La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de falencias en la gestión ambiental del sistema conformado por el estero Llico, el lago Vichuquén y la laguna Torca, en la Región del Maule.

El organismo fiscalizador constó que las instituciones con competencias en la materia carecen de mecanismos formales que aseguren el seguimiento de medidas preventivas y correctivas para resguardar este ecosistema.

Los antecedentes fueron consignados en el Informe Final N° 853 de 2025, que concluye que existe una débil coordinación interinstitucional y una insuficiente gobernanza ambiental para enfrentar los problemas que afectan a este sistema lacustre.

La Contraloría indica que, frente a la situación, la Municipalidad de Vichuquén declaró una alerta medioambiental preventiva y, por otra, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud del Maule estableció una zona de riesgo sanitario en el lago que da nombre a la comuna.

Si bien ambos organismos informaron avances en las acciones implementadas, la Contraloría determinó que los antecedentes aportados no permiten acreditar la existencia de una política preventiva integrada ni de un plan de trabajo formal que articule los esfuerzos institucionales, señala una nota de prensa en la web del organismo fiscalizador.

La Contraloría también advirtió la presencia de alteraciones ambientales en el sistema Lago Vichuquén-Estero Llico, fenómeno que ha provocado proliferación masiva de algas, disminución de los niveles de oxígeno, mortandad de fauna acuática, variaciones en la salinidad y un deterioro de la calidad del agua. Estas condiciones fueron reconocidas por la propia Seremi de Salud del Maule.

El complejo lacustre viene enfrentando una crisis ambiental grave, con florecimiento masivo de cianobacterias altamente tóxicas, salinidad récord y una hipereutrofización crítica que provocó la muerte de mascotas y obligó a cerrar el lago el verano pasado.

A fines de 2025, el Ministerio Público determinó iniciar una investigación penal a cargo de la persecutora Mónica Barrientos, jefe de la Fiscalía Local de Licantén, por la contaminación.

La Contraloría precisa que la Municipalidad de Vichuquén no dispone de una ordenanza específica para la protección y gestión de humedales dentro de su territorio comunal. Asimismo, la ordenanza ambiental vigente carece de disposiciones orientadas al resguardo de ecosistemas lacustres y humedales de alta fragilidad ambiental presentes en la zona, indicaron.

Acciones en el municipio

En diciembre del año pasado, la entidad que encabeza Dorothy Pérez dispuso la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo, tras un sumario por conducir ebrio un vehículo fiscal.

El alcalde apeló a esa decisión y se mantiene en el municipio.

Este mes, junto a la Delegación Presidencial Regional y autoridades de Salud y Medio Ambiente, el jefe comunal encabezó el lanzamiento oficial del Plan de Concientización y Fiscalización de Sistemas Sanitarios de Vichuquén, que busca reducir de manera concreta el ingreso de nutrientes al sistema lacustre provocados por descargas de aguas negras y grises desde las viviendas.

Para este 21 de agosto, en tanto, el municipio tiene programada una jornada de participación ciudadana en la que se va a presentar la propuesta de actualización de la ordenanza medioambiental de la comuna, que tiene por objeto establecer el marco normativo para la protección, conservación, recuperación, restauración y regeneración del medio ambiente y del patrimonio ambiental de Vichuquén.

La zona fue uno de los refugios predilectos del desaparecido músico argentino Gustavo Cerati.

¿Qué dispuso la Contraloría?

La Contraloría también constató que la desembocadura del estero Llico no cuenta con una línea de playa oficialmente determinada, situación que dificulta establecer con precisión los límites del dominio público marítimo y afecta las labores de control, fiscalización y supervigilancia por parte de los organismos competentes.

Frente a estas observaciones, el organismo instruyó a la Municipalidad de Vichuquén, al Gobierno Regional del Maule, a la Superintendencia del Medio Ambiente, a las seremis de Medio Ambiente y Salud, a la Dirección General de Aguas y a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante informar y acreditar las medidas, acuerdos y coordinaciones que permitan subsanar las deficiencias detectadas.

La Contraloría, con esta disposición, busca fortalecer la gobernanza ambiental y promover una respuesta coordinada entre las instituciones involucradas para resguardar uno de los principales sistemas lacustres y humedales de la Región del Maule.

La comuna, en tanto, enfrenta cuenta regresiva hacia un nuevo verano.