Cerca de 250 funcionarios de Carabineros se encuentran desplegados en el sector de Calicheros, en la comuna de Quilpué en la Región de Valparaíso, para concretar el desalojo y demolición de la toma que se encuentra en el terreno perteneciente a la familia Correa.

El despeje del sector se da tras años de litigios judiciales, los que se acrecentaron luego que en 2020 el dueño del terreno, el empresario Alejandro Correa, fuera asesinado por encargo de un individuo que previamente había sido denunciado por la ocupación ilegal del espacio.

La jornada de ayer lunes, los ocupantes dejaron paulatinamente el lugar, eso sí, algunos se resistieron a dejar el terreno. Pese a ello, este martes equipos regionales y policiales se encuentran en pleno trabajo de demolición de las residencias allí instaladas.

En ese marco, la representante legal de la familia Correa, la abogada Jeanette Bruna, en diálogo con Radio ADN, valoró que se esté efectuando el desalojo y aseguró que sus representados están agradecidos.

“Después de cinco años del asesinato de don Alejandro y a cuatro años de dictada la orden de demolición parece un poco irreal que se esté ya ejecutando”, señaló.

Respecto a los desafíos que quedan explicó que según la legislación, se establecen “dos días para hacer la demolición y cinco días para hacer el el retiro de escombros y, por lo tanto, los primeros dos días va a estar custodiado por Carabineros (…) y los otros cinco días con personal de la región".

En esa línea, dijo estar "mandatada para la venta del terreno, porque en definitiva, la familia estima que una vez demolido y después vendido el terreno, es la forma en que se va a cerrar este ‘libro’ de la tragedia que han vivido durante todos estos años con la revictimización y por supuesto que con la pérdida de su padre".

Con ello, reafirmó que el terreno se pondrá la venta, “pero siempre enfocados en proyectos que sean una contribución a la comuna de Quilpué”.

Respecto a la situación de las tomas en el país, la profesional hizo un llamado al Estado, para “que los gobiernos empiecen a ejercer sus labores legales, porque no falta ley, lo que falta es voluntad política y conocimiento”.

“Es una cuestión de voluntad política y de gestión. Espero y la familia Correa espera que esto sienta un precedente para que el Estado empiece a trabajar sobre todo desde la prevención y solución temprana de tomas”, aseveró.