El lío por las los masivos sumarios administrativos ordenados por la Contraloría General de la República (CGR) luego de detectar a 25.078 funcionarios públicos que salieron de Chile durante sus licencias médicas, sumó este jueves un nuevo capítulo: el ente fiscalizador ahora apunta a las instituciones a cargo de llevar el control de los reposos.

Y es que, además de instruir a las 788 entidades de abrir pesquisas por su cuenta para dar con probables irregularidades, y de derivar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, ahora la organización que comanda Dorothy Pérez pone sus ojos directamente en la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), instituciones a las que les inició un sumario administrativo “para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondía realizar a dichas entidades en esta materia”.

Y mientras en Fonasa declinaron referirse a esto, en la Suseso la superintendenta, Pamela Gana, señaló que ellos no fiscalizan a las personas que hacen uso de las licencias, pero sí que está regulado por su entidad cuando una licencia se rechaza o se acepta por parte de las contralorías médicas de los seguros de salud respectivos, así como también fiscalizan a los profesionales de la salud.

Por su parte, Valeria Céspedes, directora del COMPIN señala que su institución, en el ejercicio de sus atribuciones legales, “ha desarrollado un trabajo sistemático de fortalecimiento de los mecanismos de control, lo que ha permitido detectar situaciones irregulares en el uso indebido de licencias médicas”. Esos antecedentes, añade, han sido derivados al Ministerio Público y han dado origen a sumarios administrativos, algunos de los cuales ya contemplan propuestas de destitución. Y cierra: “En esta misma línea, la COMPIN continuará colaborando activamente con todas las instancias que correspondan en el desarrollo del presente sumario”.

Lo cierto es que durante la misma jornada de jueves la CGR también dio a conocer a otras 37 instituciones públicas con trabajadores sospechosos de haber mal utilizado sus licencias médicas, entre las que se cuentan servicios, bancos y hospitales.

Inicialmente fueron 13 las entidades que se dieron a conocer, pero en la medida que se le ha ido oficiando al resto, también se han develado cuáles son.

Así, en el puesto 14 con más reposos bajo la lupa está el Servicio Nacional de Protección a la Niñez, que registró a 318 funcionarios que realizaron viajes en periodos de licencia.

Le sigue el Banco del Estado de Chile, con 317 casos; Gendarmería, con 313; el Ministerio de Obras Públicas, con 312; la Municipalidad de Santiago, con 311, y la Municipalidad de Talca, con 307.

Más abajo en la lista se encuentra el Hospital Sótero del Río, con 281 casos; la Corporación Municipal de Viña del Mar (270), el Hospital El Carmen (269), el Servicio Nacional de Menores (243), SLEP Iquique (228), SLEP Magallanes (227) y SLEP Barrancas (224).

Diversas corporaciones de La Serena (223), Rancagua (221), La Florida (217) y Valparaíso (209) cierran el top 30. Otros hospitales y municipios, Metro y el Servicio Agrícola y Ganadero aparecen más atrás, entre otros.

Ocurre también que el golpe comunicacional que supuso el informe de Contraloría ahora obliga a otro tipo de actuar a las instituciones apuntadas por el ente fiscalizador, como aquellas de donde provienen los funcionarios bajo la lupa. Y así, dichas entidades han tenido que reaccionar más allá del Comité Nacional de Ausentismo y los respectivos comités locales mandatados por Hacienda, o los propios sumarios instruidos por Contraloría.

“No nos sorprende”

Puertas adentro, en las instituciones identificadas por la Contraloría General de la República (CGR) como parte de las entidades públicas en las que más funcionarios habrían viajado fuera del país -de los 25.078 identificados en total- mientras estaban con licencia médica, no fue un desconcierto. Incluso, reseñan que el Ministerio de Hacienda venía planteando hace rato la problemática.

Algunas dicen, de hecho, que venían trabajando el tema desde antes de que la CGR diera a conocer la información, y que ejemplo de eso es que en algunos casos ya hay sumarios en curso.

Así, por ejemplo, lo hacía ver apenas estallado el caso la Subsecretaría de Educación Parvularia, de quien dependen Junji (2.280 funcionarios en la lupa) e Integra (1.934), las dos instituciones con más funcionarios bajo la lupa de todo el país. En Junji ya se habían pesquisado 221 casos de licencias irregulares, que se habían traducido en la apertura de procesos disciplinarios, con fiscal de dedicación exclusiva, entre las cuales se consideran justamente beneficiarios que salieron de Chile durante el período de reposo. Integra, en tanto, ya avanzaba en la implementación de un convenio con la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), entidad a cargo de fiscalizar la administración de licencias.

En un tono similar, desde la Subsecretaría de Salud Pública, donde se registran 393 casos en la mira, reseñan que la información de la CGR va en línea con los hallazgos ya observados por la Compin, a través de la cual han realizado 293 denuncias al Ministerio Público por licencias falsas, doble empleador y salidas del país. “Además, se han iniciado los respectivos sumarios en las instituciones y, muy importante, se han rechazado todas las licencias médicas asociadas a estos funcionarios para que realicen la devolución de los recursos mal habidos”, aseguran.

En lo inmediato, en varias de las entidades públicas consultadas no se descarta abrir, por ejemplo, canales de autodenuncia en las próximas horas.

Pero también se apunta a acciones más duras y concretas, donde varias de estas instituciones en las que se habían abierto sumarios pedirán acelerar el trabajo de esos fiscales con dedicación exclusiva. Fuentes ligadas a esos casos aseveran que si las pesquisas dan cuenta que las situaciones que se reportan son indebidas, eso implica indefectiblemente una destitución. Pero que primero hay que pasar por ese sumario, porque el Estado obliga a los debidos procesos.

En Puerto Montt, el alcalde Rodrigo Wainraihgt (RN), quien califica como un “escándalo” la detección de 482 licencias médicas en su municipio, instruyó a la Unidad Penal analizar la existencia de licencias “ideológicamente falsas” y contrató a un abogado con dedicación exclusiva para revisar cada uno de los casos. La administración local evalúa además acciones judiciales contra los funcionarios involucrados, aunque están a la espera de los detalles por parte de Contraloría, donde siguen enviando los oficios respectivos.

Mientras, al mediodía de este jueves se estaba llevando a cabo una reunión en la Municipalidad de Puente Alto (363 licencias) para resolver un paquete de medidas, en tanto que en Punta Arenas el alcalde, Claudio Radonich (RN), señala que la responsabilidad recae en cada uno de los 369 trabajadores cuestionados. “Estamos a la espera de que llegue la información para poder tomar acciones judiciales si corresponde”, dice.

En la Municipalidad de Temuco, donde se detectaron 342 licencias médicas irregulares, el municipio instruyó a su Dirección Jurídica solicitar los antecedentes completos a la Contraloría antes de tomar medidas inmediatas.

En la U. de Chile, en tanto, también venían monitoreando antes de este informe el problema y ahora están a la espera de que les sea entregado el detalle de las personas -y sus licencias- que están en la mira. Sin tener la información específica, exacta y corroborada, dicen en la interna, es complejo avanzar en otras acciones más concretas o complementarias, las que de todas formas, aseguran, están estudiando.

“Se está solicitando la información de modo de poder adjuntarla a lo que ya veníamos realizando de seguimiento a este tema, de modo de poder solicitar las acciones reglamentarias correspondientes de acuerdo a la normativa regular”, asevera Sergio Olavarrieta, vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.