El pasado 4 de marzo la Fiscalía de Calama solicitó una audiencia de no perseverar en su investigación en contra de 20 dirigentes sindicales de Codelco acusados de haber montado una supuesta maquinaria fraudulenta usando seguros de vida.

El Juzgado de Garantía de Calama, acogió esta solicitud y citó a una audiencia este 2 de mayo, en la que el Ministerio Público ratificó la decisión de no perseverar en la causa que se inició por una querella de la estatal en contra de los sindicatos 1,2 y 3 de Chuquicamata y de trabajadores de Radomiro Tomic.

Desde la defensa plantean que durante cinco años de diligencias, declaraciones, allanamientos y peritajes por parte de la Fiscalía de Calama, la investigación no obtuvo antecedentes ni pruebas para fundar una acusación formal contra los sindicalistas.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en abril de 2022, declaró inconstitucional el actuar de Codelco respecto de la petición de desafuero que la empresa interpuso en contra de los dirigentes de Chuquicamata.

La decisión del Ministerio Público se comunica semanas después que los sindicatos 1 y 2 de Chuquicamata, más exdirigentes sindicales de la empresa, presentaran ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago una denuncia por prácticas antisindicales e indemnización por daños.

El presidente del Sindicato 1 de Chuquicamata y la Federación de Trabajadores del Cobre, Héctor Roco, afirmó que siempre estuvieron convencidos de que se demostraría su inocencia.

“No existe prueba para acusarnos del supuesto fraude orquestado que Codelco divulgó reiteradamente por los medios, como una campaña publicitaria. Codelco y los ejecutivos que crearon esta artimaña abusaron al presentar estas querellas y demandas. Abusaron de la confianza de sus trabajadores, de la responsabilidad de gestionar los recursos de Codelco y del compromiso que los dirigentes tenemos con Codelco y el país. Lo único que buscaba la administración de la época era eliminarnos como dirigentes sindicales y pasarnos la cuenta por la huelga legal de julio de 2019”, afirmó.

Codelco los acusó de apropiación indebida de dineros de devoluciones por menor siniestralidad por US$ 1,54 millones.

“Estamos en búsqueda de resarcir los daños sufridos por los sindicatos, los dirigentes y los compañeros despedidos por la empresa en este proceso, para lo cual en octubre del año 2024 iniciamos acciones laborales con ese objetivo. Creemos que la decisión de la fiscalía es, además, una oportunidad para que la actual administración repare todo el mal causado al movimiento sindical y a los trabajadores despedidos”, agregó Roco.

La acción laboral anunciada está patrocinada por el estudio Rossel, Fuentes y Urzúa, RFU Abogados, mismo estudio que diseñó la estrategia general de defensa en la causa de desafuero ante el Juzgado del Trabajo de Calama y ante el Tribunal Constitucional.