Una vez que la Cámara de Diputados despachó el martes al Senado con amplia mayoría el proyecto de ley Escuelas Protegidas, uno de los llamados que recibió la ministra de Educación, María Paz Arzola, fue del mismísimo Presidente José Antonio Kast, quien la felicitó personalmente por el primer éxito legislativo del Ejecutivo y que estuvo a cargo, justamente, de la cartera educativa. “El proyecto bsca, dentro de lo que se puede, dotar a los colegios de herramientas para enfrentar una situación que ya está dentro y que no está pudiendo ser bien enfrentada”, dice la secretaria de Estado.

¿Cuál es su diagnóstico de la violencia escolar? ¿Por qué se llegó a este punto?

A grandes rasgos hay un problema de inseguridad que ya traspasó las fronteras de los establecimientos y también hay un problema en la capacidad que tienen los colegios de poder hacer frente a estos hechos. Esa falta de capacidad pasa en gran medida por el debilitamiento de la autoridad de los docentes.

¿A qué lo atribuye?

Es un proceso gradual donde influyen muchas dimensiones, pero lo propio de la educación es que en la última década -o más- ha habido una tendencia a sobrerregular procesos normales de la escuela, que al final buscan sustituir el criterio del profesor por un protocolo. Eso quita atribuciones, respaldo y autoridad. Y eso surge porque se le ha pretendido entregar a las escuelas la responsabilidad de resolver problemas, incluso sociales, que les exceden, siendo que no necesariamente tienen las atribuciones.

¿Escuelas Protegidas va a resolver los problemas de violencia?

Escuelas Protegidas surge en un contexto en que necesitamos una respuesta urgente y la respuesta urgente es buscar mecanismos que eviten la comisión de delitos en los colegios. Son medidas voluntarias para aquellos que así lo necesitan y que buscan frenar abiertamente el ingreso de armas y que se cometan delitos. El proyecto también contempla entregar a los docentes atribuciones para poner orden en la sala y también realiza algunos cambios a la forma de denunciar.

La crítica apunta a que el proyecto tiene medidas punitivas y no formativas.

Escuelas Protegidas busca dar una respuesta urgente a un problema y se inserta dentro de medidas que ya se han llevado a cabo, como la aprobación de la ley de convivencia. Estamos trabajando en los reglamentos para ir implementando todo. Estamos trabajando con los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Deportes, con Seguridad, entendiendo que los problemas de delitos al interior de los colegios son problemas que exceden lo que puede hacer un establecimiento.

¿Y exceden lo que puede hacer el Mineduc? Una de las grandes críticas de quienes hoy gobiernan era la falta de proactividad del Mineduc ante hechos. ¿Cómo actuará en lo inmediato?

Presentamos Escuelas Protegidas para lo que tiene que ver con el ámbito delictual y en las otras materias lo que hemos hecho es respaldar que los sostenedores y equipos puedan tomar las medidas necesarias para preservar la seguridad en sus colegios.

¿Basta con eso?

Es lo que podemos hacer desde Educación y es importante que los equipos tengan respaldo para tomar las medidas.

Las críticas al proyecto apuntan a que la revisión de mochilas lleva a ejercer labores distintas. También que solo evita que el problema entre al colegio.

El problema ya está dentro de los colegios. Los equipos escolares ya están teniendo que enfrentar problemas de inseguridad, de delito y de violencia. No es que lo estemos introduciendo. Lo que buscamos es entregar más facultades para que los colegios que así lo estiman puedan desplegar acciones que hoy día no tienen permitidas. Es una demanda que surge de quienes están preocupados. Hay que hacerse cargo.

¿Cómo se puede asegurar que los colegios no van a terminar lamentando más agresiones a profesores? Pretender que todo ocurra como está escrito en la ley es un poco iluso.

La idea, de hecho, es no sobrerregular a través de la ley, sino poner a disposición y que los colegios vean si y cómo las incorporan, justamente porque tienen que ser atribuciones muy situadas a la realidad de cada uno. Y lo segundo es volver a lo anterior: el problema ya existe. Lo que queremos es que las armas no ingresen y acá también importan las señales. Cuando endureces las penas, inhabilitas para gratuidad, agravas las sanciones, la señal es ‘no traiga un arma, no cometa actos violentos’.

¿Es realmente disuasivo perder la gratuidad para quien ya decidió armar una molotov?

Las señales importan y generan cambios en las conductas y es lo que esperamos acá cuando dices que los recintos escolares son sagrados, e idealmente que todos se sumen a decir lo mismo.

¿Cómo se lee la señal de que en el oficialismo hay voces, como Ximena Ossandón (RN) en contra de perder la gratuidad?

No estamos negando ni el acceso a la educación superior ni la posibilidad de beneficiarse de otras ayudas del Estado. También es acotada por un plazo que se puede reducir en caso de que un juez acredite la reinserción. Estamos tranquilos con la medida.

¿Hay espacio para conversar?

El diputado Barría (DC) nos pidió precisar que los delitos que inhabiliten estén circunscritos al espacio escolar, un cambio que vamos a proponer en el Senado. Otros parlamentarios han pedido repensar los cinco años, una discusión que estamos abiertos a tener.

También hay parlamentarios que piden quitar más que solo la gratuidad.

Es una conversación legítima y que no nos cerramos a acoger, siempre y cuando hayan acuerdos en el Parlamento.

¿Ve que pueden avanzar las reservas de constitucionalidad?

Nos tomamos un tiempo para discutir el proyecto con los abogados, incluso con el Ministerio de Justicia. Nos preocupamos de que sea un proyecto que no tuviese ese tipo de problema. Lamento que se vaya a dilatar por tener que pasar por instancias como esa, pero tuvimos cuidado y no vemos dónde están esos espacios de inconstitucionalidad.

Ha habido reparos, también a propósito de la agresión a la ministra Lincolao, que se debe resguardar el derecho a manifestarse.

El país pasa por un período en que se ha tratado de mejorar la asistencia escolar y acá la señal es clara en cuanto a la importancia de asegurar la continuidad de clases, de garantizar el derecho a a la educación. El derecho a manifestarse no puede ser contrario a darle continuidad al proceso educativo y a garantizar el derecho a la educación.

Las medidas de contención de la gratuidad que se anunciaron en la megarreforma pusieron sobre la mesa la idea de que en lo financiero esta política pública como que se fue de las manos.

El proyecto de ley buscar contener el aumento del gasto hacia el futuro en la educación superior. Cuando se tramitó la ley no se dimensionó el alto costo que esta significaría para el país, no solamente en términos absolutos, sino que de todas aquellas cosas que no se pueden financiar. Lo primero es frenar el avance, mantenerlo hasta el sexto decil, evaluar el efecto que está teniendo sobre el funcionamiento de las instituciones de educación superior.

¿Le parece correcto seguir avanzando hacia la gratuidad universal?

La urgencia no está en la gratuidad universal. Hoy día la urgencia está en la educación parvularia o escolar. Por eso pienso que es un buen momento para hacer una pausa.

¿Hay abierta una discusión ideológica detrás de esto?

A estas alturas no tiene sentido tener una discusión ideológica sobre este tema, lo importante es pensar en los objetivos que hay detrás. Cuando tú estás hablando de un sistema de financiamiento estudiantil de la superior, el objetivo es mejorar la equidad y el acceso a la educación superior y si bien la gratuidad claramente es un beneficio que se aprecia, que facilita el acceso, si uno mira los números la masificación de la educación superior se produjo antes de la gratuidad. Y este beneficio lo que ha aportado en términos de dar mayor equidad en el acceso, ha sido, en el mejor de los casos, muy marginal.

La OCDE dice que la probabilidad de que jóvenes de familias sin educación secundaria accedieran a la universidad aumentó 7 puntos porcentuales, más del doble del promedio de la organización de 3 puntos porcentuales.

Ahí nos podemos meter en un tema metodológico. Pero lo importante es que si uno mira la trayectoria de cómo ha ido creciendo en el tiempo el acceso a la educación superior, no se observa que desde que se introdujo la gratuidad haya habido un cambio de tendencia, es un fenómeno que veíamos desde antes. Todavía la cobertura de educación superior en el decil de mayores ingresos es mayor que en el decil de menores ingresos.

¿De dónde recortará el Mineduc su 3%?

Estamos trabajando muy seriamente en este tema. Hemos estado trabajando con Dipres porque entendemos el requerimiento. Ahora, el Mineduc tiene un gasto comprometido por ley muy significativo, eso requiere de hacer un ejercicio muy serio de encontrar dónde hay espacios de subejecución, de identificar programas que no están funcionando como debieran. Ese trabajo lo hemos estado haciendo, y hemos tenido una buena acogida de la Dipres en términos de poder discutirlo.

¿Qué programas no están cumpliendo?

Prefiero no anticipar nada por la razón de que yo también quiero que resulte bien, y si anticipo algo, puede que no resulte bien.

¿Podría ser que el Mineduc no recorte el 3%?

Quizás es más, quizás es menos, no lo sé. Estamos trabajando en hacerlo bien.

¿Y qué dice del oficio de Hacienda para la elaboración del presupuesto del periodo 2027-2031, donde se recomienda recortar ciertos programas?

Se está dando inicio a ese proceso, lo que recomienda Hacienda proviene del monitoreo y evaluación de los programas. Pero eso debe ponderarse con otras variables y para el Ministerio de Educación no está en duda la continuidad de programas tan importantes como la alimentación, la lectura y otros soportes clave para el servicio educativo.

Los episodios de amenazas recientes, ¿son algo acotado a un fenómeno de imitación?

Yo espero que sea un hecho acotado, porque al final, más allá de la veracidad o no de esas amenazas, lo que nos preocupa es dar la señal de que las clases no se pueden suspender, de que el derecho a la educación depende de que toda la comunidad esté comprometida con mantener siempre las clases.