La defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, solicitó su sobreseimiento en la causa sobre presuntos crímenes de lesa humanidad asociados al caso de Francisco Martínez, un malabarista callejero que falleció el pasado 5 de febrero en pleno centro de Panguipulli, Región de Los Ríos, tras recibir múltiples disparos de un suboficial de la policía uniformada al resistirse a un control de identidad.

“Como defensores del general director de Carabineros don Ricardo Yáñez Reveco hemos solicitado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su sobreseimiento definitivo respecto de los supuestos crímenes de lesa humanidad que se le pretenden imputar, ya que los hechos en que se fundan estas querellas interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos no serían constitutivos de un eventual crimen de lesa humanidad”, señaló Jorge Martínez, quien representa a Yáñez y a otros carabineros.

El profesional argumentó que “en ninguna de ellas se describen hechos que contengan los elementos comunes a esta clase de crímenes internacionales, tanto respecto de las disposiciones de la Ley 20.357 como por las normas establecidas en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional”.

Martínez también se refirió a la indagatoria que lidera la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich por hechos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre de 2019, tras una querella presentada en noviembre de ese año, y en la que se investiga al Presidente de la República, Sebastián Piñera; al ex general director de Carabineros, Mario Rozas; a los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y al intendente metropolitano, Felipe Guevara.

Según el abogado “los hechos se refieren a investigaciones de carácter doméstico y, por lo mismo, carecen de la gravedad y multiplicidad que requiere la ley internacional y chilena que tipifica estas conductas. Por otra parte la Fiscalía ha fijado una competencia temporal para esta investigación, un tiempo acotado entre el día 18 de octubre del año 2019 y el día 18 de marzo del año 2020, época en la cual el general director don Ricardo Yéñez no detentaba la jefatura máxima de Carabineros de Chile, y los hechos que se le atribuyen están fuera del periodo de tiempo fijado por el ente persecutor”.

“En Chile no se cometieron crímenes de lesa humanidad de acuerdo a los requisitos de gravedad reconocidos universalmente por los 125 países que conforman hoy la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Estamos pidiendo que exista un pronunciamiento de la justicia sobre este punto, confirmando la permanente voluntad del general director de Carabineros de colaborar en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Publico y, en especial, la Fiscal Perivancich sobre estos hechos”, señaló.

Eduardo Riquelme Portilla, abogado del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y Luis Hermosilla, representante del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, solicitaron también audiencia para discutir el sobreseimiento de ambas autoridades en la misma arista.

El carabinero Juan González Iturriaga fue formalizado por el homicidio simple del malabarista. La Corte de Apelaciones de Valdivia estableció medidas de arraigo nacional y firma quincenal para el uniformado.

En enero de este año la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó una querella por delitos de lesa humanidad en contra del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ampliando una acción similar interpuesta 12 meses antes a raíz de las acciones de control de orden público que aplican los funcionarios policiales en el marco de las manifestaciones. Tras lo ocurrido en Panguipulli la CCHDH presentó una vez más una ampliación de la querella argumentando que la omisión de parte de las autoridades en el cumplimiento de las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) formuló en su informe de diciembre de 2019, permitió y facilitó, a juicio de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la comisión del homicidio de Francisco Martínez.

El abogado Eduardo Riquelme, defensor del subsecretario Galli, sostuvo que “atenta en contra del sentido común que se intente establecer responsabilidad penal por un supuesto delito de lesa humanidad en contra de las autoridades más altas del país, sobre la base de una actuación policial que fue catalogada como legítima defensa por la Corte de Valdivia. Por eso hemos solicitado el sobreseimiento definitivo de esa investigación”.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó audiencia para el 2 de junio para analizar las solicitudes.