La jornada del martes, parte importante de los ojos del Ministerio Público se volcó a lo que ocurre en una sala ubicada en el subterráneo del Palacio de Tribunales. Y es que ahí, bajo la acuciosa mirada de la ministra de la Corte Suprema Mireya López, se realizan las audiencias probatorias a propósito de la solicitud de remoción que presentaron parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Fue esta semana en que se dio inicio a dichas jornadas y, según el programa, este viernes llegó a su fin. Ahí, la defensa del persecutor ha rebatido cada uno de los puntos descritos en la solicitud de los congresistas, la cual se ingresó formalmente luego de duros cuestionamientos respecto a la forma en que este ha llevado la indagación que tiene como protagonista a la diputada Karol Cariola (PC) por el delito de tráfico de influencias.

Pero aunque en la Fiscalía ese punto ha generado inquietud, el grueso de la expectación en torno a los pasos de Cooper dice relación con una causa totalmente diferente. Se trata de ProCultura, arista del caso Convenios que es considerada la más compleja y que se ha buscado proteger con celo por parte de los investigadores. De hecho, estuvo en reserva un año tras invocarse la ley de Lavado de Activos.

Y justamente el probatorio que enfrenta el persecutor coincidió con una semana que se preveía sería clave en el caso ProCultura, pues luego de que venciera el secreto que pesaba sobre la indagatoria, el lunes 5 de mayo los distintos intervinientes comenzaron a recibir copia del expediente. Un derecho procesal que tienen tanto los imputados como los querellantes.

Aquello era considerado un punto de inflexión en las pesquisas, pues implicaba que los antecedentes que reunió el fiscal durante casi 11 meses –bajo completa reserva– pasarían a manos de terceros y aumentarían las probabilidades de que se dieran a conocer a la opinión pública, situaciones tan delicadas como por qué el fiscal Cooper solicitó intervenir hasta el teléfono del Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, como han advertido tanto defensas como querellantes, el persecutor extremó las medidas de resguardo en pos del éxito de la indagatoria y, salvo en contadas excepciones, no entregó todos los elementos que están en su poder y del equipo de fiscales y funcionarios de la PDI con los que trabaja.

Por lo mismo, los cuestionamientos no tardaron en aparecer. Una de las defensas, de hecho, presentó un reclamo formal, lo que fue replicado por querellantes que representan a parlamentarios de oposición. Y es que en algunos casos las copias del expediente vienen con “tachas” que impiden el acceso a ciertas piezas de la indagatoria y, en otros caso, de plano, se entregó solo la querella presentada por acusadores.

Lo que se ha conocido esta semana, por ejemplo, han sido solo trascendidos de quienes sí poseen el grueso de la investigación en este caso: los imputados. Pero no ha existido, como en otras situaciones, acceso total de quienes son partícipes de la indagatoria pero como acusadores. ¿Una estrategia distinta para evitar más solicitudes de remoción? Nada está muy claro.

Pese a ello, desde el Ministerio Público aseguran que no se han vulnerado garantías y que se ha actuado aparejado a instrucciones generales que el propio fiscal nacional ha delineado con miras a proteger las investigaciones.

Máximo resguardo

“Durante 2024 hemos adoptado múltiples medidas en el ámbito informático con el objetivo de asegurar la trazabilidad interna de los archivos que contienen información de causas penales, para así resguardar el acceso a los sistemas y bases de datos institucionales. Lo anterior, dirigido a impedir el acceso indebido a los sistemas informáticos del Ministerio Público y prevenir posibles filtraciones“.

De esta forma fue que el pasado miércoles 30 de abril el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó lo referente a las filtraciones. Y destacó, en esa línea, el haber definido un nuevo marco para resguardar antecedentes, como la instrucción general que firmó con fecha 16 de octubre de 2024 y que hizo llegar a las distintas reparticiones. Esa es la base, de hecho, de varias de las medidas seguidas por Cooper.

En ese documento de siete carillas se lee, por ejemplo, que “el secreto de la investigación será levantado parcialmente solo para los intervinientes en el caso, quienes no podrán divulgar estos antecedentes a terceros ajenos al procedimiento, por lo que sigue rigiendo la norma del artículo 182 del Código Procesal Penal".

Asimismo, establece que “las solicitudes de copias (numerado por interviniente, con numeración no correlativa) deberán enviarse a un correo electrónico institucional habilitado para tales efectos. Por lo mismo, respecto de cada causa que se considere para estos efectos compleja y a cuyo respecto se aplique este procedimiento, se deberá crear una casilla de correo institucional".

“Las copias autorizadas se entregarán en soporte digital, escaneadas, y deberán retirarse en los días y horarios que se establezcan, previa notificación. El solicitante deberá concurrir con su propio dispositivo de almacenamiento nuevo, sin uso previo (pendrive o disco duro externo u otro soporte equivalente)”, se agrega a ese respecto.

De la misma forma, con miras a proteger garantías, se indica que “la Fiscalía deberá asegurarse de que no se vulneren las garantías de las víctimas o el derecho a defensa. Esto incluye antecedentes personales o confidenciales que no revistan interés investigativo, salvaguardando así la integridad y los derechos de los involucrados". Por lo mismo, podrán haber antecedentes o pasajes que pudieran entregarse tachados.

Igualmente, se hace presente que se entenderá por información personal de interés investigativo “cualquier antecedente vinculado a personas determinadas, que puede aportar valor probatorio o contextual en el marco de una investigación penal en curso. Se trata de información pertinente, relevante y útil para el esclarecimiento y averiguación de los hechos investigados, contribuyendo directa o indirectamente a la construcción de la hipótesis delictiva (teoría del caso), la identificación de responsables y su nivel de participación, o la comprensión del modus operandi”.

El efecto

Las medidas adoptadas por Cooper implicaron, por ejemplo, que Nubia Vivanco, querellante en ProCultura, no recibiera todos los antecedentes que esperaba. Por lo mismo, conocida la situación, hizo presente su disconformidad, aunque ante la respuesta del fiscal valoró su fórmula.

“Efectivamente las carpetas han sido entregadas en forma parcializada, no a todos los querellantes, sobre la base que las querellas no habrían sido acumuladas a la causa madre. Yo le representé esto primero a quien está a cargo de la coordinación de la tramitación de los querellantes particulares, e incluso hablé con el propio fiscal Cooper, quien tuvo la enorme deferencia de contestarme el teléfono en medio de la preparación de su defensa por la solicitud de remoción”, manifestó la abogada.

Y agregó: “El fiscal ha sido extremadamente prudente. Inclusive, ha utilizado un mecanismo tremendamente ingenioso, y ex profeso mantuvo abiertos varios ebooks, mantuvo varias causas abiertas, nuestras querellas no las acumuló inmediatamente. Con su experiencia como fiscal, sabía que iba a haber algunos tribunales que iban a ser mucho más condescendientes con ciertas medidas intrusivas, particularmente la de los pinchazos telefónicos, que otros tribunales (...) Ceo que el fiscal ha estado protegiendo la investigación y protegiendo también la posibilidad de hacer eficazmente su trabajo. Y aunque no me pareció en un principio, yo reconozco esa prolijidad".