Héctor Barros es uno de los fiscales más antiguos del Ministerio Público. Lleva 25 años como persecutor y durante su carrera se especializó en perseguir a bandas de narcotraficantes. En base a esa vasta experiencia es que es una voz autorizada para analizar cómo ha cambiado la criminalidad en Chile, ya que ha mutado -literal- frente a sus ojos y su trabajo.

Hace un par de semanas se cumplieron 20 años desde que la reforma procesal penal se instaló en la Región Metropolitana, el 16 de junio de 2005. Y pese a que la efeméride pasó casi desapercibida, el fiscal Barros dijo que la fecha los hizo reflexionar de cómo hace dos décadas perseguían el crimen organizado nacional, radicado en bandas que operaban en poblaciones de Santiago, asociadas principalmente al tráfico de drogas, y cómo todo eso mutó posterior a la pandemia con el fenómeno de la inmigración ilegal.

“Claramente hay un antes y un después con la llegada de extranjeros que vinieron a cometer delitos, se dio un paso al crimen organizado transnacional que está liderado por venezolanos, que es lo que estamos viendo ahora, y que se vinculan con el Tren de Aragua y sus diversos tentáculos”, sostiene.

Y aunque su trabajo se ha multiplicado, Barros no oculta el orgullo que lo invade cuando habla del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del cual es coordinador. “El Ministerio Público lo creó a tiempo”, dice, y agrega: “Con el nivel de bandas operando con delitos de homicidio con arma de fuego, secuestros extorsivos, drogas, hurtos, delitos cibernéticos y económicos que conlleva la transnacionalidad de este fenómeno, sin ECOH todo sería más complejo”.

Recuerdo que antes, la principal preocupación para ustedes en la Fiscalía Sur eran “Los Cara de Pelota” o “Los Cara de Jarro”, bandas que operaban en el sector de La Legua... ¿Era así?

Claro, hace 20 años comenzamos investigando criminalidad organizada basada principalmente en organizaciones vinculadas a la Ley 20.000, al tráfico de drogas, en ciertas poblaciones de la zona sur de Santiago, y eso nos permitió tener las primeras condenas de reforma tanto de asociaciones ilícitas como de tráfico. Había un factor extranjero, pero eran los proveedores de drogas que venían de Perú y Bolivia. Nos enfrentábamos a clanes familiares, a choros de población, a narcos territoriales.

¿Nada parecido a lo que se ve hoy con el crimen organizado?

Hasta el año 2019, y sobre todo pospandemia, empieza a producirse la inmigración ilegal y a partir de ahí hay un tremendo cambio en la relación con el tipo de criminalidad que tenemos. O sea, pasamos de una criminalidad nacional con pequeñas vinculaciones internacionales a tener una criminalidad transnacional muy fuerte, muy distinta a la cultura delictual que teníamos en nuestro país, donde la violencia y la utilización de armas de fuego, los secuestros y los homicidios son los pilares fundamentales de esas organizaciones.

¿Cómo se dan cuenta de este cambio en la conducta de los crímenes?

Antes teníamos bandas territoriales, que operaban en las poblaciones, principalmente en la zona sur, que era donde llegaba la droga y a partir de ahí se distribuía. Y eso nos daba la posibilidad, por lo tanto, de enfocarnos en ellas, donde teníamos la posibilidad de incluso ver su árbol genealógico hacia arriba y hacia abajo. En el tema de lavado, podíamos ver a nombre de quién ponían los bienes y era más fácil poder aislar esa organización, poder sacarla incluso completa, como ocurrió, por ejemplo, con “Los Cara de Pelota y Los Cara de Jarro”. Pero luego de la pandemia detectamos otro tipo de perfil, bandas que no tienen territorios determinados, que son inmigrantes, ilegales, no sabemos quiénes son, sus familias, de dónde vienen, sólo sabemos que ingresaron al país, pero no a trabajar -como efectivamente lo pueden hacer otros-, son sujetos que vienen a cometer delitos, que son parte del Tren de Aragua o de alguna de las organizaciones que tributan al Tren de Aragua.

Usted dice que “sólo vienen a delinquir”, en que notaron eso...

Mire, a modo de ejemplo, en la formalización por el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda, una de las defensas reclamó al tribunal que “cómo él iba a ser parte de una organización criminal si había llegado a Chile solo hacía seis días”. Y la respuesta que nosotros le dimos fue “sí, llegó hace seis días, y desde Ecuador le mandaron plata y teníamos antecedentes que lo vinculaban a dos secuestros”. Es decir, esa persona sólo había ingresado al país a cometer delitos, no vino a estudiar, ni a trabajar, ni a hacer turismo. Ese nivel de “profesionalismo delictual”, si lo quiere llamar así, no se daba en Chile.

¿Fue importante la aparición del delito de secuestro?

Ese fue un factor. Antes el delito de secuestro se daba en contextos de narcos, de quitadas de droga, pero nunca con objetivos extorsivos. Empiezan a aparecer los secuestros con homicidios, y el Tren de Aragua y organizaciones que operan bajo su alero empiezan a cobrar “tributos”.

¿Como así?

Hay un grupo que desarticulamos hace poco que operaba en Providencia, al que bautizamos como “El Enjambre”. Se dedicaba a lanzazos, robos por sorpresa, eran motochorros o sujetos que iban caminando y que se robaban celulares con violencia y después los revendían. Bueno, esa banda para operar tenía que “pagar” o “tributar” a una organización mayor, vinculada al Tren de Aragua, que controlaba esa zona. Ese tipo de conductas no era frecuente. Y al que no “tributa” o no paga, lo secuestran, y si no paga, lo matan. Eso comenzó a aparecer. En un inicio tanto los victimarios como las víctimas eran extranjeros. Comenzaron batallas entre colombianos, con el negocio de la droga, y los venezolanos, que principalmente trafican ketamina y tusi, pero de a poco hemos ido percibiendo cómo algunas víctimas comienzan a ser chilenos.

¿Como lo que pasó la semana pasada con el exalcalde de Macul Gonzalo Montoya?

Ese es un ejemplo, y tenemos también otros. En este caso, fue un procedimiento que tuvo éxito, porque él fue liberado y hay una investigación en curso, pero claro... de a poco vemos cómo ya no tan sólo se trata de secuestros de extranjeros. A eso se suma que ese tipo de delito, secuestro extorsivo, era bastante escaso y estaba subsumido a, por ejemplo, lanzas internacionales que se sabía que tenían alto poder adquisitivo, pero eran situaciones aisladas.

Aumentaron los secuestros acá en la RM, según dijo esta semana...

Por eso hemos entregado cifras que nos parece que deben ser vistas con una mirada estatal. Durante el primer semestre de este año, lo dije en un punto de prensa esta semana, sólo en la RM, ECOH registró un aumento de 28% en delitos de secuestro, comparado con el mismo periodo del 2024. Todo esto en contexto de crimen organizado. De hecho, en junio es la cifra que más nos preocupa, y es que si estábamos acostumbrados a que los secuestros y homicidios, en porcentaje, antes eran 20% y 80%, el mes pasado esto cambió y tuvimos 40% y 60%, respectivamente.

¿Qué se puede hacer?

Bueno, perseguir esos delitos como lo estamos haciendo, pero también debe haber un reforzamiento de la mirada supraterritorial y enfocarnos en los mercados delictuales, el lavado de activos y financiamiento. Algo que nos debe preocupar, también, ya con una mirada del sistema y del Estado, es que los chilenos son bastante consumidores de estos servicios o negocios ilícitos que ofrecen estas organizaciones. Es un tema como de oferta y demanda.

¿Se hacen cómplices?

Más que eso, derechamente se cometen delitos. Si usted consume servicios de niños, niñas y adolescentes que son víctima de trata de personas, o si usted consume tusi, drogas, o incluso si usted está disponible para comprar teléfonos robados, que es un delito, pues bien, usted también tiene las manos manchadas con sangre como el Tren de Aragua. De alguna forma usted está aportando a esa empresa delictual. La explotación sexual y el mercado de la prostitución en Chile también está a cargo de una facción del Tren de Aragua y lo grave es que el consumidor de todo esto parece no darse cuenta que él puede ser sujeto también de delito a través de la extorsión.