En el marco de la campaña “Una ley en nombre de todas”, que difunde los alcances de la Ley Integral -a un año de su implementación-, y en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito entregaron un balance actualizado de las políticas públicas de protección y de las cifras más recientes sobre violencia de género.

Los datos presentados muestran una tendencia general a la baja en los delitos contra mujeres. Entre enero y septiembre de 2025, las víctimas mujeres de delitos incluidos en el Índice de Violencia contra la Mujer descendieron un 1,5% respecto del mismo periodo de 2024.

La violencia intrafamiliar (VIF) -que representa un 67,7% del total de casos- cayó en casi un 3%, con retrocesos relevantes en VIF física (-4,7%) y psicológica (-5,2%), lo que significa 2.228 mujeres menos afectadas.

También se registró una baja del 2,1% en los delitos asociados a violencia sexual, especialmente en los abusos sexuales, que disminuyeron un 5,5% y concentran el 62,9% de estos casos.

Sin embargo, persisten alertas importantes. Los delitos vinculados a violencia psicológica son los únicos que aumentan, con un alza del 9,9%, impulsados principalmente por los desacatos a medidas de protección, que suben un 10,6%, lo que tensiona la capacidad de fiscalización y resguardo.

La señal más crítica proviene de las agresiones digitales. La difusión de contenido sexual sin consentimiento aumentó un 444% (120 víctimas más), un salto explicado tanto por una mayor visibilización como por la incorporación de estos delitos al Código Penal tras la entrada en vigencia de la Ley Integral en julio de 2024.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destaca el enfoque integral que han seguido estos años para “abordar las necesidades específicas de seguridad de las mujeres en Chile, combinando atención directa a víctimas, trabajo territorial y generación de evidencia con enfoque de género”.

Leitao subraya además la importancia de la denuncia: “Entre 2022 y octubre de 2025 se han recibido 4.810 reportes vinculados a delitos asociados a violencia contra las mujeres a través del programa Denuncia Seguro. Del total de reportes por violencia intrafamiliar, un 77,7% corresponde a casos con víctimas mujeres”.

Ley Integral

En paralelo a las cifras de seguridad, el gobierno expone los avances derivados de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en 2024 tras siete años de tramitación.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, recalca la relevancia de este cambio estructural: “Desde hace más de un año y gracias al amplio acuerdo que alcanzamos en el Congreso, nuestro país cuenta con la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es un cambio en la estrategia para enfrentar la violencia de género, que mandata a los órganos del Estado a actuar coordinadamente y con debida diligencia frente a estos casos”.

La Ley Integral fortaleció la fiscalización de medidas cautelares, creó mecanismos de supervisión judicial y amplió el rol del SernamEG, que ahora puede representar a mujeres en casos de femicidio y suicidio femicida. Desde su entrada en vigencia, los tribunales han realizado más de 17 mil audiencias de revisión de medidas de protección, evitando que estas caduquen sin conocimiento de las víctimas.

Asimismo, el Ministerio Público implementó un sistema de contactabilidad vía SMS, que entre enero y junio de 2025 registró 479.991 víctimas contactadas y 588 mil hitos de mensajería, incluyendo recordatorios de audiencias y activación de medidas de protección.

Para mejorar la respuesta estatal, el gobierno lanzó además el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, un piloto que ya opera en 15 municipios y permite que instituciones como el Poder Judicial, SernamEG, policías y municipios compartan información en tiempo real mediante una ficha única por caso.

La reparación

El fortalecimiento institucional también se ha expresado en la expansión de los Centros de Atención Especializada en Violencias de Género (CAEVG). En 2025 estos centros realizaron más de 13 mil atenciones psicosociales y jurídicas, llevaron 774 representaciones judiciales y presentaron 375 querellas. A nivel nacional, ya existen 27 centros operativos y un vigésimo octavo (28) por inaugurar.

Los Centros de las Mujeres, en tanto, alcanzan 128 espacios en el territorio, con más de 80 mil usuarias atendidas y más de 6 mil patrocinios en 2024. El Sistema 1455 de atención telefónica y telemática sumó 86.421 atenciones el año pasado y proyecta 95 mil para 2026.

“Estos datos reflejan el compromiso constante del SernamEG por estar presente y acompañar. Como servicio además llegamos al 95,6% de las familias de víctimas de violencia extrema, presentando querellas en el 85,7% de los casos de femicidio consumado”, dice Priscila Carrasco, directora nacional del Sernameg.

En materia de reparación, la Ley de Reparación para Víctimas de Femicidio ya ha otorgado 192 pensiones a niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres. La norma también otorga acceso preferente a protección social y un año de fuero laboral para mujeres sobrevivientes de femicidios frustrados.

De manera complementaria, la Ley Antonia tipificó el suicidio femicida y la inducción al suicidio, ampliando la protección legal para víctimas de violencia sexual extrema.

Pero aún avanzan en el Congreso dos iniciativas clave: la ley de violencia digital, que tipifica conductas como ciberacoso y difusión no consentida de imágenes íntimas; y la prohibición del porte y tenencia de armas para personas denunciadas o condenadas por VIF.

Aunque las cifras exhiben avances, las autoridades recalcan que los desafíos son de largo plazo. El grupo con mayor victimización sigue concentrándose en mujeres entre 20 y 49 años.