Tras la liberación de uno de los sicarios que asesinó a José Reyes, el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió este jueves y tomó conocimiento del informe elaborado por la comisión de ministros del tribunal –nombrada el 15 de julio pasado- en conjunto con los jueces presidentes y administradores de los juzgados de garantía de la jurisdicción, a propósito del caso ocurrido en la audiencia de control de detención de los tres primeros imputados en el 8° Juzgado de Garantía capitalino.

El informe, según informó el Poder Judicial, propone un nuevo diseño de responsabilidades y pasos a seguir por quienes intervienen en la elaboración y cumplimiento de las resoluciones judiciales que se adoptan en las referidas audiencias.

Entre los puntos que se mencionan, están las medidas y pasos necesarios para la corrección de las resoluciones y la forma de su comunicación a Gendarmería.

La comisión – integrada por los ministros (s) Fernando Valderrama, Luis Avilés y Sergio Córdova- consideró en su propuesta el actual contexto del fenómeno delictual, que requiere de una mejora y perfeccionamiento de las herramientas institucionales para abordar los desafíos que el sistema en su totalidad enfrenta, señala una nota del sitio del Poder Judicial.

En base a ese análisis, la comisión sugirió líneas de trabajo para ser implementadas a corto y largo plazo.

Las medidas a corto plazo abordan la urgencia en la actualización de la capacitación de los funcionarios encargados de la tramitación de las resoluciones judiciales y su comunicación a las entidades correspondientes.

Asimismo, se plantea la necesidad de requerir a los intervinientes información fidedigna sobre la identidad de los imputados, destacando la urgencia de que las instituciones que intervienen en el procedimiento destinado a su identificación y privación de libertad cuenten con personal de turno que se desempeñe en forma coetánea a las audiencias de control de detención, haciendo posible un flujo de información de calidad y oportuno, indispensable para el cumplimiento efectivo de las resoluciones que adoptan los citados tribunales.

Las iniciativas que requieren una implementación a largo plazo, indican, serán evaluadas por una comisión de ministros a cargo del sistema procesal penal y sus conclusiones presentadas al Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.