“Rector, lo vamos a invitar más seguido porque así nunca vamos a tener problemas de quórum en esta comisión. Hoy día hemos tenido una asistencia especialmente importante, cuando hemos tenido otras sesiones que han tenido dificultades”.

La broma con la que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comenzó su intervención en la sesión de la Comisión de Educación del Senado de este miércoles, bien grafica la expectativa que había en torno a la exposición de Juan Carlos de la Llera, rector de la Universidad Católica, sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que crea un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

La presencia de la máxima autoridad de la PUC era especialmente esperada, toda vez que ha sido quizás si la voz más crítica desde la academia en torno a la propuesta con que el gobierno busca superar el CAE. Como rector encomendó un informe a una decena de sus académicos, el que terminó siendo muy crítico con el FES por lo que podría significar el proyecto -tal cual está hoy- para el sistema, pero también para la propia UC. La postura de su institución, tal como se vio reflejado durante la comisión, es en extremo relevante para los senadores.

“La UC es una institución que tenemos que cuidar”, dijo, por ejemplo, Felipe Kast, miembro de la comisión. “No estamos hablando de cualquier universidad, es una joya que tenemos que cuidar”, lo secundó Rojo Edwards, presente en la instancia.

Tanto los senadores como el ministro Cataldo y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, escucharon atentamente a De la Llera, que llegó acompañado de María Fernanda Vicuña (vicerrectora económica), Loreto Massanes (asesora de Rectoría), Harald Beyer (profesor de la Escuela de Gobierno) y Juan Eduardo Ibáñez (secretario general).,

“El proyecto tiene un mal diseño”, fue lo primero que dijo la autoridad universitaria sobre la propuesta. Y sumó: “Es equivalente a diseñar una estructura, un edificio, y que tiene que darle a eso resistencia para un gran terremoto. Uno puede hacer que todo proyecto sobreviva, sin embargo eso no lo hace un buen proyecto estructural”.

En su exposición el ingeniero ratificó los elementos que ya ha ido planteando sobre el FES, del que ve algunos aspectos positivos, pero también tres de los problemas estructurales: es “extremadamente sensible” a los supuestos; que la solución al CAE es distinta del problema del financiamiento futuro de la educación superior; y las dudas en torno a los supuestos con que trabajó el gobierno para diseñar el proyecto.

De la Llera, además, pidió que de avanzar, el FES se lleve adelante en etapas “y no solamente suscribir una idea que la consecuencia ya sabemos qué puede significar”. El proyecto, como está hoy, la UC ha dicho que significa un detrimento de entre $ 9.600 millones y $ 26 mil millones. “No es posible llevarlo adelante de esa manera”, acotó.

Del mismo modo, y tal como otras veces, criticó la retribución que debería hacer cada beneficiario: “Los estudiantes saben hacer cuentas y las hacen bien, y si uno tiene que estar pagando un 7% o un 8% por ese periodo, es perfectamente posible que haya bastantes estudiantes que no lo tomen (el FES)”.

Asimismo, ahondó en la pérdida de autonomía institucional que supone el FES y que se pone en riesgo la calidad del proyecto educativo de la PUC.

Más avanzado el debate, al que también fueron invitados a exponer el presidente del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Vertebral, Sergio Morales, y el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, fue el turno de senadores y Cataldo de tomar la palabra.

Edwards, por ejemplo, llamó al ministro a separar los proyectos (solución al CAE, por un lado, y FES, por el otro), algo que en todo caso cuestionó Jaime Quintana. Por su parte, Felipe Kast pidió no apresurarse: “No construyamos acuerdos por construir acuerdos”.

Y mientras Cataldo se abrió a ciertos cambios, el gobierno, por ahora, sigue trabajando en las indicaciones que permitan destrabar este proyecto. Según entendidos, el Ejecutivo se ha ido allanando a aceptar varias de las ideas de cambios que ha ido recibiendo, aún cuando un sector crítico señala que no bastará con abordar temas como el copago o el límite de pago de un beneficiario, sino que la propuesta tiene que mutar profundamente, lo que implicaría que se ponga en riesgo el aprobarla antes del fin de este mandato y, con ello, no lograr cumplir con una promesa de campaña emblemática.

Pedagogías

La comisión tenía una segunda parte también relevante: los senadores habían aplazado la votación del proyecto que busca darle una salida a la incertidumbre sobre los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía.

Para entender hay que remontarse a los orígenes de la Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Uno de los cambios de esa norma apuntaba a mejorar la calidad de los profesores, por lo que se debía aumentar progresivamente el puntaje mínimo para acceder a estudiar pedagogía, pasando de 500 puntos en 2017 a 550 en 2026, considerando la escala antigua de un máximo de 850 puntos. En la Admisión 2025 el mínimo fue de 502 puntos.

Pero la medida se fue postergando y el actual Ejecutivo se comprometió a presentar un proyecto de ley que se hiciera cargo del problema. Hasta ayer, en esa iniciativa el Mineduc proponía que el Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario determinara los requisitos.

Esa propuesta no se alcanzó a votar antes de la publicación de la oferta definitiva de carreras para la Admisión 2026, con lo que al Demre no le quedó más que acatar la ley original y elevar el puntaje mínimo a 626.

Pero eso podría cambiar: en la sesión de ayer se aprobó en general el proyecto (ya fue aprobado por la Cámara) y en particular la única indicación que estaría destrabando la iniciativa: el Ejecutivo echó pie atrás -por ahora- en la idea de que sea el Comité de Acceso el que determine los requisitos e indicó que progresivamente se eleven los puntajes mínimos del promedio de las pruebas obligatorias a partir de la Admisión 2026: ubicarse en el percentil 33 en la presente PAES; percentil 37 para la Admisión 2027; percentil 42 para la Admisión 2028; percentil 47 para la Admisión 2029. Así se llega a la Admisión 2030, donde se eleva el requisito hasta el percentil 60 dispuesto en la actual ley. Esos percentiles, a su vez, se traducen, según la última admisión, en 540,5 puntos mínimos en 2026, 551,5 en 2027, 567 en 2028, 583 en 2029, y 625,5 en 2030.