La Corte Suprema confirmó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Rancagua que acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, tras un incidente ocurrido al interior del Complejo Penitenciario de Rancagua.

En dicho episodio, defensoras públicas y sus representados -que se encuentran en prisión preventiva- habrían sido expuestos a un agente químico irritante, presuntamente gas pimienta, mientras llevaban a cabo entrevistas al interior del recinto.

El recurso fue alegado ante el máximo tribunal por el abogado Javier Ruiz, de la Unidad de Corte Suprema y Tribunal Constitucional de la Defensoría Penal Pública. La Segunda Sala del máximo tribunal fue la que confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones.

Ruiz destacó que se confirmó por “unanimidad” la resolución que acogió una acción constitucional de amparo, que fue deducida por defensores penales públicos de la Región de O´Higgins, denunciando una situación que ocurrió al interior del recinto penitenciario de Rancagua.

Los hechos: el uso de disuasivos químicos

“Mientras los defensores entrevistaban a los imputados privados de libertad se vieron expuestos al uso de disuasivos químicos que habrían sido utilizados de parte de Gendarmería en contra de imputados que estaban esperando a sus defensores”, explicó el abogado Javier Ruiz.

De hecho, indicaron que una de las afectadas, la defensora Martínez, madre de un lactante, debió contactar a un médico, quien le recomendó evitar el contacto físico con su hijo y desechar la primera leche extraída, por el posible riesgo de toxicidad.

En su fallo, la Corte de Apelaciones de Rancagua destacó que “la sola posibilidad de que ellos hayan ocurrido (la utilización del gas) autoriza a adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición”, sostuvo el tribunal, que también advirtió que los hechos afectaron “la libertad individual y seguridad personal de los amparados” y vulneraron “las garantías fundamentales de los imputados y de las defensoras penales públicas”, citando normas de la Constitución chilena, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Medidas para Gendarmería

Debido a los hechos, el tribunal ordenó a Gendarmería de Chile adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual y el trato digno de defensoras y defensores penales públicos.

• Implementación de capacitaciones por parte de la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería respecto del uso de disuasivos químicos y sobre el trato especial que debe otorgarse a quienes ejercen funciones como defensores de derechos humanos.
• Asegurar condiciones adecuadas para la realización de entrevistas entre imputados y sus defensas, respetando lo establecido por la normativa legal y los tratados internacionales.
• Informar a la Corte sobre las acciones concretas que se adopten para evitar nuevos hechos de esta naturaleza y reparar los derechos vulnerados.