El Ministerio Público se mantiene desplegado para acelerar las diligencias vinculadas al caso de presunto tráfico de niños haitianos que quedó al descubierto tras un preinforme de Contraloría que advirtió irregularidades en procesos de reunificación familiar.

De hecho, a raíz de las nuevas pesquisas se resolvió dar urgencia a la suscripción de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con la Fiscalía de República Dominicana, para así avanzar colaborativamente en indagaciones relativas a delitos de tráfico ilícito de migrantes y, particularmente, al tráfico de personas y niños haitianos.

El asunto fue parte de lo abordado en el encuentro que, la tarde del jueves 18 de junio, el fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo con sus equipos y el fiscal regional Francisco Jacir, quien lidera la pesquisas de este caso.

Junto con los titulares de las unidades especializadas en Anticorrupción, Crimen Organizado, Derechos Humanos, de la División de Atención a Víctimas y Testigos, y el jefe de la Fiscalía Supraterritorial, abordaron de manera ampliada la situación y se dividieron labores.

En dicha reunión, el máximo persecutor transparentó que ante el Presidente José Antonio Kast y los representantes del Poder Legislativo y Poder Judicial había comprometido que el Ministerio Público lograra ubicar a los menores de edad cuyo paradero se desconoce.

Desde que supieron de los alcances del preinforme de Contraloría, las alertas se encendieron al interior de la Fiscalía. Si bien hay varios persecutores que tienen experiencia en indagaciones vinculadas a tráfico de migrantes y trata de personas, las características que se advertían en las situaciones recabadas por el organismo liderado por Dorothy Pérez se estimaron complejas. Primero que todo, porque no hay claridad respecto de cuántos niños estarían involucrados.

Por lo mismo, rápidamente se instruyó elaborar un catastro único de menores de edad que habrían ingresado a Chile entre enero y abril de 2025 provenientes de Haití. “Lo primero es saber a quién estamos buscando”, fue la frase que se instaló como premisa. Por eso, desde el lunes que el fiscal Jacir ha estado trabajando en ello junto a un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones (PDI).

En la Fiscalía esperan, entre otras cuestiones, acceder al informe final que está ultimando el ente contralor la próxima semana.

Así, durante la jornada de trabajo del jueves abordaron los primeros hallazgos, y se determinó que todas las fiscalías regionales debían informar sobre las causas vinculadas a niños haitianos. Esto, para que Jacir también pueda tener un paneo general que le pudiera ser útil para avanzar con mayor rapidez en el nuevo proceso.

Dado que todas las investigaciones tienen diferente grado de avance -incluidas las cinco adicionales que ya tramitaba la Fiscalía Centro Norte- se zanjó que, al menos por ahora, cada una seguirá su curso por separado. En los casos que previamente ya se indagaban en la jurisdicción de Jacir está una que lleva el fiscal Marcelo Carrasco y otra del fiscal Francisco Ledesma.

La causa de Carrasco investigaba la denuncia que en 2023 hizo la directora (S) del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Carolina Ocampo. Este es el caso que ha destacado los últimos días el exdirector del Sermig Luis Thayer. El caso de Ledesma indaga la denuncia realizada en 2025 por la Cancillería contra el excónsul de Chile en Haití Rafael Du Monceau por supuestos “cobros abultados” para la realización de trámites migratorios.

La Fiscalía Supraterritorial, dadas sus características, monitoreará distintos procesos y apoyará lo que requiera cualquiera de las unidades, para así también determinar patrones similares o sujetos que eventualmente puedan estar ligados a más de una de las hebras investigativas.

En paralelo a la elaboración de la nómina y la instrucción de las primeras diligencias, también se iniciaron los procesos de búsqueda vía procedimientos de la PDI.

Parte de las coordinaciones generadas fueron expuestas en el encuentro que Valencia sostuvo con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, donde se acordó constituir una mesa de trabajo entre equipos técnicos de ambas instituciones para definir el marco investigativo y los mecanismos de intercambio de información que les permitan avanzar en las diligencias.

Alianza con República Dominicana

En medio de la cita con la secretaria de Estado, Valencia compartió con los presentes sobre el trabajo que se está haciendo con autoridades dominicanas para avanzar en conjunto y compartir antecedentes, lo que es particularmente relevante al tener en cuenta que gran parte de los haitianos que llegan a Chile lo hacen vía vuelos que despegan desde República Dominicana.

El persecutor detalló, entre otras cuestiones, que la creación de un Equipo Conjunto de Investigación permite conformar un grupo integrado por fiscales y policías de ambos países.

Además, como explican desde la Fiscalía, la principal ventaja es que al suscribir la alianza la evidencia obtenida en cualquiera de los países tendría valor probatorio directo, evitando múltiples solicitudes de asistencia jurídica internacional y trámites de validación adicionales.

Para la materialización de este equipo resta que se zanje totalmente qué investigaciones quedarán comprendidas y que se tome acuerdo sobre el texto definitivo del pacto para proceder a la firma.