El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se refirió este miércoles a las acusaciones sobre un eventual financiamiento ilegal de su campaña con dinero que habría provenido desde la Fundación ProCultura. Y lo primero que señaló fue que declaró voluntariamente ante la fiscalía en diciembre pasado, además de celebrar que se levantara el secreto bancario de sus cuentas.

“Si el fiscal me hubiera pedido que yo levantara el secreto bancario, lo hubiera hecho gustoso, voluntariamente. Yo me enteré la semana pasada. En todo caso, celebro que se haya hecho porque una de las cosas buenas cuando hay transparencia es que se demuestra lo que yo siempre he dicho, que yo soy una persona que vive de su sueldo, al igual que la mayoría de los chilenos, y eso lo pudo comprobar el fiscal al ver mis cuentas”, sostuvo.

Luego, Orrego negó que existiera financiamiento ilegal y volvió a asegurar que su campaña fue pagada con dos créditos públicos: “La plata que yo ocupé en mi campaña es la plata que yo utilicé de los créditos públicos. Y si alguien tiene una prueba contraria, tendrá que mostrarla. Pero no basta con ensuciar y tirar un titular falso y malintencionado y en mala fe para poder hacer justicia”.

“Esta semana se me imputó que mi cuenta del Servel tenía que ver con el escándalo de ProCultura (...) eso es falso y malicioso por dos razones: primero, todo los que estamos aquí somos candidatos, todos sabemos que la cuenta del Servel es algo que te autoriza a ti, es una cuenta única y tiene solamente un objetivo, que es recibir plata para tu campaña y sacar plata para tu campaña que después va a tener que ser validada por el Servel”, explicó el gobernador.

“Llevo 35 años de servicio público. Nunca, nunca, en mis 35 años me habían imputado algo tan grave y no lo quiero dejar pasar y no lo voy a dejar pasar”, agregó.

Decisión del Ministerio Público

Dentro de las implicancias del caso, el Ministerio Público ha ido detallando, mediante solicitudes o reposiciones ante tribunales, los argumentos que justifican las medidas intrusivas que tomó. Así, la solicitud de alzamiento del secreto bancario del gobernador Orrego se presentó hacia fines de febrero ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y en ella se explicita por qué se pesquisa el millonario convenio suscrito entre el organismo liderado por el otrora alcalde de Peñalolén y el psiquiatra y fundador de ProCultura Alberto Larraín.

Por medio de dicha acción, el fiscal Ricardo Soto detalló que en lo que respecta a la Región Metropolitana, “se investiga la formulación, aprobación y ejecución del convenio ‘Transferencia Prevención del Suicidio Mediante el Fomento de la Salud Mental’, mejor conocido como el proyecto ‘Quédate’, autorizado el 26 de septiembre de 2022 por un monto de $1.683.788.000, cuya contratación no fue mediante propuesta pública, sino que a través de asignación directa”.

Pero más allá de las irregularidades administrativas que evidenció Contraloría, el persecutor releva otros antecedentes obtenidos durante la indagación y que podrían dar cuenta de que se favoreció de manera irregular a dicha entidad.

Señala como relevante el hecho de que “tan solo tres meses antes de la suscripción de este convenio, el Consejo Regional aprobó el nombramiento de Alberto Larraín Salas, cofundador de la fundación y director ejecutivo de la misma, como uno de los directores de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gore, cargo que fue propuesto por el gobernador regional, Claudio Orrego Larraín”.