Dicha ley fija un mandato de “transparencia activa”, el cual se refiere a que ciertos documentos deben ser publicados y actualizados en los sitios institucionales y de transparencia de los municipios, pero en la práctica ello no ocurre.

Anteriormente algunos municipios ya fueron advertidos de que estaban al debe en cumplimiento de transparencia, pero ahora la investigación del CPLT indagó en aquellos documentos que no están incluidos en la Ley 20.285, pero que legalmente sí deben transparentarse bajo otras normativas.

Así quedó establecido en un informe de 39 páginas -al que La Tercera tuvo acceso- que da cuenta de una revisión a los 345 municipios a nivel nacional.

Ahí se notaron ciertas falencias. Una de ellas, por ejemplo, fue que se indagó que solamente un 50% de los municipios publica información sobre sus gastos de avisaje y publicidad, mientras que un 32% declaró no tener este tipo de desembolsos, pero un 17% no entregó acceso a esa información.

Otra área relevante los Planes Comunales de Seguridad Pública un 21% no publica información al respecto. En cuanto a los Planes de Inversión de Infraestructura Pública, solo tres municipios publicaron información de las rendiciones de cuenta anuales.

La presidenta del CPLT, González, recalca que “la transparencia no se agota en las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia. Hay una serie de obligaciones de publicación de información de alto interés público dispersas en la legislación y que son directamente aplicable a municipalidades. Los resultados evidencian rendimientos dispares en la publicación de materias tan relevantes como desarrollo urbano, seguridad, niñez e inclusión, las cuales deben poder conocerse por las personas de manera clara, completa y actualizada”.

Respecto de los Planes Reguladores Comunales, el informe detalla que hay “marcadas diferencias” entre lo que publican los municipios, ya que la mayoría (76%) da a conocer actos administrativos de aprobación, mientras que el 21% publica sobre los anteproyectos y el 23% sobre la imagen objetivo.

En lo relativo a el cumplimiento de la Ley 21.015 sobre incentivos a la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, solo el 11% de los municipios publicó la información, mientras que 332 comunas del país están obligadas a hacerlo.

Las actas de las Mesas de Niñez y Adolescencia de la Ley 21.430 solo el 29% publica la información, el 8% lo hace de forma desactualizada y el 63% no publica.

Además un 8% de los municipios no publica información sobre juntas de vecinos y uniones comunales y solo se encontró información de 3 municipios relativo a informes de mitigación. Mientras que de los cursos de capacitación contra el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo solo 283 municipios publicaron sus resultados.

El Consejo para la Transparencia promueve la publicación de la información que sirve para que ciudadanos puedan saber sobre sus propios municipios, así como para generar mayor fiscalización desde la sociedad civil. Ahí el CPLT tiene la facultad para sancionar a municipios que no publiquen toda la información.

El informe concluye que “en la revisión efectuada se evidenció una dispersión y ausencia de criterios homogéneos en la ubicación de la información publicada. En efecto, un mismo tipo de documento —tales como planes, reportes o actas— puede encontrarse simultáneamente en distintos sitios y secciones, lo que dificulta su adecuada identificación y acceso”.

Además, como otra falencia se detalla que “a partir de lo anterior, los hallazgos permiten identificar áreas en las que este Consejo para la Transparencia podría emitir pronunciamientos en aquellos casos que se requieran y disponer de una sección específica donde publicar dicha información en el Portal de Transparencia (PT), con el objetivo de promover su cumplimiento y con ello, una mayor publicidad de la información dispuesta en las normas complementarias revisadas”.