El 15 de septiembre, el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Jaime Calfil, envió una solicitud al Juzgado de Garantía de Los Lagos que repercutió fuerte en el marco de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, una dirigenta que era la presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel y una reconocida defensora ambiental.

En una petición reservada, la cual estuvo a la vista de La Tercera, pidió continuar con la medida intrusiva de la interceptación telefónica del empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, dueño del predio donde Chuñil fue vista por última vez.

El argumento del fiscal para mantener esta medida intrusiva era haber escuchado comentarios por parte del empresario, que figura como imputado en la causa, que hacían presumir su conocimiento del paradero de la dirigenta mapuche. De hecho, según se lee en ese escrito, mencionó a dos personas distintas la frase “la quemaron”.

Allí también el fiscal reconoce que este sujeto mantenía un “conflicto previo y sostenido” con la víctima, que surgió por la ocupación del terreno por parte de Chuñil y su familia. Ese caso se encontraba judicializado y actualmente se mantiene como archivado.

“La quemaron”

El fiscal argumenta que las escuchas telefónicas han arrojado pistas hasta ahora que han sido fundamentales en la indagatoria. “En el marco de la investigación, las interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente han sido especialmente relevantes. En algunas de estas conversaciones, Morstadt da a entender que maneja información sensible sobre el avance de la causa y sobre la situación de la víctima. Por ejemplo, en una llamada con su padre, se refiere a que ‘la quemaron’, y en otra conversación con una mujer, menciona expresiones similares, lo que ha sido considerado por el equipo investigador como indicio de conocimiento o participación en hechos posteriores a la desaparición”, se lee en el texto.

En otra parte, se añade que al empresario “se le vincula a información sobre armas de fuego no declaradas, lo que refuerza la necesidad de mantenerlo bajo especial escrutinio”.

Sin embargo, cuando a Morstadt la Fiscalía lo citó a declarar, el imputado se acogió a su derecho a guardar silencio.

Con estos antecedentes, la abogada de la familia de Chuñil, Karina Riquelme, llegó ayer a Santiago para plasmar en una denuncia estos hechos ante el Instituto de Derechos Humanos (INDH). Para Riquelme, la Fiscalía de Los Ríos no ha dirigido debidamente la investigación a partir de estos comentarios que podrían dar luces del paradero de la dirigenta, cuya pista se perdió el 8 de noviembre de 2024.

Riquelme afirma que no han presentado una denuncia por estos hechos en el Ministerio Público, pero que la Fiscalía está en conocimiento de su contenido y deberían ser ellos quienes inicien una indagatoria. Asimismo, afirma que ha solicitado reunirse con la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, pero no han obtenido respuestas.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, acompañó el miércoles a Riquelme al momento de hacer pública la denuncia. “Hemos estado monitoreando el desarrollo del caso y hemos estado en contacto con las abogadas de la familia Chuñil. En ese marco, hemos recibido de su parte graves denuncias de irregularidades que deben ser aclaradas”, señaló Bustos este jueves a este diario.

“Dadas las características de Julia –mujer, desaparecida, mapuche, defensora del medioambiente–, este es un caso que intersecta diversos aspectos relacionados a los derechos humanos, por ende nuestra organización ha mantenido contacto y prestado apoyo durante el proceso”, agregó.

Desde la Fiscalía señalaron que no entregarán declaraciones para este artículo. Quien sí se refirió a la denuncia fue el fiscal nacional, Ángel Valencia, en medio de una actividad junto al ministro de Seguridad, Luis Cordero. El jefe del Ministerio Público puso paños fríos a los dichos del imputado y dijo que el antecedente de que Chuñil habría sido quemada “es muy parcial” y “completamente sesgado”.

Según Valencia, se está investigando “una aparente filtración de una petición presentada por un fiscal ante el tribunal competente para justificar la solicitud de diligencias de investigación que requieren la autorización de un juez”. Por ese hecho la Fiscalía de Los Ríos inició una investigación por la filtración de estos antecedentes.

La máxima autoridad de la Fiscalía insistió en que hasta ahora no se puede deducir qué es lo que ha ocurrido con Chuñil, ya que, según dijo, “hay múltiples hipótesis de investigación o de explicación de los hechos”.

Distintos ribetes en la investigación

La indagatoria por la desaparición de Chuñil ha contado con varias diligencias que han llevado incluso a que la abogada de la familia acudiera hasta la Corte Suprema pidiendo que sus cercanos no sean tratados como sospechosos.

Dicha solicitud, representada en un recurso de amparo que fue ingresado en junio, surgía luego de que Carabineros llegara el 30 de enero hasta el inmueble de Chuñil para realizar una entrada y registro, bajo la sospecha de que sus propios parientes podrían estar tras la desaparición.

Fue ahí cuando tomaron declaración a Jeannette Troncoso, hija de Chuñil, a quien trasladaron hasta un furgón, donde la propia fiscal regional, Tatiana Esquivel, tomó declaración a la mujer, en un acto que la familia describe como constitutivo de apremios ilegítimos.

Antes, el 19 de diciembre de 2024, el Labocar había levantado desde la casa una prenda de vestir con una mancha de sangre que afirmaban era perteneciente a Chuñil. Sin embargo, según señaló su abogada, los peritajes concluyeron que, de nueve muestras encontradas, ocho pertenecerían a animales y la última no era concluyente. “Nosotros somos inocentes de la desaparición de mi madre”, decía por esos días el hijo de Chuñil, Pablo San Martín.

Eso sí, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo.

Diputada pide comisión especial

En tanto, la diputada del Frente Amplio Ericka Ñanco este jueves presentó una solicitud para crear una comisión especial por el caso Chuñil. En dicha instancia pide que se citen al fiscal nacional, Ángel Valencia, al director general de Carabineros, Marcelo Araya; al director nacional de la PDI, Eduardo Cerna; y a los ministros de Seguridad, Luis Cordero; de Justicia, Jaime Gajardo y de Defensa, Adriana Delpiano.

En los argumentos de la solicitud de la diputada mapuche se señala que “alrededor de la persona desaparecida circularon distintos tipos de amenazas por parte del señor Juan Carlos Morstadt Anwandter, quien adquirió el predio el año 2008 y que ha mantenido constantes conflictos con las comunidades mapuche del sector, limitando su capacidad de talar el bosque nativo que allí habita”.

“Resulta imprescindible que esta Honorable Cámara ejerza su rol fiscalizador ante la gravedad de los antecedentes conocidos públicamente, requiriendo información oficial y coordinada de todas las instituciones del Estado involucradas en la búsqueda, investigación y protección de los derechos humanos en este caso”, se añade en la solicitud.