El 14 de febrero de 2024, el exgobernador del Biobío Rodrigo Díaz informaba de la presentación de una demanda para exigir la devolución de $990.448.684 correspondientes a un convenio firmado con la Fundación ProCultura, todo en el marco de un crítico preinforme de la Contraloría General de la República y una vez ya estallados los líos de platas entre fundaciones y organizaciones del Estado.

El documento del ente contralor advertía irregularidades en la ejecución del proyecto y cuestionaba directamente el uso de los fondos. Entonces, Díaz aseguró públicamente que estaban “ejercitando acciones legales” y “en trámite de los cobros de las pólizas” para recuperar los recursos.

Sin embargo, 14 meses después, ya bajo la gestión del nuevo gobernador regional, Sergio Giacaman (ind., ChV), una revisión interna de los antecedentes judiciales reveló que la demanda nunca fue notificada ni tramitada. En los registros de la unidad jurídica del Gobierno Regional del Biobío no existía ninguna acción efectiva en curso, lo que derivó en una serie de medidas correctivas.

“Evidentemente nos percatamos de una situación que es grave y preocupante. Cuando asumimos solicitamos información actualizada sobre el estado de la demanda contra Fundación ProCultura, la que -según se nos informó por la administración anterior, e incluso durante el proceso de traspaso- ya estaba en tramitación”, dice Giacaman a La Tercera.

Esta revelación se produce en la antesala de una eventual formalización en una de las múltiples aristas que investiga el Ministerio Público respecto a la organización encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín. Se trata de una de las fundaciones con mayores montos involucrados en el también llamado caso Convenios: más de $6.000 millones están bajo la lupa de la Fiscalía, correspondientes a tratos suscritos en al menos siete regiones del país.

En ese contexto, los hallazgos detectados por el equipo jurídico de Giacaman desembocaron en que se instruyera la corrección inmediata del procedimiento, la notificación correspondiente y el inicio de un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades, posibles actos de negligencia y eventuales faltas de carácter penal.

“Al revisar los antecedentes no solo detectamos errores, sino que además durante más de un año no se realizó ninguna acción efectiva, porque la demanda nunca fue notificada. Por lo tanto, nunca se avanzó en el reintegro de los recursos”, añadió el gobernador.

A todo esto se suma que en el informe de traspaso que se realiza normalmente en un cambio de administración en una institución pública, sorprendió en el Gore del Biobío que no se comunicara la realización de la demanda anunciada por Díaz.

El escrito supuestamente presentado por la administración de la exautoridad contenía errores procesales y no cumplía con los requisitos mínimos para generar un expediente judicial válido. Nunca fue correctamente ingresado al sistema ni se notificó a la contraparte, lo que dejó en evidencia una cadena de fallas dentro de la unidad jurídica del gobierno regional.

“Aquí no solo estamos ante una omisión relevante, sino también frente a un problema que se repite: la ausencia de control jerárquico y seguimiento dentro de un servicio público. Esa falta de supervisión permanente impidió detectar y corregir a tiempo lo que hoy representa un perjuicio concreto al patrimonio regional”, sentencia Giacaman.

El caso adquiere aun más complejidad considerando que, semanas atrás, este medio dio cuenta que entre los políticos identificados como “sujetos de interés” por el Ministerio Público figuran al menos seis gobernadores regionales oficialistas, entre ellos el propio exgobernador del Biobío.

Frente a este escenario, la actual administración no solo decidió rehacer el proceso judicial y notificar formalmente a ProCultura, sino que también activó un sumario administrativo contra los funcionarios responsables. Además, desde el entorno de Giacaman aseguran que no se descarta que los antecedentes puedan ser remitidos al Ministerio Público.

“Por eso instruimos corregir de inmediato el procedimiento, notificar la demanda y abrir un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades”, concluyó Giacaman.

Este medio consultó al exgobernador Rodrigo Díaz para conocer su versión sobre estos antecedentes, pero declinó referirse al tema.

Sin embargo, desde su entorno aseguran que sí se iniciaron acciones legales contra la Fundación ProCultura, que se hicieron efectivas las pólizas correspondientes y que, durante el proceso de traspaso, se entregó toda la documentación necesaria para dar continuidad al caso. Añaden que hubo reuniones formales entre ambas administraciones y que la nueva gestión “tuvo tiempo suficiente para actuar”.