La Universidad Central cumple los requisitos para entrar a la gratuidad, que beneficiaría a la mitad de sus 12 mil estudiantes. Sin embargo, el rector del plantel y militante del Partido Radical, Santiago González, explica que no se sumaron al proceso pues traería un duro impacto económico. Además, la autoridad académica anuncia que evalúan acudir a la justicia para exigir su ingreso al Consejo de Rectores (Cruch), tal como lo hicieron cuando pidieron incorporarse al Sistema Único de Admisión, donde triunfaron en la Corte Suprema.

¿Por qué no entraron al sistema de gratuidad?

La universidad es partidaria de la gratuidad. Sin embargo, creemos que esta política ha sido mal aplicada, porque complica financieramente a las universidades y también los estudios de nuestros jóvenes, al reducir los ingresos. Calculamos que el 50% de los estudiantes podría entrar a la gratuidad, pero tenemos que pensar en el 100%. Y con los aranceles y restricciones que se imponen, consideramos que ingresar era poner en riesgo nuestra calidad.

¿Por qué otras universidades sí pueden ser parte del proceso?

Hay una razón de fondo: las universidades privadas no recibimos los fondos que tienen las estatales y privadas del Cruch. Y esos fondos son los que les permiten a estas paliar los déficits de la gratuidad. Las casas de estudio del Cruch reciben $232 mil millones de aportes fiscales; nosotros no recibimos nada.

Sin embargo, hay privadas, como la Autónoma y la Finis Terrae, que tienen gratuidad y no son parte del Cruch.

Habría que preguntarles cuál es la situación en que se encuentran. Yo he escuchado a varios rectores de universidades en gratuidad manifestarse sobre cómo este beneficio los estaría llevando a una situación financiera compleja.

¿Cuál es el déficit que tendrían con la gratuidad?

Estimamos que sería de entre $4 mil y $5 mil millones por aranceles, sin considerar que cuando el estudiante se atrasa un año, la gratuidad cubre el 50% del arancel, y si se atrasa otro año, el Estado quita la gratuidad y la universidad se tiene que hacer cargo junto al estudiante del arancel.

¿Qué les dirán a sus estudiantes?

Ellos deben entender que el proyecto universitario, la formación que ellos reciban y la validez que tenga su título universitario, debe ser muy importante para ellos. La universidad, antes de entrar a la gratuidad, tiene que garantizar que estas condiciones se van a mantener. No queremos estar como otras universidades, que declaran que tendrán que bajar sustancialmente su calidad para mantener este beneficio.

Debido a este escenario, ustedes tendrán becas...

Queremos ayudar a nuestros estudiantes, por lo que decidimos entregar un apoyo excepcional de un plan de becas que es de $3 mil millones y que está orientado a aliviar el copago de las personas que están en condiciones de entrar a gratuidad y a los que no. Es decir, nuestro plan abarcará al 100 por ciento de la matrícula en 2019.

El Cruch sumó a los planteles como la Diego Portales y Alberto Hurtado. ¿Les gustaría ser parte?

El Cruch ya no cumple con los objetivos para los cuales fue creado, porque no podemos tener un organismo público que considere solo al 50 por ciento de las instituciones de educación superior. A estas alturas, eso es un contrasentido. Además, en la Ley de Educación Superior hay requisitos para incorporar a universidades privadas al Cruch, pero que no los cumplen ni siquiera las universidades del Cruch, y eso es un segundo contrasentido.

¿Lo dice por la acreditación?

Por la acreditación y porque algunas no tienen un doctorado. A las privadas nos ponen condiciones para entrar que no cumplen ni siquiera las que están dentro.

¿No quieren entrar a esa instancia?

Con la nueva ley, la U. Central no cumple los requisitos (años de acreditación y doctorados), pero creemos que esas exigencias son discriminatorias y arbitrarias, por lo que podríamos usar algún otro mecanismo que haga que la ley sea igual para todos, así como lo hicimos cuando entramos al Sistema Único de Admisión (SUA).

¿Piensan acudir a la justicia?

Ese podría ser un camino, porque esto es evidentemente discriminatorio. Más aún si hay recursos estatales involucrados en el Cruch.

¿Y cuándo lo decidirán?

Lo estamos evaluando, así como lo hicimos cuando recurrimos a la justicia por el SUA y la Corte Suprema nos dio la razón de que se nos estaba discriminando arbitrariamente, y obligó a incorporar a la U. Central. En el caso del Cruch la situación es similar, existe un contrasentido.