“Es uno de los establecimientos con mayor población penal en el país, con una población que se caracteriza por sus altos niveles de violencia”.

De esa forma fue que el pasado viernes 15 de agosto Rubén Pérez, director nacional (s) de Gendarmería, abordó las condiciones de la cárcel de Valparaíso, desde donde horas antes tres peligrosos reos se fugaron, sin que hasta este momento puedan ser ubicados.

Se trató de un escape cinematográfico. Los tres sujetos, identificados como Juan Israel González Quezada, Jairo Adonis González Miranda y Claudio Alexander Fornes Vicuña, salieron desde su celda en el módulo 105 del recinto tras cortar los barrotes de la ventana, subieron hasta el techo y, desde ahí, tensaron una cuerda de acero al unirla con un vehículo que los aguardaba en el exterior. La colaboración externa, destacó Pérez, fue clave.

De nada sirvieron las cámaras de vigilancia dispuestas en el recinto, ni el cerco eléctrico que delimita las inmediaciones. La densidad de la bruma que se registraba en el momento, a las 2.30 de la madrugada aproximadamente, impidió que los centinelas pudieran ver las maniobras de los condenados.

Por lo mismo, constatados los hechos por parte de las autoridades tanto de Gendarmería como del Ministerio de Justicia, activaron un plan para resguardar las condiciones de seguridad de dichas instalaciones. En poco más de 24 horas, el ministro Jaime Gajardo informó sobre 17 acciones a seguir, considerando el reporte que previamente le habían entregado el director subrogante y el subsecretario Ernesto Muñoz, quienes se habían trasladado a Valparaíso para recorrer el penal.

Pero eso no fue todo. Bajo estricta reserva, a principios de esta semana desde el mando de la institución penitenciaria se ordenó una medida adicional: trasladar a los 140 reos más peligrosos del penal.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, se trata de una fórmula que considera a internos de alto compromiso delictual que serán derivados en operativos que se iniciaron el lunes y que se extenderán hasta el viernes 22 de agosto.

El objetivo es descomprimir la unidad en un momento calificado como crítico. Se les ingresará, según fuentes consultadas por este medio, en recintos que cuenten con las condiciones para albergarlos, más allá de que la mayoría se encuentra con sobrepoblación.

Durante la jornada de este miércoles, además, autoridades se reunieron con los distintos gremios para detallar las acciones a seguir, pues no se descartan nuevas intervenciones.

Hasta ahora los funcionarios en Valparaíso han materializado tres allanamientos masivos en las dependencias con el objetivo de incautar elementos prohibidos. La medida se ejecutó el día de la fuga, el sábado 16 y este martes 19.

140% de ocupación

Conforme al detalle que ha entregado Gendarmería, prácticamente todas las cárceles del país se encuentran sobrepasadas en sus niveles de ocupación. A nivel nacional, la ocupación alcanza el 140%.

En la Región de Valparaíso, de hecho, la ocupación es de 190,9%, según las cifras reportadas al 30 de junio.

Por lo mismo, entre las medidas que se analizan por parte de las autoridades está avanzar en la construcción de otro penal de gran envergadura en dicha zona porteña.

La idea sería sentar las bases para instalar un recinto con capacidad para 2.320 personas, entre imputados y condenados.

Avances en Valparaíso

Si bien registrada la fuga desde las asociaciones de funcionarios de Gendarmería se manifestó que llevaban meses denunciando que había serios riesgos en dichas dependencias, desde el Ministerio de Justicia han recalcado que las medidas para subsanar los problemas se están adoptando.

Fuentes consultadas detallan que la actual administración recibió el Complejo Penitenciario de Valparaíso con un sistema de cámaras operativas cercano al 40%. La mayoría no funcionaba debido a “vandalizaciones en las redes eléctricas y de datos” así como por el deterioro del sistema y la destrucción de las propias cámaras.

Con recursos provenientes del Ministerio del Interior, los últimos años se concretó una inversión de $1.200 millones para modernizar el sistema. Con eso se reemplazaron cámaras análogas con cámaras digitales con capacidad analítica y se aumentaron las unidades en 400%.

El proyecto sigue en curso y, según estimaciones del Ejecutivo, tiene un avance del 50%. Además, afirman que en 2024 se transfirieron $17 millones para la mantención del cerco eléctrico, el cual se mantiene totalmente operativo. Igualmente cuentan con sistema antidron.