El 21 de febrero de este año el juez australiano Michael Lee rechazó una solicitud judicial de Adriana Elcira Rivas González, quien fuera secretaria del exagente de la DINA Manuel “Mamo” Contreras.

Rivas, quien se encuentra detenida desde 2019 en Australia por su participación como coautora en siete secuestros, ocurridos durante la dictadura, entre 1974 y 1977, buscaba obtener acceso a la totalidad de antecedentes que la Fiscalía de ese país consideró al momento de resolver favorablemente sobre su extradición a Chile. La Fiscalía de ese país apuntó a un “privilegio legal” para entregar los antecedentes, pero de manera parcial con algunos párrafos tachados.

Rivas es acusada de los secuestros de los dirigentes del Partido Comunista (PC) Reinalda Pereira, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Víctor Díaz.

El recurso legal de la “Chani”, como era conocida en nuestro país durante la dictadura, se sumaba a una serie de acciones que ha interpuesto desde su detención, buscando no volver a nuestro país a enfrentar los tribunales chilenos por los crímenes de lesa humanidad que se le imputan.

De hecho, este miércoles (anoche en horario chileno) se realizó una nueva audiencia en la Corte Federal de Australia, en la ciudad de Brisbane, hasta donde llegó el abogado de Rivas, Sean Baron Levi, para apelar de la decisión del juez Lee dictada a inicios de este año.

“Vimos que los argumentos presentados por el equipo del fiscal general han sido sólidos y coherentes. Nuestro estudio, representando a los familiares de las víctimas en Australia, confía en que se desestime la acción intentada por Rivas, espera que la justicia australiana rechace estas maniobras y que, de forma expedita, el Estado australiano proceda con la entrega de Rivas a la justicia chilena”, se señala en un comunicado del staff de abogados Navarro y Associates.

Argumentos en el tribunal

En la audiencia, que se realizó de manera telemática y que se extendió por más de dos horas, se debatió en una primera parte sobre el principio de “doble criminalidad”, lo que significa que el delito que se imputa debe estar tipificado tanto Australia como en el que pide la extradición, en este caso en Chile.

Zanjado ese punto, el fiscal cuestionó los planteamientos de la defensa de Rivas y señaló que “no hay injusticia” en sus acciones en el marco de la causa: “La señora Rivas alega que no hay suficiente información en la solicitud de extradición sobre sus presuntos actos u omisiones para determinar este delito”.

“El departamento fiscal no está de acuerdo con la interpretación de la señorita Rivas de una decisión del Tribunal Superior”, dijo más adelante.

“Las alegaciones del solicitante van mucho más allá, ya que existe una revelación parcial del razonamiento que forma parte de la conclusión final, donde parte de ellas están tachadas”, alegó por su lado el abogado de Rivas.

Tras escuchar los argumentos, la jueza Erin Longbottom decidió reservarse su veredicto y darlo a conocer en los próximos días.

“Acciones dilatorias”

El abogado Francisco Ugas, quien representa a familias de víctimas, señaló que “esta actuación de la defensa de Rivas es una más de aquellas conductas e incidencias dilatorias que ella ha promovido, dirigidas a retrasar el proceso de extradición”.

De hecho, ya en 2020, un año después de su detención, la mujer había presentado tres solicitudes de libertad condicional, las cuales fueron todas rechazadas. Ya por esas mismas fechas había presentado una apelación ante el Tribunal Federal australiano para evitar ser extraditada.

A ello se sumó que en 2021 la exagente de la DINA invocó a la Ley de Amnistía de Chile con el mismo fin. Según registros de prensa de ese entonces, quien fuera su abogado por esos días, Frank Santisi, apelaba a una ley aprobada en 1978 que protegería a los autores, cómplices y encubridores de delitos perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1978.

Una de las últimas movidas judiciales de Rivas se produjo en 2024 buscando que cualquier “fiscal, ministro o funcionario” la entregue a nuestro país.

“Nos asiste la más absoluta y total convicción que existe mérito fáctico y jurídico para que este planteamiento dilatorio se desestime y, así, la extradición de Adriana Rivas, requerida por nuestro Estado, se concrete y sea juzgada y condenada”, agregó Ugas este miércoles.

Rivas llegó a Australia en 1978, donde se radicó por 30 años efectuando labores como asesora de hogar. En 2006 viajó a Chile, donde fue detenida, aunque posteriormente logró volver a viajar a ese país.