El 1 de agosto de 2024, reportes de funcionarios del Servicio Mejor Niñez dieron cuenta de cómo un grupo de adolescentes de una de las residencias de Quillota, Región de Valparaíso, se subieron a un auto a cambio de tusi. Al regresar al hogar no recordaban mucho más que la insistencia del hombre mayor que conducía el vehículo.

El grupo se cuenta entre los 22 menores, de un total de 27 niños atendidos en esa residencia, que ese año fueron víctimas de explotación sexual.

La cifra la expuso un informe interno -fechado en enero de 2025- que alertó de diferentes sucesos que podrían ser indicios de explotación sexual.

En este, los funcionarios del Servicio Mejor Niñez de Quillota relataron -entre otras cosas- que en varias ocasiones hombres gritaban desde el exterior instrucciones a las niñas para que saltaran el muro perimetral. Lo que buscaban era darse a la fuga en diferentes vehículos, la mayoría de ellos identificados por los funcionarios.

Uno ejemplo de ello ocurrió el 1 de septiembre de 2024, cuando de una camioneta blanca, que se estacionó afuera de la residencia, bajaron dos hombres adultos que se acercaron a las monitoras para consultar “si había niñas disponibles”.

En el documento se añade también el uso de aplicaciones como Telegram y Grindr, por sujetos que las utilizan como forma para atraer a las víctimas con dinero, drogas y manipulaciones afectivas.

Estos episodios forman parte de una fuerte alza de delitos de explotación sexual a menores. A principios de diciembre, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez dio cuenta que entre 2022 y 2024 las denuncias por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes aumentaron un 73%, especialmente en contra de adolescentes y niñas, quienes representan un 90% de los denunciantes. Hasta octubre de 2025, la Región Metropolitana registraba 225 víctimas por casos de explotación, mientras que Valparaíso, la segunda región con más casos, contabilizaba 118 víctimas.

Ante el aumento de denuncias, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, muestra especial preocupación respecto a que “la mayoría son delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado. Ya sea parte de algún programa en residencias, ambulatorios, programas de administración directa o en programas que están ejecutados vía colaboradores acreditados”.

El director señala que desde 2019 a la fecha el organismo ha presentado 56 querellas por explotación sexual; de ese total, 43 corresponden a niños que se encuentran bajo el cuidado estatal. Solo cinco de los recursos judiciales finalizaron en condenas y los demás se encuentran en proceso de investigación o desformalizados.

Desde la Defensoría precisan que solo pueden intervenir ante los tribunales "cuando se trate de hechos de gran impacto o conmoción pública, en casos en los que las instituciones no han funcionado o al involucrar a más de un niño o niña".

La autoridad también pone énfasis en que “esta es una problemática que ya no es un fenómeno. Ahora, lamentablemente, es una conducta. Es una forma de delinquir que se ha instalado en el país”.

Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo, profundiza que hay casos de “niñas que nunca fueron víctimas de explotación y llegan a un lugar en donde terminan siendo explotadas bajo protección estatal”.

Detrás de la explotación

A fines de agosto de 2024, los funcionarios de la residencia en Quillota volvieron a registrar acercamientos ilícitos de adultos. Esta vez, se trató de mensajes a través de Grindr con ofrecimientos de drogas y dinero, los cuales también quedaron estampados en el expediente. Con nombres de fantasía, las víctimas sostuvieron conversaciones con hombres mayores que les prometían ropa, drogas e incluso peluches, algunos de los indicadores al interior de las residencias para identificar un potencial caso de explotación sexual.

El problema -según una monitora que se desempeña hace tres años en el Servicio Mejor Niñez- es que las niñas que son víctimas ingresan a sus residencias con cosas nuevas y “son las bacanes”.

“Son las que la llevan. Es muy difícil, porque las demás al tener carencias de todo tipo quieren imitar este tipo de conducta y también se sienten protegidas. De hecho, se da mucho la dinámica de la mamá. ‘Esta niña es mi mamá porque me cuida y me da cosas’”, detalla la funcionaria, que prefiere resguardar su identidad.

Desde el Servicio Mejor Niñez explican que han identificado distintos tipos de victimarios, la mayoría de los cuales son hombres de 22 a 50 años. En el caso de las víctimas menores de 10 años, estos tienden a ser integrantes del núcleo familiar, mientras que cuando se trata de preadolescentes, esto se amplía a agentes de la comunidad. Para las adolescentes, en tanto, aparece con fuerza la figura de los captadores o facilitadores, que generalmente son conocidos que tienen lazos con bandas criminales.

Sin embargo, el director de la institución, Claudio Castillo, subraya que, sobre todo, “son personas comunes y corrientes”.

La misma idea refuerza el fiscal especial de Delitos Sexuales de Valparaíso, Álvaro Mancilla, quien tiene a su cargo 120 causas de explotación agrupadas en 12 investigaciones.

“No existe un perfil único de explotador sexual. Son distintos tipos de situaciones y de delitos que se cometen. Por un lado, esto tiene directa relación con el crimen organizado, ya sea drogas, armas o trata de personas, pero también hay situaciones mucho más aisladas, en que una sola persona busca a niñas, niños y adolescentes para explotarlos. Son distintas situaciones y todas tienen la misma gravedad”, resalta.

Si bien el incremento también se explica porque hace tres años se tipificó el delito de explotación y se incorporó la sanción a la transmisión de material infantil abusivo por dispositivos tecnológicos, de todas formas hay otros factores que explican el alza nacional.

Para la Defensoría de la Niñez este aumento tiene mucha relación con el incremento de delitos violentos que tienen como víctimas a las infancias: en 2024 un total de 51 niños fallecieron producto del uso de armas de fuego.

Aunque también hay regiones como la de Valparaíso que tiene su propio diagnóstico. Desde la Defensoría detallan que las bandas criminales que operan en la zona portuaria hacen más fácil la circulación de drogas, así como el turismo incide altamente en los casos de explotación sexual infantil.

El director del Servicio Mejor Niñez explica que “hay estadísticas que plantean que hasta un tercio de la explotación sexual está relacionada con el turismo sexual. Por eso es clave el trabajo que hacemos con Sernatur para verificar la filiación. Por ejemplo, si hay un adulto con un adolescente, hay que verificar cuál es la relación entre ambos. Esto, sobre todo, en hoteles, hostales, moteles, de manera que los operadores turísticos también cumplan un rol en materia de prevenir la explotación sexual”.

El caso de Punta Arenas

Las elevadas cifras de explotación también se extienden a otras regiones, como Magallanes. Esta se situó hasta octubre de 2025 como la región con la tasa más alta a nivel nacional, con 68,9 víctimas de explotación sexual por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes.

El fiscal regional Cristián Crisosto recuerda que en mayo de 2023, cuando fue designado persecutor en esa zona, el foco que saltó a su vista de “manera inmediata” fue la cantidad de casos de delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

“Básicamente, era un fenómeno que se venía incrementando hace varios años, pero que, de alguna forma, no se estaba abordando de la manera adecuada”, señala Crisosto.

En 2025 la Fiscalía ha logrado 14 condenas por delitos de explotación sexual. Acorde al fiscal Crisosto, las denuncias se concentran principalmente en dos establecimientos residenciales para menores. Y pese a que no hay una acreditación de que los sujetos conformen una red criminal, sí hay antecedentes de que algunos de ellos se conocen entre sí e intercambian información.

“En todos los casos, en los 14 condenados, más los nueve que están actualmente en prisión preventiva, existió intercambio de drogas, alcohol, dinero. Ese es el método de vinculación o condicionamiento”, precisa.

Para explicar las cifras, la jueza de Familia de Punta Arenas, Katty González, afirma que “en principio la llegada de la droga ha sido uno de los principales gatillantes. Nosotros no teníamos consumo, o sea, los chicos consumían marihuana, pero llegó con fuerza la cocaína y ha sido un problema”.

Por lo mismo, han coordinado una mesa interinstitucional para monitorear el alza de denuncias. Pese a los esfuerzos, la magistrada precisa que la complejización de las patologías de las víctimas excede a los servicios públicos de la región.

El fiscal Crisosto es consciente de los desafíos, sin embargo, manifiesta: “Estamos en buen camino, pero naturalmente este es un fenómeno sumamente amplio, no es una niña en la comuna, no es una niña en la región, son más casos”.

Un perfil desconocido

El acceso y expansión de las redes sociales ha sido clave para la facilitación de este delito. Por esto mismo es que desde 2022 la transmisión de imágenes sexuales fue calificada como un tipo de explotación.

El uso masivo de aplicaciones o sitios web para difundir imágenes de menores quedó plasmado en las operaciones Orión a cargo de la Policía de Investigaciones, que comenzaron el 2022 en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Concepción. En los operativos se detectó un total de 179.947 imágenes y 37.902 videos de abuso sexual infantil, algunos de los cuales habían sido grabados por los mismos sujetos que integraban la red. Así, el operativo dejó a casi cien sujetos detenidos por su participación en dichos foros.

El comisario Mauricio Araya, de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, aclara que para las investigaciones que involucran redes sociales es fundamental la cooperación con las compañías telefónicas: “Nos van a poder proveer de datos técnicos que nos van a facilitar o a ayudar en el curso de la investigación para determinar la identidad del imputado y posteriormente identificar de dónde se gestionó una cuenta o si existe almacenamiento, distribución e inclusive localizar e identificar a otras víctimas”.

Junto con las complejidades tecnológicas de este tipo de investigaciones, también existen otras dificultades. El subprefecto Orlando Vidal Vargas, subjefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana, indica que “los explotadores generan un sentido de responsabilidad en los niños, especialmente cuando reciben compensaciones. Esto retrasa la revelación de la situación de abuso y puede impedir que las víctimas abandonen la dinámica de explotación”.

La funcionaria del Servicio Mejor Niñez conoce bien esas dinámicas. Con su experiencia en el trato con las niñas, señala que es habitual que las víctimas no reconozcan a su agresor y más bien lo consideren como su “pololo”.

El fiscal Mancilla, de Valparaíso, especializado en delitos sexuales, va más allá con la complejidad de estos casos y apunta a la falta de sensibilidad en la ciudadanía: “Hay causas que son socialmente más relevantes, como homicidios, delitos contra la vida, delitos sexuales de otra entidad, pero en este tipo de casos estamos muy solos a nivel social. Hay muy poco apoyo social, porque muchas de nuestras víctimas no son consideradas víctimas por el sistema social, son consideradas niñas problemas, niñas complicadas, niñas complejas, y eso no es así, son tan víctimas como las otras, con la gravedad de que están aún más vulneradas que el resto”.