“No hay ninguna duda que son un peligro para la seguridad de la sociedad, hay un peligro de fuga, por supuesto, por la pena que arriesgan (...) y necesidad de cautela, sin ninguna duda”. Bajo esos argumentos, la tarde del 9 de julio la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Irene Gladys Rodríguez Chávez (60), decretó la prisión preventiva de los tres imputados por el crimen de José Reyes, el denominado ‘rey de Meiggs’.

Tras una extensa audiencia, la magistrada había escuchado los hechos investigados por la Fiscalía ECOH, la que pudo determinar que Reyes murió a manos de tres sicarios, quienes fueron contratados por un cercano de la víctima para encargarse de su crimen.

“Con estas personas libres tenemos que persignarnos”, concluyó la resolución de la jueza Rodríguez, cuyo nombre ha resonado desde la noche de este lunes cuando se conoció que el 10 de julio, un día después de su formalización, Gendarmería dejó libre a uno de los tres imputados: Osmar Alexander Ferrer Ramírez, un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular.

27 años en el Poder Judicial

La jueza Rodríguez es oriunda de la Región de Valparaíso. En esa zona costera, la ahora magistrada protagonista del escándalo inició sus estudios en la Universidad de Valparaíso, de la que se tituló en agosto de 1990.

Si bien no se conocen mayores detalles sobre su vida laboral desde entonces, sí existe claridad de que la magistrada ingresó al Poder Judicial en 1997. Ese año, la joven abogada ocupó el cargo de oficial cuarto de la Corte de Apelaciones de Santiago. Eso hasta el 2001, cuando la profesional arribó a otra instancia judicial como jueza de familia del Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, donde permaneció hasta el 2016.

Ese año Rodríguez participó en la terna de los tres candidatos para reemplazar a la jueza Ema Tapia, del Octavo Juzgado de Santiago. En ese proceso la magistrada fue electa, cargo que fue visado por el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, quien el 2 de noviembre de 2016 firmó el decreto en el que nombró a Rodríguez por “razones de buen servicio”, decretando que debía asumir sus funciones de manera inmediata.

Rodríguez es una jueza de carrera, pues en su historial profesional ya suma 27 años integrando el Poder Judicial. La magistrada reporta en su declaración de patrimonio que es madre de tres hijos, está divorciada y que tiene dos hermanos. Sobre su patrimonio, la jueza es propietaria de cuatro inmuebles y dos vehículos.

La primera jueza del Pacogate

El 13 de marzo de 2017, el Ministerio Público y Carabineros lograron la detención de los 17 implicados en el megafraude de la policía uniformada, más conocido como Pacogate. Tras llevarse a cabo las detenciones en diferentes regiones del país, todos los imputados fueron formalizados en el Octavo Juzgado de Santiago.

Esa audiencia fue dirigida por la jueza Rodríguez, quien tras casi 11 horas de formalización decretó la libertad de todos los imputados, argumentando una serie de irregularidades en el proceso, como lo fue la falta de competencia territorial -al ser detenidos en diferentes ciudades-, falta de notificación de cargos a los detenidos y retraso en la audiencia.

La resolución de Rodríguez generó polémica y recriminaciones de parte del Ejecutivo hacia la Fiscalía, la que respondió a los emplazamientos del gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Esos cuestionamientos aumentaron cuando, un día después, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó medidas cautelares en contra de algunos imputados.

¿Una cadena de errores?

En lo que va del año, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago -tribunal integrado por ocho magistrados- ha realizado 12.900 audiencias. De estas, 1.532 han estado dirigidas por la jueza Rodríguez.

Sin embargo, la audiencia del 9 de julio ha generado un grave problema para el Poder Judicial y para Gendarmería. Si bien los gendarmes acusaron que sus procedimientos se ajustaron a la resolución judicial, desde la magistratura se blindo explicando que la última resolución del tribunal confirmaba la medida de prisión preventiva.

“Tras la primera revisión, se estableció que el 8° Juzgado de Garantía emitió el 9 de julio una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas. A las 20:25 de ese mismo día se dejó sin efecto esa instrucción corrigiendo problemas con la identificación del imputado y que a las 20:28 horas, el juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos", afirmó el Poder Judicial a través de un comunicado.

Este martes, y tras conocido el caso, la magistrada se defendió y afirmó en conversación telefónica con 24 Horas que “yo decidí que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas, la audiencia está muy clara en lo que hice, y eso es lo que vale”.

“Yo decreté las tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería. Lo demás hay que ver qué es lo que pasó, ya que es objeto de investigación. Pero las tres órdenes de ingreso a Santiago 1 después de la audiencia que hice fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería. Y se dejó constancia en la historia de la causa que la gendarme recibió las tres órdenes de ingreso correspondientes y se las llevó esa noche”, concluyó.