Urgencia al proyecto que elimina las multas por infracciones al uso del TAG en autopistas concesionadas. Esa es la solicitud que realizó el diputado (FRVS), candidato presidencial y autor de la moción parlamentaria, Jaime Mulet, al gobierno.

La polémica iniciativa legal ha tenido dificultades para ser votada en la sala de la Cámara de Diputados y ha sido postergada en varias oportunidades.

Para Mulet, el proyecto representa “una demanda ciudadana muy sentida (…) hay una mayoría inmensa de chilenos y chilenas, especialmente de la Región Metropolitana, que quiere que se termine con este sistema abusivo”.

La moción parlamentaria ha sido cuestionada por empresarios y hasta por el propio Ejecutivo se manifestado en contra, entregando distintos argumentos.

¿De qué se trata el proyecto?

Básicamente el proyecto busca derogar el Artículo 114 de la Ley de Tránsito, es decir, eliminar las multas por circular sin TAG en las autopistas urbanas.

La iniciativa apunta a terminar con las sanciones por no usar este dispositivo, ya sea por el vencimiento o el deterioro del mismo. Hoy las sanciones llegan a una UTM, o sea, $68.000 aproximadamente.

Si bien en un principio se buscaba eliminar el dispositivo, con el debate legislativo y las enmiendas sobre este, hoy el proyecto solo apunta a las multas que se les aplica a los conductores.

La iniciativa tuvo un apoyo mayoritario en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y ahora espera su aprobación en la sala.

¿Quiénes y por qué están en contra del proyecto?

El proyecto ha generado polémica y ha sido criticado por las concesionarias, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) e incluso el propio gobierno.

“No va a haber inversionistas dispuestos a seguir construyendo en Chile esta infraestructura. Es gravísimo si es que se llega a aprobar este proyecto de ley, porque en la práctica significa fomentar la evasión”, señaló, por ejemplo, Alfredo Echavarría, presidente de la CChC.

A su vez, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) ha señalado que como consecuencia de la aprobación de un proyecto como este se tendrían que reponer las barreras de prepago en las carreteras interurbanas y ponerlas a la entrada de las urbanas. Han sido tajantes al sostener que esto acabaría la industria de las concesiones.

En tanto, el gobierno a través de una minuta que se hizo conocida apuntó a que no comparte la derogación de la sanción, por las consecuencias negativas que generará al sistema de pago electrónico de peajes y el aumento de la incobrabilidad.

Además sugirió que la propuesta podría llegar a ser “inconstitucional”, por “vulnerar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República”.

Y entre las consecuencias el Ejecutivo apuntó a que se imposibilitaría el sistema “free flow”, obligando a retornar a las casetas de peaje, complicando e imprecisando el cobro en rutas urbanas; que se generaría un déficit de recursos, el que terminaría siendo cubierto directamente por el fisco; que desincentivaría la inversión en nuevos proyectos de infraestructura vial; que sería injusto para los usuarios que sí pagan el peaje, permitiendo que personas de altos ingresos evadan el pago sin sanción; e impactaría negativamente la recaudación fiscal y municipal.

Además, lo acusan de “regresivo”, porque aquellos ciudadanos que no usen una vía concesionada, deberán pagar con sus impuestos a los usuarios que sí la usan.

“El proyecto no busca eliminar el TAG”

Sin embargo, quienes impulsan y respaldan la iniciativa sostienen que la información que se ha difundido por quienes rechazan el proyecto no es del todo cierta.

“El proyecto de ley no busca eliminar los TAG ni las concesiones como dicen (…) Lo que buscamos es eliminar las multas abusivas, no el dispositivo, no el hecho de pagar la cuenta, sino que las multas abusivas, no las concesiones”, señaló Mulet.

En la misma línea, el vocero de “No Más TAG”, André Alarcón, sostuvo que “este proyecto solamente busca eliminar las multas que ejercen las autopistas, al juzgado policial local, privándote de sacar tu permisión de circulación”.

Alarcón explicó que hoy las autopistas muchas veces realizan “demandas judiciales. En muchas ocasiones demandando a los usuarios y quitándoles sus vehículos”.

Ahora bien, el propio Alarcón puntualizó que efectivamente el proyecto en un principio buscaba eliminar la utilización del TAG, pero “se le aplicó una indicación en la Comisión de Obras Públicas en que solamente se modifica el inciso mencionado para la eliminación de las multas”.

Consultado, sobre si no considera que el proyecto es injusto con quienes si pagan el TAG, Alarcón señaló que “el sistema va a seguir operando de la misma manera que lo hace hasta el día de hoy”.