Tras el informe de Contraloría que reveló que 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera del país durante licencias médicas entre 2023 y 2024, el gobierno decidió endurecer su respuesta.

Este martes, el Ministerio de Hacienda anunció la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, que tendrá la misión de coordinar acciones a nivel central para enfrentar el uso indebido de este beneficio en la administración pública.

Además, la cartera instruyó a los servicios públicos del país a iniciar sumarios administrativos en un plazo de 72 horas contra quienes hayan incurrido en esta práctica, y a exigir el reintegro de los recursos percibidos durante las licencias irregulares.

“Una vez conocidos los antecedentes entregados por la Contraloría, desde el Ministerio de Hacienda enviamos una instrucción a los servicios públicos para que, en un plazo de 72 horas, puedan iniciar los sumarios respectivos con los funcionarios y funcionarias que hicieron un mal uso de las licencias médicas”, señaló la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

La medida, explicó, no solo busca establecer responsabilidades administrativas, sino también recuperar los fondos involucrados.

“La instrucción no es solamente para que se inicien las medidas disciplinarias correspondientes, sino que también se inicien los reintegros de esas licencias mal utilizadas”, agregó.

Comité de Ausentismo

La creación del Comité Nacional de Ausentismo marca el inicio de una estrategia tras la revelación del informe emanado por el ente fiscalizador, y será liderada por Hacienda.

El comité tendrá un rol articulador con los distintos servicios del Estado y buscará establecer lineamientos comunes para el monitoreo del ausentismo, la evaluación de riesgos y la aplicación de sanciones en casos de abuso.

La medida se suma al despliegue de un plan preventivo anunciado mediante el Oficio Circular N°16, en el que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ordenó la creación en cada subsecretaría y servicio público de comités locales de ausentismo. Estos deberán estar conformados por el jefe de servicio, el jefe de personal, el jefe de control interno y un profesional jurídico, y tendrán el mandato de monitorear mensualmente los patrones de uso de licencias médicas, levantar alertas internas y proponer medidas correctivas. Su creación debe formalizarse antes del 30 de mayo, con reporte a la Dirección Nacional del Servicio Civil.

“El objetivo es robustecer los controles internos y prevenir conductas indebidas que afectan la probidad y el buen uso de los recursos públicos”, señala el oficio.

La instrucción ocurre apenas horas después de que la Contraloría General de la República diera a conocer su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el que detectó 59.575 salidas y entradas del país registradas por funcionarios durante sus licencias médicas. El ente remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, y ordenó la apertura de sumarios en 788 instituciones públicas.

Entre los servicios con más casos figuran Junji, Fundación Integra y varias municipalidades, como las de Arica, Iquique, Puerto Montt y Puente Alto.

Martínez comentó que “para dar un orden de magnitud de qué significa esto, son más de 8 millones de días perdidos al año o, uno podría también llevarlo al gasto fiscal, lo que significa más de 350 millones de dólares que el Estado gastó el año pasado por suplencias y reemplazos“.

Reacciones del Congreso y del Colmed

El informe de Contraloría también generó reacciones inmediatas en el ámbito político. El diputado Andrés Celis y el senador Francisco Chahuán presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público. En su presentación, los parlamentarios aluden a eventuales delitos como fraude al Fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de documento falso y malversación de caudales públicos.

También anunciaron que solicitarán una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar el caso con la urgencia que amerita.

“Este no es un hecho aislado ni un error administrativo. Es una burla a los contribuyentes y una falta gravísima al principio de probidad”, señaló Celis. Por su parte, Chahuán sostuvo que “esto debe ser perseguido con todo el rigor de la ley” y llamó a aplicar sanciones también a los profesionales que emiten licencias sin respaldo médico.

Desde el ámbito gremial, el Colegio Médico de Chile expresó su “condena categórica” al uso indebido de licencias médicas, tanto por parte de quienes las solicitan como de quienes pudieran otorgarlas sin justificación. La directiva, encabezada por Anamaría Arriagada, anunció que solicitará los antecedentes de los médicos eventualmente involucrados para someterlos a los tribunales internos de ética del gremio.

Además, el Colmed propuso a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) una medida para fortalecer los controles: permitir que los profesionales de la salud accedan al historial de licencias médicas de los pacientes, como herramienta para prevenir abusos. La entidad también recalcó la importancia de evitar generalizaciones que puedan dañar la imagen del cuerpo médico que actúa conforme a la ética profesional.