El penalista Ramón Sepúlveda es el abogado que presentó la querella en que pide que se investigue la eventual responsabilidad del Presidente Sebastián Piñera, del exministro de salud Jaime Mañalich, además de los subsecretarios de la cartera Paula Daza y Arturo Zúñiga, por las muertes que se han producido en la comuna de Recoleta a propósito de la pandemia por Covid-19.

La acción legal por los presuntos ilícitos de cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio y abandono de destino, fue presentada el pasado viernes en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en representación del alcalde Daniel Jadue (PC). Este lunes fue acogida a trámite por el tribunal y se enviaron los antecedentes al Ministerio Público, entidad que tendrá que investigar los hechos a los que apunta el edil. Se designó al persecutor regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, para que indagara la causa.

-El actual ministro de Salud, Enrique Paris, señaló ayer que la “acción judicial no tiene ningún fundamento”. ¿Cómo evalúa esta afirmación?

Nosotros creemos que esta querella tiene todo el sustento legal posible. Los querellados realizaron acciones negligentes y graves que provocaron una propagación del coronavirus en nuestro país, que habría sido distinta en caso que se hubieran tomado decisiones en otro sentido. El gobierno a través de los querellados, prefirió no entregar información y dejar en abandono a las personas, lo que creemos que configura un cuasidelito de homicidio y el delito de denegación de auxilio y abandono. La decisión (de Daniel Jadue) es hacer justicia respecto de los vecinos de Recoleta que es donde hoy ejerce como autoridad comunal. Pensar que no es el momento, es una mirada injusta con las familias de las víctimas, tomando en cuenta además que estos procesos son muy largos en el ámbito penal y luego en la arista civil en caso de buscar indemnizaciones para las familias.

-¿Cuál es el objetivo de esta acción legal?

Esta querella busca que se investiguen los hechos denunciados, que los querellados justifiquen sus decisiones. Van a tener que explicar por qué han actuado de manera nociva con los ciudadanos. Además, por medio de la fiscalía, el Ministerio de Salud estará obligado a entregar la información que se ha negado a la red primaria de salud pública a cargo de las autoridades comunales. Esperamos que las diligencias permitan esclarecer lo ocurrido. Esta acción penal es por las familias de las personas que murieron esperando atención, por los efectos de estas malas decisiones durante la pandemia.

-¿Cuál estima que es la señal al haber sido declarada admisible la querella?

Es un precedente muy importante porque cualquier persona que viva en la provincia, donde reside una persona fallecida por coronavirus, se podrá querellar por su muerte. Según hemos constatado, otras personas están preparando (acciones legales) en lugares distintos a Recoleta.

-¿Cuáles son las principales diligencias solicitadas como querellantes?

Que el Ministerio de Salud entregue la información que ha negado sistemáticamente a las autoridades locales y que los imputados presten declaración, ya que todos esperamos saber cuáles son las justificaciones para sostener la estrategia que han mantenido en esta emergencia y las justificaciones técnicas para ello.