que busca contribuir a la integración urbana de familias que viven en campamentos. Parte de sus recursos proviene de un préstamo por US$120 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo período de ejecución está previsto en cuatro años.

Arriendos con familiares

Otro de los hallazgos de la Contraloría corresponde a 172 beneficiarios que mantenían contratos de arriendo de viviendas pertenecientes a familiares cercanos, situación que contraviene las restricciones de consanguinidad y afinidad establecidas en las bases que regulan el beneficio.

Los pagos efectuados en estos casos alcanzaron los $110.487.033.

El informe también detectó 19 beneficiarios que celebraron contratos de arriendo con sus propios cónyuges. Según las condiciones del programa, este tipo de vínculo contractual resulta incompatible con los requisitos para acceder al subsidio.

Los desembolsos asociados a estos 19 casos totalizaron $14.405.016.

La revisión realizada por el organismo de control identificó además otros casos en que se habría mantenido el pago del subsidio pese a que los beneficiarios ya habían accedido a una solución habitacional.

En concreto, dos personas continuaron percibiendo subsidios de arriendo pese a haber sido beneficiadas previamente con una vivienda durante 2024. Los pagos realizados en estas situaciones sumaron $3.539.119.

Regularización ante el BID

A partir de los antecedentes detectados, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo adoptar medidas para regularizar ante el BID la totalidad de los gastos asociados a beneficiarios que no cumplían con las condiciones exigidas para recibir el subsidio.

La instrucción considera los recursos vinculados a los casos observados durante la auditoría y se enmarca en las obligaciones de rendición y control asociadas al financiamiento internacional del programa.

El organismo fiscalizador también ordenó que la Subsecretaría concluya el procedimiento disciplinario que ya había sido iniciado, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que pudieran estar involucrados en las situaciones detectadas.