Tal como se había adelantado, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, apeló para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas a Josefina Huneeus en el marco del caso ProCultura.

El escrito del Ministerio Público refuta los planteamientos de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acusando que hubo “agravio” en esa resolución y que contenía expresiones “que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político”.

Las escuchas fueron solicitadas a la Policía de Investigaciones en referencia a un número telefónico que habría figurado asociado a Alberto Larraín, el mandamás de la fundación cuestionada y exesposo de Hunneus.

Acusando ilegalidad en los “pinchazos”, los abogados de la psiquiatra presentaron un recurso de amparo, criticando que aunque ella no figuraba como imputada en la causa, cuando se constató que el número que estaban escuchando no correspondía a Larraín, el Ministerio Público insistió en la medida intrusiva.

La Corte de Antofagasta acogió el recurso de amparo manifestando que era “chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina” y que “las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano”.

Asimismo, el tribunal de alzada sostuvo que “se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”.

¿Qué dijo el Ministerio Público?

Tras el fallo de la corte nortina, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió remover al persecutor Patricio Cooper de esta indagatoria y asignar el caso a la Fiscalía de Antofagasta y la primera decisión que ellos tomaron fue apelar a la Corte Suprema.

En su escrito, apuntan contra la fundamentación del tribunal de alzada, criticando “la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho”.

“Es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada. Por lo pronto, son manifestaciones que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político; o bien, y en caso que se discrepe de la naturaleza de las mismas, resulta necesario consensuar que, a lo menos, son menciones que se alejan notoriamente de todo espectro jurídico", indicaron.

Con la presentación, el ente persecutor busca revertir la resolución que los obliga a dejar fuera de la investigación el contenido de las escuchas, insistiendo en la “calidad de imputada de la amparada”.

“La resolución apelada causa agravio a esta parte, toda vez que dejó sin efecto las resoluciones de fecha 16 de octubre de 2024, 06 de diciembre de 2024 y 10 de febrero de 2025, todas dictadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, sólo en aquello que concierne a la amparada Josefina Huneeus Lagos y, en consecuencia, declaró la ilegalidad de las mismas, de las diligencias y resoluciones que de ellas se derivaron y disponiendo la eliminación de los antecedentes investigativos obtenidos a partir de los actos declarados como ilegales, privando así al Ministerio Público del uso de toda aquella evidencia”, planteó la Fiscalía de Antofagasta.