En el debate tributario suele instalarse una dicotomía poco productiva: crecimiento o responsabilidad fiscal. Sin embargo, esa oposición es más ideológica que real. Una economía que aspira a generar empleo de calidad y mejorar las remuneraciones necesita una inversión sostenible, y esa inversión requiere reglas claras, una carga impositiva razonable y un marco que premie el riesgo productivo. Sin empresas que expandan su actividad, el crecimiento se estanca y las oportunidades se reducen, especialmente para quienes dependen del empleo formal.

Desde esa perspectiva, las medidas que propone el proyecto de reconstrucción tales como la rebaja del impuesto corporativo, junto con la reintegración y la invariabilidad tributaria, apuntan en la dirección correcta. No se trata de favorecer rentas personales a las personas de mayores ingresos ni de entregar beneficios a una élite abstracta ( que han denominado “los ricos”), sino de reducir el costo de invertir, fortalecer la liquidez empresarial y estimular la reinversión. Cuando los recursos permanecen en el núcleo productivo —en maquinarias, innovación o expansión— se activan encadenamientos virtuosos que impactan directamente en el trabajo y la formalización.

Ahora bien, ningún cambio estructural es neutral desde el punto de vista fiscal. El diseño del proyecto explicado en su informe financiero descansa, en una primera etapa, en fuentes de financiamiento transitorias que buscan generar liquidez inmediata. Ese esquema puede funcionar si la recaudación esperada se materializa; pero también implica riesgos relevantes. Una parte importante de los ingresos depende de decisiones voluntarias de los contribuyentes, históricamente difíciles de anticipar. Si esos flujos resultan menores a lo previsto, el balance fiscal se tensiona justo cuando comienzan a operar rebajas permanentes.

Por eso, el verdadero desafío no está solo en promover el crecimiento, sino en resguardar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Aun en un escenario optimista, es probable que el corto plazo muestre déficits fiscales que obliguen a actuar. Ese ajuste no puede recaer en medidas coyunturales ni en soluciones reversibles, sino en una revisión estructural del gasto, con ahorros efectivos y permanentes. De lo contrario, la alternativa será mayor endeudamiento o correcciones posteriores que dañen la credibilidad del marco fiscal.

Crecer y cuidar las finanzas públicas no son objetivos contradictorios. Son condiciones complementarias. Un sistema tributario que incentive la inversión, combinado con disciplina en el uso de los recursos estatales, es la única vía realista para ampliar la base tributaria en el tiempo, esto es, que más personas contribuyan al erario fiscal, y sostener así políticas sociales sólidas, y no desfinanciadas como ha sido hasta ahora.

A esta altura, además, resulta evidente que perseverar en la misma estrategia no nos llevará a un resultado distinto. Chile lleva demasiados años creciendo poco, creando empleo de manera insuficiente y perdiendo dinamismo relativo frente a economías comparables. El diagnóstico está hecho hace tiempo y la inercia se ha transformado en un costo que pagan, principalmente, quienes dependen de oportunidades laborales y de movilidad social. Insistir en un marco que no genera los incentivos adecuados equivale a administrar el estancamiento. Si queremos retomar una senda de desarrollo sostenido, es indispensable atrevernos a cambiar, corregir y modernizar, aunque ello implique asumir riesgos políticos y abandonar zonas de comodidad.

La discusión, por tanto, no es si el proyecto tiene una lógica económica, ya que en mi opinión la tiene, sino cuán realista es el escenario bajo el cual esa lógica se transforma en sostenibilidad fiscal efectiva. Asimismo, renunciar al crecimiento por prejuicio es tan irresponsable como ignorar los riesgos fiscales. El equilibrio, aunque exigente, es posible —y necesario.