Corte ordena a diócesis de Rancagua entregar copia de investigación canónica contra expárroco de Santa Cruz

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de amparo presentado en enero por la defensa del expárroco de Santa Cruz Juan Carlos Urrea Viera y ordenó al obispo administrador apostólico de la Diócesis de la ciudad, Luis Ramos Pérez, la entrega de copia de los antecedentes de la investigación canónica seguida en contra del suspendido religioso.

En fallo unánime la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro José Marinello Federici, el fiscal judicial Álvaro Martínez Alarcón y el abogado (i) Alberto Salvador Veloso– estableció que el actuar de la diócesis, en orden a no proporcionar información sobre el proceso canónico, constituye una discriminación arbitraria que vulnera el derecho a defensa y al debido proceso.

"Que, es un hecho no controvertido por los partes de autos que la recurrida no ha entregado información respecto del proceso de investigación previa en contra del recurrente en virtud del secreto canónico. En este sentido, esta Corte entiende que dicha negativa ha sido permanente en el tiempo durante todo el procedimiento sumario, por lo que el hecho de habérsele negado la información el 26 de septiembre del 2019 no es más que una muestra de la actitud constante del recurrido, debiendo rechazarse la excepción de extemporaneidad, más aún considerando que el proceso canónico se encuentra vigente", consigna el fallo.

"En definitiva al no entregarse la información de la investigación previa al recurrente, se establece una discriminación arbitraria, garantía comprendida en el numeral dos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, protegida por el presente recurso, en el entendido de que tal afectación se encontraría vulnerando el derecho a defensa que posee toda persona que es una manifestación mínima y básica del debido proceso", agrega el fallo.

El tribunal fijó un plazo de 10 días para que la Diócesis de Rancagua entregue copia de los antecedentes de la investigación previa seguida en contra de Urrea.

En mayo de 2019 el sacerdote fue suspendido de sus funciones por el administrador apostólico de la diócesis, monseñor Fernando Ramos, frente a una denuncia de un hombre que era menor de edad en la década de los 90 y que habría sufrido un abuso sexual de parte de Urrea en esos años.

La investigación previa, que concluyó el 16 de agosto de 2019, estableció que la acusación es verosímil. Por ello se remitieron los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano.