Felipe Harboe: "Hay que crear un mecanismo de sanciones proporcionales al daño que se comete"

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Senador PPD está recopilando información en las instituciones ligadas a la persecución, fiscalización y sanción de los delitos de corrupción para modificar las leyes en esta materia.


El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, el senador PPD Felipe Harboe, busca crear una mesa de trabajo para liderar una iniciativa que mejore la persecución y sanción de los delitos de cuello y corbata. Señala que este tipo de hechos son los que causan molestia y sensación de abuso en la ciudadanía.

¿Cuál es el objetivo de esta mesa de trabajo?

En la Comisión de Constitución del Senado queremos armar una especie de equipo para identificar los 50 principales abusos que sufre la ciudadanía o asimetría en sanciones. Entonces, partí por el Ministerio Público pidiendo una propuesta, luego voy a la Fiscalía Nacional Económica, el Sernac y la idea es identificar los principales abusos. Queremos transformarlos en proyectos de ley y hacer las modificaciones correspondientes. El primero en entregar su propuesta ha sido el Ministerio Público, que implica modificaciones penales importantes para cierto tipo delitos que, a pesar de que aumentamos las sanciones para los ilícitos de probidad en el sector público, según el Ministerio Público quedan pendientes reformas en materia de probidad entre particulares.

El gobierno también lanzará una agenda antiabusos.

El gobierno está anunciando esto hace mucho rato. Nosotros lo que queremos pasar es de la discusión a la acción y transformar esto en ley inmediatamente. Si el gobierno se suma, bienvenido sea. Ya llevamos más de 50 días desde el inicio de la crisis social y lo único que hace el Ejecutivo es privilegiar la agenda antisaqueos, pero no dice nada de la agenda antiabusos, porque probablemente es parte del escaso electorado que todavía le queda.

¿Su agenda incluirá medidas contra el abuso de la clase política?

Por supuesto. El punto está en cómo aumentamos esas sanciones, porque ya tenemos un aumento de pena relevante en esa materia. Toda la agenda de probidad es una agenda que incorpora al Parlamento, a los funcionarios públicos, con sanciones que hoy tienen pena de cárcel efectiva. Si se identifica en los estudios que estamos haciendo, algún espacio para modificar eso y aumentar la sanción, bienvenido sea. Aquí no hay que tener límites, hay que entender el mensaje de la ciudadanía. No es aceptable que se apliquen sanciones privativas de libertad a quien tiene un delito menor como el robo a una gargantilla y resulta que personas que cometen infracciones de millones de dólares o que se coluden dos veces, como el señor (Gabriel) Ruiz-Tagle, no tenga una sanción adecuada.

¿Qué penas deberían aumentar en esta materia?

Hoy el financiamiento irregular a la política tiene sanciones gravísimas. A donde tenemos que apuntar es a crear un sistemas de fiscalización de los gastos del Parlamento y, particularmente, de la probidad de los municipios. Porque cuando ve las encuestas, el principal espacio de faltas a la probidad están radicados en los municipios.

¿Cree que los casos Penta y SQM están también detrás del malestar ciudadano?

Sin duda, yo creo que sí. La gente, cuando observa que hay ciertos casos que no tienen una sanción penal efectiva versus otros que son de una menor cuantía y de menor impacto social, sí tienen una pena efectiva, genera molestia. Creo que nuestra propuesta es más bien de Estado, que tiene que ver con crear un mecanismo de sanciones proporcionales al daño que se comete y ahí caben no solo el financiamiento irregular, sino que principalmente aquellos delitos que se cometen entre particulares. Observar, por ejemplo, las prácticas anticompetitivas, la corrupción entre particulares, la administración desleal del patrimonio. Eso hoy no tiene una sanción adecuada.

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